Fuente: El Llanquihue

En un 10% aumentaron las causas judiciales durante la pandemia en la Región de Los Lagos. Y es que todos los días, un promedio de 15 personas pasan detenidas por infracción al artículo 318, es decir, por no respetar la cuarentena o las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria.

Este punto sólo es la muestra de la carga laboral a la que están expuestos los fiscales de la región, dinámica que se repite a nivel nacional y que, pese a las soluciones planteadas por la Asociación Nacional de Fiscales a la Fiscalía Nacional, hasta el momento, no hay señales de algún cambio.

Según el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (Ceja) en Chile, hay 4,2 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo que está muy por debajo de la mayoría de las naciones de Sudamérica y Centroamérica. En el caso de la región, Los Lagos está por debajo de la media nacional, con un promedio de 4,0 fiscales por cada 100 mil habitantes.

CARENCIA

Para el consejero de la Región de Los Lagos y director de la Asociación Nacional de Fiscales, Marco Muñoz, «la falta de fiscales agudiza la situación que vivimos. Chile, en estos momentos, es un país con una cantidad mínima de fiscales por habitante».

Para Muñoz, lo que en estos momentos preocupa está relacionado con la calidad del servicio que se pueda entregar a los ciudadanos. «Hemos presentado muchas veces la carencia de dotación, porque se debe entregar una buena atención a las víctimas», reveló.

De acuerdo a Muñoz, producto de esta carencia los fiscales no pueden tomar descansos por los turnos trabajados, «porque no hay más dotación. Por ejemplo, en Puerto Varas son tres fiscales y tienen que hacer turnos de lunes a lunes».

– ¿Qué tipo de problemas podría acarrear la falta de descanso?

– El problema que se produce es que al no tener el descanso necesario luego de los turnos, al día siguiente tienen que seguir funcionando y luego de varios años de trabajar en esas condiciones, la persona se va desgastando y está cansada, lo que afecta su salud física y psíquica y su relación familiar, entre otros aspectos. Cuando se genera este cansancio y (el fiscal) tiene que tomar decisiones delicadas y se está más expuesto a cometer errores, lo que también tiene incidencia en la calidad de atención a las víctimas. En el plano personal y familiar, a nivel país son varios los fiscales que ya están separados o divorciados. Hay fiscales que vienen trabajando a este ritmo desde el inicio de la Reforma Procesal Penal. Además, en 2019 ocurrió un estallido social que exigió mucho al sistema penal y luego sobrevino la pandemia que hizo aterrizar el teletrabajo con las complicaciones propias de compatibilizar la labor del hogar y las funciones del trabajo.

En materia laboral, el Estado tiene que proporcionar a los trabajadores todos los medios, pero nosotros hemos tenido que invertir recursos personales como el computador, impresoras, wiffi y hasta en algunas ocasiones tener que comprar el papel.

– ¿Y qué pasa con las causas, registran un aumento?

– Las causas se han incrementado, sobre todo por infracciones relacionadas con el artículo 318 (poner en riesgo la salud de la población). Todos los días hay entre 10 a 15 personas que pasan a control de detención por esta infracción y en algunas oportunidades entre 20 y 30, lo que exige más a un sistema que ya venía sobre exigido, situación que hemos expuesto al fiscal nacional (Jorge Abbott), pero no se han tomado decisiones respecto de esta realidad que hacemos ver.

Hemos entregado cifras para explicar que algunos fiscales especializados están colapsados. A un fiscal a cargo de delitos sexuales no debiese asignársele más de 200 causas al año, mientras que uno de violencia intrafamiliar no debiese tener más de 300. Respecto de los delitos violentos, hay también una carga importante, en los que el fiscal, muchas veces, tiene que hacer de psicólogo. Y tramitar este tipo de casos, con los años, va generando un impacto emocional importante en las personas y no hay ninguna medida institucional preventiva que contenga esta carga psicológica para que el fiscal siga haciendo su trabajo de manera adecuada.

– ¿Aumentaron las causas en pandemia?

– En la región hubo 50 mil 296 casos que ingresaron en el año 2019, cifra superior al 9% respecto del año 2018. El año 2020, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, ya se registraban 55 mil casos; es decir, en los primeros nueve meses de 2020 se había superado en un 10% el ingreso de causas. Y es que en la región existe un fiscal para 24 mil 945 habitantes, ya que somos 33 fiscales, lo que quiere decir que hay 4 fiscales para cada 100 mil habitantes. Según la cifra país, estamos por debajo del promedio a nivel nacional (4,2)».

– Qué pasa con los proyectos para superar la carga laboral de los fiscales. ¿Está en trámite?

– Vemos con sana envidia cómo se potencian, con cierta frecuencia, los otros organismos del sistema, como las policías y los jueces; pero no pasa nada con el Ministerio Público. Hay un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que tiene por objeto hacer frente a esta sobrecarga del sistema de justicia penal, con ocasión de la pandemia, producto de muchas audiencias y juicios suspendidos. A la Asociación Nacional de Fiscales le correspondió participar e hicimos varias propuestas de modificaciones legales que buscaban descongestionar el sistema penal; pero cuando uno ve el proyecto no hay ninguna consideración de lo que nosotros planteamos. No obstante, que a nivel nacional el 54% de las causas no se judicializan y el otro 46% queda en la Fiscalía y no llegan a la etapa de judicialización cuando absorbemos casi 100%. Ahora, estudios del sistema judicial penal realizados en 2004 indicaron que un fiscal debería trabajar con un abogado y un gestor administrativo. Por ejemplo, en el Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) hay un gestor que trabaja con dos fiscales y no tenemos abogados que trabajen con nosotros, situación que se agudiza en algunas fiscalías locales, donde el volumen de ingreso es mayor. En algunas materias de suma complejidad, como son los delitos sexuales, no hay fiscales suficientes.

– Ustedes cuando están de turno en las noches pasan contestando llamadas, ¿Han buscado una solución a esta sobrecarga?

– El cansancio por falta de descanso después de los turnos puede llevar a cometer posibles errores. El descanso en materia laboral es un derecho humano que tienen todos los trabajadores públicos y privados y si ello no ocurre se afecta la salud física y psíquica del trabajador. Los fiscales de turno telefónico reciben, en promedio, entre 20 a 30 llamadas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana; es decir, cada 14 minutos se está recibiendo una llamada, por lo que no duermen. No hay descanso. Me parece obvio que esa persona al día siguiente no pueda seguir trabajando, pero muchas veces debe seguir, ya que tienen que comparecer a audiencias y juicios orales, entre otras actividades.

La razón por la que los fiscales no pueden tomar su descanso compensatorio legal es porque no hay los suficientes que permitan asegurar la continuidad del servicio. Cuando hay compensaciones, éstas no son legales, sino que están supeditadas a la mera voluntad de la jefatura. Pero si se trabaja 24 horas seguidas lo lógico es que se debería descasar al día siguiente, de otro modo se afecta esencialmente la toma de decisiones, con riesgo de error, situación que nos preocupa, ya que hay que considerar que al otro lado siempre hay una víctima, sin perjuicio que con los años, bajo esta rutina, la salud física y mental se deteriora.

– ¿Qué balance tiene respecto del funcionamiento de los fiscales durante 2020?

– Ha sido un año complejo como también lo ha sido para todos los ciudadanos y servicios públicos y privados del país. El año 2020 fue de aprender a trabajar bajo una modalidad para la que nadie estaba preparado, a lo que se suma un incremento sostenido de causas, agudizando problemas de funcionamiento en una institución que ya viene con carencias de dotación crónica. Los fiscales y funcionarios han debido enfrentar, con mucho sacrifico personal, este complejo año, para poder hacerse cargo de esta mayor exigencia.

– ¿Qué se ha realizado para lograr un equilibrio en la carga laboral de los fiscales, especialmente en un año de pandemia?

– Nosotros vemos que, institucionalmente, no se ha realizado lo necesario para lograr un equilibrio de la carga laboral y esto le hemos expuesto al señor fiscal nacional, en cuanto a la necesidad tener una mayor dotación y apoyo a la labor investigativa y de persecución penal, con abogados y administrativos por cada fiscal, sobre todo en delitos complejos como son los sexuales, violencia intrafamiliar y violentos. No obstante, no se han tomado las decisiones en esta la materia.

Es así como el promedio de ingreso de causas durante 2019 fue de mil 880 por fiscal a nivel nacional y en la región, con 33 fiscales, en 2019, hubo un promedio de mil 971 causas por fiscal. Es decir, cada fiscal tiene en promedio unos 30 minutos para atender cada caso en la región. El llamado que, como gremio, hacemos a la autoridad política es que se invierta en un sistema de justicia penal, robusteciendo el Ministerio Público para que desarrolle adecuadamente su rol, acorde a los tiempos y necesidades de los ciudadanos, ya que cuando el Estado invierte en justicia lo que hace es reconocer la necesidad de dar un trato digno a las personas. De otro modo, prolifera la desigualdad y corrupción. No puede esperarse un sistema penal eficaz y eficiente si no hay inversión.

– ¿Han recibido amenazas los fiscales?

– Es un tema muy delicado y no porque los afectados sean fiscales, sino porque ellos ejercen una función que es investigar y perseguir los delitos. Lo que se busca, con esas amenazas, es coaccionar a la persona que está detrás de ese fiscal para que no ejerza su función; es decir, no investigue ni persiga a los imputados, generando impunidad, lo que atenta contra el Estado de Derecho. Si bien en la región no es habitual que los fiscales reciban amenazas, los casos que han existido son muy graves y delicados. A nivel país, el caso más reciente conocido es el de las amenazas hacia la fiscal Ximena Chong, de Santiago.

El fiscal Muñoz comentó que la Asociación de Fiscales «tiene una muy buena comunicación con la fiscal regional (Carmen Gloria Wittwer), con quien hay un diálogo franco, pero vemos que la no implementación del descanso por los turnos, que afecta a los fiscales del país, en general, y a los de la región, en particular; es una situación que excede a las atribuciones de la fiscal regional. Por ello hemos expuesto esta necesidad al fiscal nacional, para que se reconozca y otorgue a los fiscales el descanso compensatorio, derecho que tiene todo ciudadano en el país, ya sea trabajador privado o funcionario público.