Publicado en Radio Bío Bío 

Titulado como abogado en la Universidad de Chile, Francisco Bravo asumió el viernes pasado como el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, tal como lo hizo en 2007, cuando nació la gremial. Lleva 16 años en el Ministerio Público y antes de entrar a la reforma fue un reconocido abogado en causas de violaciones de Derechos Humanos cometidos en dictadura. En entrevista con la Unidad de Investigación de radio Bío Bío, Bravo cuenta cuáles serán los alcances de su administración; aclara si los fiscales tienen o no sobrecarga de trabajo, la politización en los nombramientos, las redes del narco y el rol de sus colegas para investigar los casos de violencia en La Araucanía. “(…) han hecho lo que han podido con los escasos recursos que tienen”, dispara.

El viernes de la semana pasada asumió la nueva directiva de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. A la cabeza quedó el perseguidor Centro Norte, Francisco Bravo.

De probados 16 años de trayectoria en el organismo y larga experiencia en casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, no es la primera vez que lidera la gremial. De hecho, fue quien la dirigió cuando nació, en 2007.

Titulado como abogado en la Universidad de Chile, Bravo llega al cargo con énfasis en mantener buenas relaciones con la Fiscalía Nacional, marcando una diferencia de entrada con la administración anterior de Claudio Uribe.

De hecho el titular Jorge Abbott lo llamó el sábado 1 de mayo para felicitarlo por el triunfo y pocos esconden que bajo su mandato las cosas avanzarán mejor que antes.

En entrevista con la Unidad de Investigación de radio Bío Bío, Bravo cuenta cuáles serán los alcances de su administración; aclara si los fiscales tienen o no sobrecarga de trabajo, la politización en los nombramientos, las redes del narco y el rol de sus colegas en La Araucanía.

¿Está aislado hoy el Ministerio Público?

Yo diría que está en una situación compleja desde el punto de vista de su imagen y de alguna manera no hemos sido capaces de establecer más puentes, más diálogo y acuerdos y la coordinación interinstitucional que siempre es un valor. Y hoy hay que retomar esas coordinaciones y obviamente también con las policías, el Poder Judicial, entre otros, para abordar, por ejemplo, la congestión de causas que se ha producido con la pandemia en materia penal. Porque hay un atraso de cerca de dos años para ponerse al día. Por eso como institución debemos tratarlo como un tema de Estado.

¿Y cómo se hace aquello?

La fiscalía creo que debe tomar un rol mucho más activo y participar en esa articulación de acuerdos, diálogos, mesas de trabajo para que el servicio de justicia, que es lo que interesa, le llegue a la gente de manera oportuna y sea un servicio de calidad.

¿Cuáles serán los alcances de la administración que liderará en la Asociación Nacional de Fiscales?

Yo quiero enfatizar la generación de acuerdos y diálogo, aunar voluntades del gremio y la institución, no estamos en un momento para agudizar las diferencias, las distancias que se han ido generando en el último tiempo. Nosotros no estamos para darnos gustos personales. Y claro también es importante que existan más recursos, es decir más fiscales, más abogados, más equipos de trabajo, más capacitación, pero lo anterior siempre en función de hacer un mejor servicio de justicia, una mejor calidad de servicio. Y en eso nosotros no podemos negarnos a conversar con las autoridades que sean.

¿Y también con el fiscal nacional? se lo pregunto porque la asociación nacional de fiscales ha tenido algunos enfrentamientos directos con Jorge Abbott.

Por supuesto. Aquí no hay que personalizar. Se debe hablar con el fiscal nacional actual o con el que venga. Con ello hay que sentarse a conversar, generar puntos de acuerdo y avanzar también en los temas de la institución, pero también lo que tienen que ver con los que preocupan al gremio.

¿Cuáles son esos?

El sistema de responsabilidad administrativa de los fiscales, que creo es muy deficitario y no está al día en el estándar del debido proceso. Las compensaciones y descansos de los colegas de regiones que hacen turno de 24 horas cada tres, cuatro o cinco días y no descansan al día siguiente o bien carecen de un mecanismo de compensación. Eso, obviamente hay que resolverlo a través del diálogo, buscar los mecanismos reglamentarios que correspondan y existiendo la voluntad eso se puede resolver.

Públicamente la figura del juez es más reconocida que la de un fiscal como autoridad del Estado. A su juicio, ¿por qué se produce esa percepción?

Yo creo que hay varias razones. Tiene que ver qué sistema acusatorio en Chile tienen carácter muy adversarial. Hace que el fiscal sea una especie de “parte” del proceso penal, lo que se contradice con el principio de objetividad, por lo menos durante la etapa de investigación en que el fiscal es una autoridad tiene a su cargo la investigación penal y ajustarla al principio de legalidad. Y en el juicio la fiscalía pasa a ser una parte más en contrapeso con la defensa y el que resuelve el conflicto es la autoridad jurisdiccional toma la decisión. Entonces sobre sobre ellos está el juez y por eso aparece esta autoridad que por “sobre” los intervinientes.

¿Y más allá de lo gráfico y simbólico?

Yo creo que falta también explicar cuál es nuestro rol. Muchas veces se confunden los de la fiscalía con el juez, en fin. Pero eso también tiene que ver más con una política comunicacional más dinámica que vaya explicando cuál es nuestro rol a la gente en general. Como si fuera parte de la educación cívica tan necesaria para el contexto histórico que estamos viviendo.

Pero coincidirá conmigo en que las expresiones que rondan a la figura del Ministerio Público son siempre de crítica. Aluden a la baja capacidad investigativa, malas cifras…

Primero que todo tenemos que mejorar y en todos los ámbitos. Tenemos que avanzar en la modernización o más bien en la adaptación del Ministerio Público a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Además hay que tener en cuenta que la digitalización llegó para quedarse. Tenemos a muchas fiscalías trabajando con papel y con carpeta física. Y hay que avanzar, pero se necesitan recursos. Y también necesitamos capacitación y ahí se abre un nuevo punto. Tenemos que tener un sistema más moderno y dinámico. No tenemos uno de carácter anual que nos exija tener 80 horas de capacitación. Eso hay que resolverlo, pero ese colega que se capacita debiera estar solo concentrado en ello. Y otro punto es que debemos explicar por qué se toman las decisiones que se adoptan.

Usted habla de que hay que mejorar en todos los ámbitos ¿Eso significa que usted llega a dirigir esta asociación gremial con una mochila repleta de problemas sin resolver?

Yo creo que se ha avanzado en algunos aspectos, pero creo que en otros tenemos una brecha muy grande para seguir avanzando. Pero hay otras áreas donde la expresión que existe es la de “burocratización”. Y esto se escucha en el servicio de usuarios por ejemplo. En el sistema antiguo, que era muy malo desde el punto de vista de los estándares, uno le pedía una audiencia a un juez, este lo atendía rápidamente. Creemos que aquí se ha ido produciendo, inconscientemente, una burocratización en el rol del fiscal.

¿Cómo así?

El 50% de las cosas que hace el fiscal hoy día, se dedica a cuestiones de carácter administrativo y el otro 50 se dedica a investigar y litigar. Y esa mitad que no dice relación con su giro, perfectamente podría solucionarse con los equipos administrativos. Está también la queja de los colegas de que falta apoyo administrativos. Hay fiscales que están trabajando muy solos. Y yo tengo la mejor disposición a colaborar en esto, porque eso no solo va en beneficio de la institución y el gremio, sino de entregarles a las personas una mejor calidad de justicia.

El ideal

Hoy en día la fiscalía cuenta con una cifra cercana a los 800 fiscales. ¿Cuánto es el ideal para que funcione mejor que ahora?

Cuando partió la reforma, se hizo una estimación por parte de la Universidad Católica de Valparaíso. En esa oportunidad se habló que un fiscal, en promedio no más de mil causas. Ahora bien, si anualmente, en cifras gruesas tienes un ingreso que supera el millón y medio de causas anuales, deberíamos tener 1.500 fiscales. Pero sinceremos las cosas. Todos sabemos que los fiscales no tienen mil causas cada uno. Muchas de ellas son llevadas por unidades de tramitación masiva y menos compleja y son tratadas de forma estandarizada. Ahí requieres más que un fiscal, un equipo de gestión.

¿Y entonces?

Te diría que hay que hacer un estudio serio, analítico y desagregado de las cargas de trabajo que tienen los fiscales y después de eso hacer propuestas concretas de aumento de dotación. Yo creo que faltan fiscales, faltan abogados asistentes, pero no me atrevo a dar una cifra porque sería irresponsable, ya que carezco del fundamento técnico para decir esto es lo que nosotros creemos.

Pero faltan.

Sí, lo cierto es que faltan, pero eso tiene muchas explicaciones. Entre otras cosas porque ha habido un aumento de los tipos penales. Si pienso en lo que se investiga ahora, me encuentro con nuevos ilícitos que no se investigaban en 2004, por ejemplo. Obviamente la carga aumenta y eso sin contar con el artículo 318 del último año y medio producto de la pandemia, lo que ha significado una recarga de trabajo no solo para nosotros, sino también para los tribunales. Y no hay que olvidar que es la fiscalía la que le pone el ritmo al sistema cuando judicializa o no una causa. Por eso hay que hacer un estudio riguroso para saber cuál es la dotación que requerimos. Nosotros podemos aportar experiencias, datos, pero es la institución la llamada a realizar ese estudio con un estamento externo. Y siempre vamos a estar disponibles para mejorar el servicio de justicia.

Cotidianamente se comenta sobre la calidad educacional que han recibido los fiscales y por extensión su capacidad investigativa. ¿Qué opina de ello?

Yo diría que es una generalización. Y como tal tiene sus pro y sus contra. La generalización tiene la característica de hacer una mirada global pero al contrario no vamos al detalle de lo que estamos hablando. Yo creo que la mayoría de mis colegas tienen la vocación de servicio público sino también grandes talentos y grandes competencias. A mí me da la impresión que hay algunos que están subaprovechados. Hay fiscales de altísima calidad, muchos que ni siquiera mucha gente los conoce que hacen un trabajo silencioso y de buena calidad. Y se abre un punto que es la capacitación.

¿Ustedes estiman que no los capacitan todo lo que se requiere?

Yo echo de menos un programa de capacitación para los fiscales. No un curso de un tema a o b, que puede ser muy valioso y que de hecho entrega la fiscalía y que durante un mes, ocho horas, diez, doce horas. Y vuelvo porque a 21 años de que se inició la reforma, la última gran capacitación que tuvieron los colegas fue en 2005 cuando hicieron 600 horas de capacitación.

Eso fue el preingreso de la reforma en Santiago que comenzó en junio de 2005. Fue un esfuerzo enorme. Había 250 personas en la Universidad Católica de lunes a viernes, desde las nueve a las seis de la tarde, todo el día en clases para estudiar todo tipo de materias: penales, procesales, investigativas, gestión. No aspiro a que lleguemos a eso, pero sí a que todos los fiscales, anualmente, tengan un programa de capacitación que actualice sus conocimientos, no solo en el área legal, sino en la investigativa. Hay delitos dinámicos como la ciberdelincuencia. Porque cuando leemos un peritaje necesitamos saber lo que dice. En eso hay un déficit que hay que mejorar. Hay muchos colegas que se capacitan ellos mismos, haciendo diplomados, un magíster, pero lo real es que necesitamos un programa.

El aumento del crimen organizado, el narco, ha sido exponencial en los últimos años. Las bandas se apropian de barrios, aparecieron los funerales de alto riesgo, armas, sicariato, todas expresiones que están en el léxico cotidiano. ¿Qué parte de la responsabilidad de esto recae en la fiscalía o es un fenómeno que superó al Ministerio Público?

Esta es una vieja discusión que tiene que ver con la prevención y el Ministerio Público no tiene esas facultades. No puedo intervenir “antes de”. Si bien la Ley de Drogas tiene mecanismos de investigación con medidas intrusivas, por lo tanto la fiscalía no tiene mucho que hacer salvo aportar insumos para definir los puntos calientes en tal o cual comuna. Yo creo que la fiscalía en eso ha trabajado harto y le ha ido bien. Sin embargo, comparto contigo que hay un aumento exponencial, tanto en el narcotráfico que está muy ligado al tema de las armas. Y esto es un problema complejo con la trazabilidad de las armas. No se sabe quién la compró, por dónde pasó, porque hay un problema grave con el control de las armas. Y esto se liga al aumento de los homicidios en 2020 que, si la memoria no me traiciona, aumentó un 40%. Y muchos de ellos están ligados a la actividad del narco.

¿Falta presencia del Estado entonces?

Hay poblaciones en donde hay mucha estigmatización por la presencia y el dominio territorial de estas bandas. Entonces pienso que falta más coordinación y más presencia del Estado en general. No solo de la policía. Porque si el narco está ahí es porque de alguna manera uno podría decir: tanto narco hay por cuánta ausencia del Estado hay. Entonces, en este ámbito muchas fiscalías han hecho un buen trabajo, pero sin duda vamos siempre dos o tres pasos atrás. Los narcos están en otras actividades ya no hablan por teléfono, se comunican de otra manera y debemos adaptarnos de mejor manera.

Como en el caso del narco, también hay críticas sobre el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en el conflicto de La Araucanía, con la quema de vehículos, robos, incendios. Ahora que asume la voz de esta asociación gremial ¿cómo evalúa esas críticas?

Yo la verdad tengo una opinión no sé si disidente o distinta. Los fiscales de La Araucanía han hecho lo que han podido con los escasos recursos que tienen. En el ambiente complejo que tienen que vivir los que están en Lautaro, Collipulli, Traiguén, en la zona de la Octava Región, en fin. Y falta aquí también presencia del Estado. Y no voy a dar una opinión política sobre el tema, pero aquí el Estado ha sacado las castañas con la mano del gato. Y digamos las cosas como son: aquí todos se han desentendido y no hablo de un gobierno en particular, sino que el Estado no ha sido capaz de enfrentar un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Y una de esas aristas nos rebota a nosotros como fiscalía porque hay hechos delictuales, pero se engloban en un contexto mucho mayor donde hay intereses cruzados. Pueden ser políticos, altruistas, económicos, entonces la complejidad rebasa completamente la posibilidad que tiene el Ministerio Público ni mucho menos de absorberlo.

¿El Ministerio Público es un organismo transparente?

Yo creo que es bueno bueno avanzar en eso porque ningún órgano del Estado debe estar fuera de las rendiciones de cuenta. No creo que haya una política de ocultamiento u oscuridad, pero creo que también desde el punto de vista de la imagen institucional hay que dar pasos más atrevidos de términos de mostrar la actividad de la fiscalía, a dónde van los recursos, qué se hace con ellos, cómo se gasta, porque en definitiva a nosotros nos pagan los contribuyentes.

Falta poco para que se inicie el proceso constituyente y entiendo que uno de los nortes de su futura gestión es analizar precisamente el rol que le cabrá a la fiscalía en la nueva Carta Fundamental. ¿Cómo es eso?

Creo que es importante que el gremio y la institución participen para exponer sus puntos de vista. El trabajo de la fiscalía, la necesidad de reforzar la autonomía y lo que haré al interior del gremio será constituir asambleas, cabildos, para debatir sobre el estado actual de la fiscalía. La idea es saber cómo ven a la fiscalía en la próxima Constitución. Es un buen momento para después de veinte años revisar, por ejemplo, cómo se elige al fiscal nacional, los fiscales regionales, la paridad de género, la importancia de la acción afirmativa para que las colegas efectivamente tengan la posibilidad de ser fiscales regionales o una fiscal nacional; revisar si el Poder Judicial debería intervenir en el nombramiento de los fiscales regionales, por ejemplo.

¿Evitar la politización de los nombramientos?

La última elección del fiscal nacional y más allá de las personas, estuvo teñida precisamente por una politización del nombramiento. Pudo haber sido Jorge Abbott o cualquier otro. Yo, por cierto, no dudo de la probidad de él, sino que el sistema de nombramiento tiene la complejidad de la intervención política. Entonces aquí no hay una selección necesariamente por capacidades o méritos o en otras palabras, el sistema es un mal sistema.

¿Y entonces cuál es la mejor forma de elegir a un fiscal nacional?

Hay que avanzar hacia un sistema donde los factores políticos tengan la menor incidencia. Nunca vamos a ser químicamente puros, porque eso no existe, pero sí avanzar en ciertos

estándares objetivos. Por ejemplo, carrera funcionaria, que se haya hecho academia o en otras palabras un filtro altamente exigente. Y el grupo que resuelve puede estar integrado por el Poder Judicial, la fiscalía, universidades, un consejo que diga que eligió una quina de candidatos y explique sus razones y fundamente esa decisión.

¿Quiere decir entonces que, dentro del mandato que le entregaron las bases está pensar la fiscalía del futuro?

Queremos avanzar en eso y en otras cosas. Esto será una instancia de reflexión institucionalizada desde el punto de vista gremial, en donde pensemos el Ministerio Público que se viene, el perfil de fiscal nacional que debería ser, de los regionales y adjuntos, En suma, cuál es el mínimo que debe tener un fiscal para ejercer un cargo tan importante como el que ejercemos. Todo ese conjunto de reflexiones queremos trabajar idealmente en mayo para constituir estos grupos de trabajo y vayamos poniendo estos temas con asesorías de constitucionalistas y terminar esto en un documento que apunte a cómo entregar un mejor servicio de justicia al país. Tenemos que comprometernos con eso.