Prensa

ANF EXPONE ANTE SENADO POR PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL MP

Este miércoles, el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el fiscal Francisco Bravo asistió telemáticamente a la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado sobre el Boletín N° 16374-07, en el cual se modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público.

Para el estudio de esta iniciativa también fueron invitados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Angel Valencia; el Defensor Penal Público, señor Carlos Mora; la Directora Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señora Carola Díaz, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, señora Paulina Ruiz; la Presidenta de la Asociación de Profesionales de la Fiscalía, señora Natalia Césped, y el Presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público, señor Manuel Muñoz.

Hay que recordar que la ley que estableció el sistema de ascensos fue gracias al trabajo de nuestra Asociación hace ya 8 años.

Lamentablemente sólo tiene vigencia hasta el año 2025, pero ordena que el MP encargue un estudio este año 2023 para ver si durante los primeros 8 años logró ascender al tope de grado el 20% de los funcionarios y fiscales. Eventualmente podría prorrogarse el sistema por diez años más, pero eso no es seguro.

El actual modelo tiene problemas; no permite ascender con mayor facilidad a los grados 8 porque tienen menos antigüedad en la institución, además los ascensos deberían operar todos los años y bajar el periodo exigido por grado.

El proceso de ascensos es un tema muy importante para todos nosotros, es por eso que hemos estado reuniéndonos con Senadores, Diputados y autoridades de Gobierno para exigir que en el Proyecto de Ley de Fortalecimiento presentado en octubre por el Gobierno se incluyan los temas que nosotros estimamos que son muy importantes:

–        Aumentar la dotación de Fiscales en 395 (El gobierno propuso 205)

–        Eliminar los grados 8

–        Tener una carrera funcionaria permanente

–        Establecer mecanismos de incentivo del retiro (tanto por adelantado como a la edad de jubilación)

–        Que se nombre un abogado Asistente por Fiscal

–        Creación de una Academia o Escuela de Formación de Fiscales.

En la audiencia de hoy, el Fiscal Bravo insistió en estos puntos y aportó al debate legislativo.

Si quieren revisar la exposición, les dejamos el link de TV Senado, donde a partir de transcurrida la audiencia en el tiempo de las 01:19 horas de sesión comienza los diez minutos concedidos a la ANF para este crucial tema en el futuro de una moderna y eficiente persecución penal en Chile.-

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/constitucion-legislacion-justicia-y-reglamento/comision-de-constitucion-legislacion-justicia-y/2023-12-20/072815.html

ANF EXPONE ANTE COMISION DE HACIENDA DEL SENADO POR REAJUSTE AL SECTOR PÚBLICO

ANF en el Congreso: El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo @PanchoBravo3 expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado @Senado_Chile por el reajuste al sector público, y también por la nula voluntad de incluirnos en el plan de incentivo al retiro, más asegurar que en el Ministerio Público haya «carrera funcionaria».

Hay que recordar que la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público junto a 7 gremios más de profesionales del Estado llegaron el pasado miércoles 6 de diciembre a una reunión con los representantes del Ministerio de Hacienda para abordar el REAJUSTE al Sector Público en el Estado.

Las agrupaciones y colegios profesionales se presentaron como una coalición gremial organizada que expresaron su preocupación por un nuevo año donde han sido excluidas en la mesa de diálogo denominada “Mesa del Sector Público”, la que contó con la exclusiva participación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF.

Esta nueva exclusión, le dijimos al Gobierno, afecta la representatividad de las decisiones tomadas y la equidad en la aplicación de las políticas públicas de reajuste, remuneraciones y de incentivo al retiro, tomando en consideración que desde el año 2015 el Estado de Chile desvaloriza el trabajo de los servidores públicos con alta renta, lo que conlleva una notoria pérdida de poder adquisitivo y desincentivo para que profesionales altamente calificados ejerzan la función pública.

Esa vez, el Director Legislativo ANF, el fiscal José Manuel Mac-Namara insistió, con el apoyo de los otros gremios, en que se revise la mala interpretación de la ley N° 20.948 sobre el incentivo al retiro y que de manera discriminatoria excluye a los y las fiscales de Chile.

Asimismo, los gremios le pidieron al Gobierno entender que un acuerdo amplio contribuirá a la construcción de políticas más inclusivas y equitativas por parte del Estado, por lo que le pedimos responder a nuestras peticiones a mas tardar el próximo lunes 11 de diciembre.

Asimismo, los 8 gremios le expresamos al Ejecutivo un petitorio que refleja las necesidades y preocupaciones de los y las trabajadoras que representamos, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado al desarrollo y progreso de nuestro país.

1. Integrarnos en la discusión relativa a la Agenda Laboral 2024 para abordar conjuntamente

los siguientes temas:

a. Mesa de Incentivos al Retiro para avanzar hacia normas permanentes.

b. Mesa de 40H para iniciar procesos legislativos de implementación en el Sector Público al 2024.

c. Mesa de Trabajo decente para abordar materias de empleo público y brechas.

d. Mesa de Teletrabajo con la proyección de regulación para el Sector Público.

e. Mesa de Equidad de Género para dar continuidad a los compromisos en brechas e implementación del Convenio 190 de la OIT.

f. Mesa de Seguridad Funcionaria para continuar con la agenda y evaluación de la Ley N°21.188.

g. Mesa de Salud Mental para acordar la Norma Rectora en la materia y dar seguimiento.

h. Mesa de Cuidado Infantil para hacer seguimiento de los compromisos y evaluar las demandas de la MSP en la materia, e

i. Mesa de Contratas, ratificando el proceso de reconsideración con participación de la MSP.

2. Modificar el artículo 66 de la Ley N°21.526. Respecto de este punto, incluir en la dotación máxima de hasta un 20% del total de la dotación a todo los escalafones y jerarquías existentes en los servicios, dando con ello igualdad a todos los servidores públicos y evitando a su vez cualquier tipo de discriminación en la modalidad de teletrabajo hibrida que se implementara en los servicios, atendiendo con ello a la función o tarea y no con el escalafón o posición jerárquica del servidor público en la organización.

3. Reconsiderar la interpretación que la DIPRES dio a las normas de la Ley 20.948, y que se encuentra contenida en el Ordinario N°E339.071 de 2023, dictado a propósito de la presentación que hiciera la Asociación Nacional de Fiscales ante la Contraloría General de la República, cuyo contenido implica privar de la bonificación a todos los Fiscales del Ministerio Público, y en definitiva dicte una resolución reconociéndoles la titularidad del incentivo al retiro, o en su defecto, que el ejecutivo ingrese un proyecto de ley que modifique el artículo 7° de la Ley 20.948 en este mismo sentido.

4. Que se corrija el incumplimiento del Estado de Chile al Convenio N° 151, sobre “Relaciones de trabajo en la Administración Pública”, de la Organización Internacional del Trabajo, y se incorpore a los Fiscales del Ministerio Público a la Ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios Públicos, mediante el ingreso del correspondiente proyecto de ley.

5. Prórroga de la vigencia de la Ley 20.986 con las modificaciones pertinentes y otorgamiento del bono post laboral a los beneficiarios de la referida ley.

6. Que en el ámbito de los trabajadores municipales, se dejen de vulnerar, de manera. sistemática, los Convenios Internacionales del Trabajo (OIT) suscritos por Chile en el contexto de la Mesa del Sector Público por los representantes del Gobierno. Esta ocasión no fue la excepción, y no sólo en los aspectos relativos a la negociación colectiva y huelga, sino también, en la aplicación de leyes y normas sobre seguridad social y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, como lo son los Convenios 35 y 37.

Sobreseimiento Fiscal Vigueras

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó el sobreseimiento definitivo del fiscal de DD.HH, Nelson Vigueras, en una causa por supuestos apremios ilegítimos derivada de su trabajo en el caso por la muerte del comunero mapuche, Yordan Llempi.

La ANF colaboró en su defensa! De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, quien estuvo a cargo de esta investigación, no se pudo acreditar los antecedentes de la denuncia presentada por el uniformado.

Ante ello, al decidir que no existieron delitos en la actuación del fiscal Vigueras, se solicitó el sobreseimientos respectivo, a lo cual se allanó Camila Álvarez, abogada del funcionario de la Armada.

Debido a lo anterior, el juez de garantía, Carlos Aguayo, resolvió el cierre de la investigación respectiva y el sobreseimiento definitivo del fiscal Nelson Vigueras.

SOYCHILE

Asociación de Fiscales anuncia paro nacional este lunes tras no ser incluidos en reajuste del sector público

El consejero regional de la Región de Los Lagos y director de la Asociación nacional de Fiscales Marco Muñoz, confirmó las movilizaciones programadas a partir del lunes 19 de diciembre.

18 de Diciembre de 2022 | 19:00

La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) resolvió realizar una paralización de actividades a contar de mañana lunes 19 de diciembre, debido a las diferencias respecto al reajuste diferenciado para trabajadores del sector público.La información la dio a conocer el consejero regional de la Región de Los Lagos y director de la Asociación nacional de Fiscales Marco Muñoz, quien señaló que “como Asociación nos reunimos en consejo extraordinario, acordándose por unanimidad iniciar una movilización que consiste en un paro total de actividades con turno ético en todo el territorio de la república”.Sobre la medida tomada por el gremio de fiscales, Muñoz justificó la acción tomada explicando que “el gobierno excluyó a una buena parte de los profesionales que se desempeñan en el servicio público del reajuste del 12% para el año 2023. Esa medida ha sido objeto de reparo por parte de los fiscales del Ministerio Público, pero no solamente de ellos, sino también de parte de cerca de mil funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público, jueces del Poder Judicial, profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial, así como también profesionales que se desempeñan en otros servicios públicos”, aseguró.En este contexto el vocero de la Asociación nacional de Fiscales, aclaró que este lunes, “los fiscales comparecerán a las audiencias y solicitaran la suspensión de todas aquellas audiencias que no sean esenciales para la continuación del servicio”, en este sentido aseguró que solo se desarrollarán las audiencias donde existan “presos preventivos, causas por delitos sexuales con víctimas menores de edad, así como también las causas por violencia intrafamiliar”.Además se informó que no habrá atención de público en las fiscalías, “invitamos a las víctimas y a nuestros usuarios a no comparecer a los tribunales y no comparecer a las fiscalías”.Finalmente Marco Muñoz agregó que “estas medidas se encuentran en coordinación con las adoptadas por otros gremios en este caso la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, donde también desarrollarán turnos éticos, y también se encuentra en coordinación con otros gremios de la Salud y otros profesionales así como de otros servicios públicos”.

Declaración Pública

La actual directiva de la ANF asumió, desde mayo de este año, como una de sus tareas principales dignificar el rol de los fiscales y potenciar al Ministerio Público como órgano fundamental, no solamente en el sistema de enjuiciamiento criminal, sino que en el estado democrático de derecho.

Por ello las y los Fiscales iniciamos nuestro propio proceso de discusión constituyente para elaborar una propuesta constitucional relacionada con nuestras funciones. Para ello contamos con la asesoría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien puso a nuestra disposición los equipos académicos de los departamentos de Derecho Público y Procesal e intentamos escuchar todas las voces que nos exigen adecuarnos al cambio histórico que estamos viviendo.

Para apoyar este proceso y mejorar la capacidad de representación, nuestra Asociación solicitó formalmente al Fiscal Nacional que accediera a entregarnos los mismos derechos que tienen los dirigentes tanto de las otras 9 asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, como también los de las asociaciones de otros Poderes del Estado, es decir 22 horas semanales para cada dirigente, horas que además pudieran ser transferibles entre ellos. Cabe señalar que los dirigentes de nuestra Asociación no tienen fuero.

El Fiscal Nacional no accedió a nuestra petición, sin embargo entregó temporalmente solo dos cupos para comisiones de servicio que nos han permitido cumplir parcialmente las labores gremiales con igualdad ante la ley. Este trabajo lo hemos hechos con completa autonomía del Fiscal Nacional, siendo completamente fieles al mandato de nuestras bases.

En consecuencia, queremos ser enfáticos en señalar que el Fiscal Nacional no ha dado facilidades, ni trato especial a nuestros dirigentes para ejercer su labor, por el contrario, aprovechamos la oportunidad de reiterar la solicitud de que nos otorgue la misma cantidad de horas de permisos que tienen los dirigentes de todas las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público y de esta forma poder realizar en plenitud las tareas gremiales, que apuntan a fortalecer nuestra institución y con ello el propio sistema de justicia criminal, el estado democrático de derecho y propender a mejorar el servicio que la institución entrega a los ciudadanos, especialmente pensando en garantizar el acceso a la justicia de todos y todas.

 

Directorio

Asociación Nacional de Fiscales

«Las labores que tuvo que asumir las policías incidió en las horas destinadas a la investigación»

Fuente: Crónica de Chillán

El fiscal Pablo Fritz, además de realizar sus labores en el ente persecutor de Ñuble, es también el delegado regional de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, asociación que cuenta con más de un 90% de adhesión por parte de los fiscales del país. El cuantioso ingreso de causas ligadas a investigaciones por incumplimiento de medidas sanitarias, explicó Fritz, llegó a agravar la carga laboral que históricamente los fiscales han tenido.

-¿Cómo ha sido el trabajo investigativo en medio de la pandemia?

-Ha sido bastante complejo desde la perspectiva que la pandemia vino, primero que todo, a modificar las herramientas con las que trabajamos, básicamente disminuyó cualquier cantidad las horas hombre de investigación, sea por las medidas sanitarias tomadas en las fiscalías locales, como también por las labores a que fueron solicitadas las policías. No se perdieron las horas, pero sí se modificaron, y las labores que tuvo que asumir las policías, incidió en las horas destinadas a la investigación. Por otro lado, delitos cuya presencia o importancia a nivel del catastro global de investigaciones que hacemos, que no tenían mucha importancia, la adquirieron por completo, como es el caso de las normas por las cuales se sancionan a las personas que no cumplen con las instrucciones de la autoridad sanitaria.

-Se ha hablado mucho del Adicta-. lo 18° y los alcances que ha tenido para los trabajos de Fiscalía. ¿Se estaba preparado para asumir tantas investigaciones en relación a aquello?

-Claramente nosotros ya traemos una carga de trabajo histórica, hay un número de ingresos de causas por fiscal que supera los estudios que inicialmente se tuvieron en vista, y, además, estamos en este minuto, como asociación, motivados por lograr convencer a la Fiscalía Nacional lo útil que resulta conversar con nosotros temas como el descanso, puesto que el sistema funciona los 365 días del año, y eso es una maravilla, pero tiene un costo en término de nuestros asociados. Es difícil lograr cubrir todos los flancos que se enfrenta una Fiscalía.

-¿Cómo se graficaría o describiría esa carga?

-Atendidos los diferentes turnos, y se ha dado, no es cosa extraña, un fiscal puede realizar labores durante tres semanas seguidas, incluidos tres fines de semana con distinto tipo de turnos. Cuando hablamos de una persona que trabaja 21 días sin descanso, hablamos de una situación que amerita que se converse.

-¿Se han enfrentado a desafíos? Por ejemplo las audiencias telemáticas.

-Pasando al desafío que nos planteó la pandemia, hay un aprendizaje, un crecimiento, que muchos trabajadores de este país debimos subirnos a plataformas que jamás pensamos iban a ocurrir. Cuando se hablaba de que íbamos a tener audiencias o juicios orales vía Zoom, hace un par de años resultaba impracticable. No todos los casos son posibles de llevar por esta vía. Por lo menos acá en la región se están haciendo varios juicios orales a la semana, harto movimiento en los tribunales, y eso significa que estamos un poquito rebajando esa sobrecarga de trabajo, que a nivel mundial va a afectar a los procesos penales.

-¿Cree que el sistema procesal estará preparado para la carga que se vendrá una vez que se levanten las medidas de excepción constitucional?

-Se está en este minuto estudiando de qué forma se pueda dar facilidades a los procesos penales para, por ejemplo, que las medidas alternativas, que son acuerdos reparatorios, por ejemplo, puedan habilitarse a delitos que actualmente no se pueden aplicar. Esto para que en definitiva se aumente la posibilidad de llegar a juicios abreviados para evitar colapsos de juicios orales. Creo que los sistemas por sí solos no van a salir, sino que lo harán en la medida que se dicten leyes que permitan dar fluidez en nuevas áreas.

-cuando se creó la dirección regional en Ñuble, ¿se pensó que podrían estar con menor carga?

-La generación de una Fiscalía Regional en Ñuble era parte del anhelo de la región (…) Se deben reconvertir recursos para poder lograr dar cuenta de todas las labores que significan de la magnitud que se están llevando hoy en Ñuble. Esto no es una crítica, sino que una necesidad, pero se debe reconvertir con lo que se tiene, con equipos investigativos que podrían haber apoyado a fiscalías locales.

«Se ha dado, no es cosa extraña, un fiscal puede realizar labores durante tres semanas seguidas, incluidos tres fines de semana con distinto tipo de turnos. Hablamos de una situación que amerita que se converse». Pablo Frltz Delegado Regional Asociación de Fiscales de Ministerio Público

«Creo que los sistemas por sí solos no van a salir, sino que lo harán en la medida que se dicten leyes que permitan dar fluidez en nuevas áreas». Pablo Fritz. Delegado Regional Asociación de Fiscales de Ministerio Público

Claudio Uribe Presidente de la ANF: «No hay nadie que esté en prisión por haber ido a una marcha»

Fuente: La Tercera

El presidente del gremio que agrupa al 90% de los investigadores del Ministerio Púbico dijo que las leyes se piensan con «frivolidad», criticando la llamada consigna de «presos políticos». Además, advierte una sobrecarga laboral de los persecutores y poco apoyo de la Fiscalía Nacional.

De los 784 fiscales que están registrados en la planta del Ministerio Público, cerca de un 90% es parte de la Asociación Nacional del Fiscales de Chile. La participación es alta, donde las demandas por el exceso de las cargas laborales, la falta de abogados asistentes y la imposibilidad de tener días libres tras fines de semana con turno es algo que preocupa al gremio.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, analizó el turbulento año para el Ministerio Público, donde el ingreso de causas superó el millón.

¿Cómo ha impactado la labor de las policías durante la pandemia en su rol de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público?

Yo diría que en un doble sentido. Por un lado, evidentemente la cantidad de tiempo que puede dedicar la policía a labores de investigación ha disminuido fuertemente, hay menos policías investigando, que son menos horas hombre. Y, por otro, ha aumentado la cantidad de delitos asociados a la pandemia. El Artículo 318 -que sanciona los delitos contra la salud pública- no existía en la práctica, no tenía mayor operatividad, y ahora es lejos la mayor fuente de ingresos para el Ministerio Público, lo que ha generado un aumento explosivo de causas, en un contexto en que no tenemos medios para hacernos cargo de eso. Eso, sumado a que la pandemia ha hecho invisibles muchas de nuestras necesidades.

¿Cómo cuáles?

Seguimos teniendo problemas tan graves como la falta de medios para trabajar o la falta de reconocimiento a derechos básicos, como el derecho a descanso por turno de fin de semana y nocturno, pero lamentablemente, durante la pandemia, la autoridad ha aprovechado de invisibilizar esto, diciendo que no es el momento, como si los derechos legales fueran elásticos de decidir cuándo aplicarlos y cuándo no. Tenemos fiscales que trabajan 14 días seguidos, descansan el domingo, y el lunes continúan. Todo, sin la cantidad suficiente de abogados asistentes.

¿Eso afecta en la calidad de las investigaciones?

Si uno tiene un trabajador que no descansa, en cualquier área, eso evidentemente es un riesgo para la calidad del trabajo. No puedo decir que específicamente ha afectado en un caso u otro, pero hay un riesgo y eso es evidente. El fiscal nacional lo sabe y se lo hemos planteado en innumerables ocasiones, al menos ocho veces en reuniones formales. Pero más allá de palabras de buena crianza, no ha habido una solución.

Este año, uno de los casos que los involucró fueron las amenazas ala fiscal Ximena Chong. ¿Se trata de una situación generalizada o fue algo puntual?

Nosotros tenemos una alta preocupación por el tema de la inseguridad para trabajar, y obviamente el caso de Ximena Chong es emblemático, pero no el único. Es cosa de preguntarles a los fiscales de La Araucanía en qué condiciones realizan su trabajo. Tenemos situaciones graves, como fiscales a los que les han quemado la casa , que han sido amenazados en sus domicilios. Hemos pedido desde el año 2015 que se adopten medidas en la materia, porque no hay región donde un fiscal no haya sido amenazado.

Desde la oposición acusan que en Chile existen actualmente «presos políticos», luego de las protestas del 18 de octubre del 2019. ¿Ve algún argumento legal válido en eso?

Ahí lo que yo noto es cierta frivolidad, porque es cosa de darse una vuelta por los Tribunales de Justicia. Lo que pasa es que se crean proyectos de ley que responden a dejar tranquilos a grupos de presión. Hoy día en este país no hay nadie que se haya ido a prisión preventiva por haber ido a una marcha; no hay nadie que por haber estado en una esquina gritando consignas esté en la cárcel. La gente que está detenida son imputados por robos con violencia, ataques incendiarios, delitos que siempre han sido bastante graves y que, por lo mismo, tienen que ser sancionados.

¿Qué pasa con la extensión de las prisiones preventivas?

Siempre se pueden mejorar los sistemas, pero para que alguien esté en prisión preventiva tiene que haber un pronunciamiento de un tribunal, que conociendo los antecedentes la decreta y, además, si se prolonga en el tiempo eso es revisado por varias instancias. Es obligatorio revisarla cada seis meses, pero la defensora la revisa cada dos meses. Ahora, evidentemente hay un atraso en las causas, porque desde el estallido social en adelante no hemos tenido condiciones normales para trabajar, pero ojo, es un atraso general en las causas.

¿Cuántas causas en promedio tiene cada fiscal?

En promedio son dos mil causas por cada uno. Pero lo grave está en la distribución de tareas al interior del Ministerio Público y en lo que eso significa, pues no hay apoyo para desarrollar las causas complejas. Claro, si tú hablas de casos como Penta o de ese tipo, tienes un apoyo administrativo mayor, pero cuando ves causas igualmente complejas, como robos, violaciones, homicidios, que son investigaciones que demandan una importante carga laboral, juicios extensos, declaraciones y diligencias delicadas, no tienes a nadie que te saque ni una fotocopia. Entonces, ahí falta una mayor gestión por parte de las autoridades del Ministerio Público, que se inyecten recursos en eso, en todo ese proceso, en apoyar las pesquisas de todos los persecutores de esta institución en cada una de las instancias. Y eso, hoy no avanza.

Claudia Castro, directora ANF: Paridad en el Ministerio Público: cifras que evidencian la necesidad urgente de la creación de una Secretaría de Género

Fuente: El Mercurio Legal

Hace unas semanas un grupo de parlamentarias presentó un proyecto de ley para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres estableciendo un nuevo artículo en el Código del Trabajo: ‘Con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se considerará como discriminación arbitraria aquellas diferencias salariales que excedan en un 20% la remuneración entre hombres y mujeres’, plantean.

Estas brechas son algo real y constante que no solo se manifiestan con fuerza en el sector privado, sino que también el público. Una situación que también se ha observado al interior del Ministerio Público, algo que fue alertado en 2018 por la consultora Isónoma, entidad que también ha colaborado con los diagnósticos sobre género en el Poder Judicial.

Es informe fue solicitado para elaborar una política de género y realizó una serie de recomendaciones a la Fiscalía Nacional, concretándose algunas de estas. Por ejemplo, a diferencia del Poder Judicial, la fiscalía no cuenta con una secretaría de género que esté a cargo de llevar adelante el cumplimiento de las normas, un organismo creado específicamente para esa materia, que permita sacar el tema desde la perspectiva de los recursos humanos. ¿Cómo vamos a cambiar la mirada si no hay quien se encargue cien por ciento a verificar el respeto hacia la mujer y que se encargue de asesorar, dar acompañamiento a las funcionarias y fiscalas ante posibles acosos?

El informe de Isónoma indica que el 51% de los integrantes del Ministerio Público son mujeres. Pero, a la vez, si se hace un acercamiento al universo de fiscales, las mujeres son minoría, con 32,67% versus 67,33% de hombres. Es decir, existe una gran brecha de paridad. Esto lleva a mirar las causas por las cuales las mujeres no postulan, no las nombran y dejan de ser fiscales. Esta brecha no es solo numérica, sino también en remuneraciones. El análisis plantea que en ingresos anuales, más los bonos, las mujeres en el Ministerio Público reciben en promedio $35.315.141, mientras que los hombres $44.887.571, una brecha de 21% ($9 millones). Si esto se lleva al caso de los fiscales, las mujeres ganan 10% menos. Pero esa brecha aumenta más a medida que la fiscala lleva más tiempo en la institución: desde los 13 hasta 18 años de trabajo, tramo en que se encuentran la mayoría de los persecutores, las diferencias fluctúan entre 7% y 16% menos de sueldo que sus pares masculinos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en la actualidad las mujeres ganan 12,4% menos que los hombres respecto de los ingresos imponibles de los cotizantes.

Si bien en Chile existe una Ley de Igualdad de Remuneraciones (N° 20.348) y el Código del Trabajo lo regula a través del artículo 62 bis, esto no ha sido suficiente, y así lo reconocen las autoridades locales y los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su último informe, de enero de 2019, realizado por la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, la OIT evaluó las políticas de igualdad salarial, sugiriendo ampliar el concepto en el artículo 62 bis. Este artículo señala que ‘el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad’.

El tema de las bases de selección y ascenso de fiscalas —en el informe de 2018 se indica que hay 247 mujeres y 512 hombres persecutores en total en esa fecha— es discriminatorio, por lo que debería asegurarse paridad en el número de fiscalas y fiscales, y no que exista un número desproporcionado. Las propias políticas internas del Ministerio Público, su estructura o normativa, toleran que exista inequidad de género. Hay un ‘patrón estructural a nivel institucional de la Fiscalía’ que tolera por acción u omisión este tipo de malos tratos o discriminación contra mujeres fiscalas.

Uno de los hechos preocupantes que se detectaron en el análisis de Isónoma es que existen registros objetivos sobre comentarios sexistas en la institución. Existe una base fáctica de malos tratos y discriminación que muchas mujeres fiscales sufren en Chile. Hay casos de sobrecarga laboral, acoso laboral, malos tratos, humillaciones, entre otros que vienen sucediendo en sus diferentes fiscalías. Por ejemplo, en la pregunta del informe ‘¿me he sentido incómodo/a por ‘chistes’ o ‘bromas’ de contenido sexual, por sexo y rol dentro del Ministerio Público’, un 52% de las fiscalas respondió afirmativamente, 57% de las abogadas ayudantes de fiscal y 65% de las abogadas asesoras. En el caso de los fiscales, fue 18% el que respondió que se había sentido incómodo. Esta base fáctica da cuenta de la necesidad y urgencia de crear esta secretaria de género.

En la Fiscalía Nacional se han tomado medidas relacionadas con cursos y capacitaciones en esta temática, sin embargo, eso no es suficiente si no hay un organismo que pueda velar por el cumplimiento de las normas, con protocolos claros de acción y que está a cargo de una persona de alto rango en la institución, como, por ejemplo, ocurre en el Poder Judicial, en que la ministra Andrea Muñoz ha llevado adelante durante años la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación.

En efecto, el informe de Isónoma determinó que las denuncias por acoso laboral terminan en su gran mayoría en sobreseimiento o no investigadas: de 27 denuncias entre 2015 y 2018, nueve fueron sobreseídas, en 10 no se inició investigación administrativa y en cuatro hubo sanciones. En el caso de acoso sexual, fueron cuatro procesos administrativos de los cuales uno terminó con remoción y tres sobreseídos.

En una sociedad que avanza, donde el derecho internacional constantemente recuerda que no debe existir discriminación hacia las mujeres en ninguna esfera —privada o pública— y se debe establecer una paridad, es necesario que el Ministerio Público se una a seguir el camino del respeto y la no discriminación que otras instituciones han comenzado a recorrer. Es hora de ponernos al día.

Vicepresidente de Asociación Nacional de Fiscales y proyecto de indulto: “Tal como está redactado, tiene problemas técnicos jurídicos relevantes”

Fuente: Radio ADN

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Jorge Vitar, se refirió al proyecto de indulto general para los detenidos durante el estallido social, presentado por senadores de oposición, y que el que el mismo Presidente Sebastián Piñera anunció que vetará.

‘Pretende instalar una idea de que el sistema penal ha actuado de manera distinta a como actúa, con estándares distintos, operando con lógicas que no corresponden a la de un sistema de justicia que no respete los derechos y garantías de las personas, sino que habría actuado de manera tendenciosa’, comenzó sosteniendo.

‘Se ha dicho por ahí que el Ministerio Público ha hecho un uso irresponsable y abusivo de la prisión preventiva, en fin, cuestión que no es así’, agregó.

‘Respecto de ese tipo de delitos (a la propiedad) se ha operado con las lógicas que mantiene el sistema instalado desde 2005, o sea, no hay un tratamiento distinto’, afirmó Vitar.

‘Aquí se pretende hacer pensar que el sistema está en crisis, junto con señalar por parte de algunas personas que esto obedece a una oposición, un sistema injusto. Incorporar esas lógicas en un proceso penal como el nuestro, que es muy respetuoso de los derechos de garantías, nos parece altamente inconveniente, que no corresponde para las autoridades del Congreso’, indicó.

‘Hemos dicho ayer que el proyecto tal como está redactado, tiene problemas técnicos jurídicos relevantes, por ejemplo, el indulto, más allá de que sea general, que de hecho está reconocido en nuestra Constitución a través de las materias que son de ley, supone una pena que perdonar, conmutar o remitir. En estos casos, el proyecto apunta a situaciones de procesados que no tienen condena, o sea, que no procedería, sería una amnistía disfrazada de indulto’, afirmó.

‘Antes de pasar a un debate que es netamente político respecto de conveniencia o no, nosotros decidimos que desde lo jurídico es altamente inconveniente, incorrecto y no corresponde avanzar en iniciativas como estas, porque lo que vienen a hacer en definitiva es alterar el funcionamiento de un sistema, que ojo, entrega todas las herramientas procesales para efecto que tanto los defensores de los imputados, o los mismos imputados, aporten antecedentes y hagan avanzar estas investigaciones a las cuales se está aludiendo’, concluyó.

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