SEÑOR DIRECTOR:
Las últimas semanas hemos sido testigos de hechos de violencia en la Macrozona sur. Algunos de esos han afectado a fiscales del Ministerio Público.
Amenazas explícitas a un fiscal que investiga casos de violencia rural en La Araucanía; la quema de una vivienda en las cercanías de Cañete de un colega que se desempeña en Los Ángeles y la emboscada de otro en Carahue, luego de concurrir a un sitio del suceso y realizar su trabajo. Es cierto que la zona hace décadas registra episodios de violencia. Como es cierto que hasta ahora ningún gobierno ha podido enfrentar eficazmente ni las causas que originan estos hechos ni sus efectos.
El Estado de Chile está en deuda con esa zona y su gente. Los fiscales hacen su trabajo en medio de la incerteza, con escasos recursos, pero con un compromiso inclaudicable con la justicia y el imperio del estado de derecho. Requieren medios para cumplir sus fines, pero hoy, por s obre todo, medidas concretas que garanticen su seguridad personal como la de sus familias. Con ello se garantiza, además, el que pueden cumplir adecuadamente su rol legal y constitucional Chile vive hoy momentos cruciales; de cambios profundos.
Hay demandas legítimas de mayor justicia e igualdad. Los fiscales no estamos ajenos a lo que ocurre en nuestra sociedad. Nuestro compromiso es y será siempre con la democracia, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la paz social. Hacemos un llamado a las autoridades políticas a hacerse cargo, preocuparse y ocuparse de lo que ocurre en la Macrozona y exigimos que se garantice a los y las fiscales que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad. Es una buena manera de hacer efectiva la vigencia del estado de derecho y avanzar hacia la paz social.
