Fuente: El Mercurio Legal

Hace unas semanas un grupo de parlamentarias presentó un proyecto de ley para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres estableciendo un nuevo artículo en el Código del Trabajo: ‘Con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se considerará como discriminación arbitraria aquellas diferencias salariales que excedan en un 20% la remuneración entre hombres y mujeres’, plantean.

Estas brechas son algo real y constante que no solo se manifiestan con fuerza en el sector privado, sino que también el público. Una situación que también se ha observado al interior del Ministerio Público, algo que fue alertado en 2018 por la consultora Isónoma, entidad que también ha colaborado con los diagnósticos sobre género en el Poder Judicial.

Es informe fue solicitado para elaborar una política de género y realizó una serie de recomendaciones a la Fiscalía Nacional, concretándose algunas de estas. Por ejemplo, a diferencia del Poder Judicial, la fiscalía no cuenta con una secretaría de género que esté a cargo de llevar adelante el cumplimiento de las normas, un organismo creado específicamente para esa materia, que permita sacar el tema desde la perspectiva de los recursos humanos. ¿Cómo vamos a cambiar la mirada si no hay quien se encargue cien por ciento a verificar el respeto hacia la mujer y que se encargue de asesorar, dar acompañamiento a las funcionarias y fiscalas ante posibles acosos?

El informe de Isónoma indica que el 51% de los integrantes del Ministerio Público son mujeres. Pero, a la vez, si se hace un acercamiento al universo de fiscales, las mujeres son minoría, con 32,67% versus 67,33% de hombres. Es decir, existe una gran brecha de paridad. Esto lleva a mirar las causas por las cuales las mujeres no postulan, no las nombran y dejan de ser fiscales. Esta brecha no es solo numérica, sino también en remuneraciones. El análisis plantea que en ingresos anuales, más los bonos, las mujeres en el Ministerio Público reciben en promedio $35.315.141, mientras que los hombres $44.887.571, una brecha de 21% ($9 millones). Si esto se lleva al caso de los fiscales, las mujeres ganan 10% menos. Pero esa brecha aumenta más a medida que la fiscala lleva más tiempo en la institución: desde los 13 hasta 18 años de trabajo, tramo en que se encuentran la mayoría de los persecutores, las diferencias fluctúan entre 7% y 16% menos de sueldo que sus pares masculinos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en la actualidad las mujeres ganan 12,4% menos que los hombres respecto de los ingresos imponibles de los cotizantes.

Si bien en Chile existe una Ley de Igualdad de Remuneraciones (N° 20.348) y el Código del Trabajo lo regula a través del artículo 62 bis, esto no ha sido suficiente, y así lo reconocen las autoridades locales y los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su último informe, de enero de 2019, realizado por la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, la OIT evaluó las políticas de igualdad salarial, sugiriendo ampliar el concepto en el artículo 62 bis. Este artículo señala que ‘el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad’.

El tema de las bases de selección y ascenso de fiscalas —en el informe de 2018 se indica que hay 247 mujeres y 512 hombres persecutores en total en esa fecha— es discriminatorio, por lo que debería asegurarse paridad en el número de fiscalas y fiscales, y no que exista un número desproporcionado. Las propias políticas internas del Ministerio Público, su estructura o normativa, toleran que exista inequidad de género. Hay un ‘patrón estructural a nivel institucional de la Fiscalía’ que tolera por acción u omisión este tipo de malos tratos o discriminación contra mujeres fiscalas.

Uno de los hechos preocupantes que se detectaron en el análisis de Isónoma es que existen registros objetivos sobre comentarios sexistas en la institución. Existe una base fáctica de malos tratos y discriminación que muchas mujeres fiscales sufren en Chile. Hay casos de sobrecarga laboral, acoso laboral, malos tratos, humillaciones, entre otros que vienen sucediendo en sus diferentes fiscalías. Por ejemplo, en la pregunta del informe ‘¿me he sentido incómodo/a por ‘chistes’ o ‘bromas’ de contenido sexual, por sexo y rol dentro del Ministerio Público’, un 52% de las fiscalas respondió afirmativamente, 57% de las abogadas ayudantes de fiscal y 65% de las abogadas asesoras. En el caso de los fiscales, fue 18% el que respondió que se había sentido incómodo. Esta base fáctica da cuenta de la necesidad y urgencia de crear esta secretaria de género.

En la Fiscalía Nacional se han tomado medidas relacionadas con cursos y capacitaciones en esta temática, sin embargo, eso no es suficiente si no hay un organismo que pueda velar por el cumplimiento de las normas, con protocolos claros de acción y que está a cargo de una persona de alto rango en la institución, como, por ejemplo, ocurre en el Poder Judicial, en que la ministra Andrea Muñoz ha llevado adelante durante años la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación.

En efecto, el informe de Isónoma determinó que las denuncias por acoso laboral terminan en su gran mayoría en sobreseimiento o no investigadas: de 27 denuncias entre 2015 y 2018, nueve fueron sobreseídas, en 10 no se inició investigación administrativa y en cuatro hubo sanciones. En el caso de acoso sexual, fueron cuatro procesos administrativos de los cuales uno terminó con remoción y tres sobreseídos.

En una sociedad que avanza, donde el derecho internacional constantemente recuerda que no debe existir discriminación hacia las mujeres en ninguna esfera —privada o pública— y se debe establecer una paridad, es necesario que el Ministerio Público se una a seguir el camino del respeto y la no discriminación que otras instituciones han comenzado a recorrer. Es hora de ponernos al día.