Fuente: Diario El Sur de Concepción

El representante de la Asociación de Fiscales hizo un balance de cómo funcionaron en 2020 y cómo proyectan este año que recién inicia.

Paolo Muñoz es fiscal en Concepción. Está enfocado en delitos violentos, como robos con intimidación u homicidios. Es miembro del directorio de la Asociación de Fiscales y consejero regional del Biobío de la Asociación y en esa calidad hizo un balance del año 2020, los desafíos para este 2021 y las mayores complejidades que les ha traído la pandemia.

«A los fiscales nos toma como desafío de seguir prestando un servicio a la comunidad, con los mismos grados de compromiso, con los mismos niveles de exigencia y los estándares que se nos piden, pero sin una presencialidad de los tribunales y tratando de tener una presencialidad reducida en la fiscalía», describió.

-¿Cómo fue el trabajo durante 2020?

-Es más de un año bien complicado que empezó en 2019 con el estallido social y cuando las situaciones más graves estaban bajando (eso también implicó mucho trabajo) viene la pandemia, que nos toma un poco de sorpresa.

Tuvimos que implementar el trabajo a través de sistemas tecnológicos que se usaban muy poco y que le hemos ido tomando el gustito. La fiscalía no estaba preparada, pero continuó el trabajo, los turnos, hubo disminución de audiencias pero hemos ido retomando de a poco la normalidad, tanto en la fiscalía como respecto de los juicios, que se han reiniciado. Las audiencias más importantes nunca han dejado de hacerse. Ha sido un año bien complicado porque esto se conjuga con que la mayoría de los fiscales también hemos tenido que estar atentos a lo que pasa en la casa, a las labores que nos corresponden en nuestros entornos familiares. Combinar ambas cosas ha sido un enorme desafío.

-Desde el punto de vista de la carga laboral, ¿cómo esto se traduce en las causas que tienen? Hay un montón de detenciones e investigaciones vinculadas primero al estallido social y luego a la pandemia. ¿Cómo esto afecta el trabajo que realizan?

-El estallido social implicó una gran cantidad de causas, pero asimismo una gran cantidad de trabajo, porque no sólo significaba un aumento de causas. Los turnos, los menos son de 24 horas. Eso significó una avalancha de llamados de Carabineros por procedimientos. Los fiscales estamos involucrados en los temas más contingentes y cuando viene una presión al sistema judicial nos vemos envueltos. Los proyectos de ley que se van dictando no van contemplando un aumento en la cantidad de fiscales adecuado a la nueva contingencia y, por lo tanto, es la misma cantidad de fiscales, de abogados asistentes y de funcionarios que tenemos que asumir estos nuevos desafíos. En la parte jurídica, que es la decisión de las causas, litigación en tribunales y toma de decisiones que hacemos los fiscales, se ve sumamente sobrecargada y nos vamos quedando cortos con el nivel de causas.

-¿Cómo influyó la crisis sanitaria?

-Al principio se dio que la gente no cumplía con las instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria (infracción al artículo 318 del Código Penal), hubo que introducir modificaciones a las normas legales. También, como la gente tiene que hacer cuarentena y estar más en los hogares, hay un aumento de casos de violencia familiar (VIF) que son muy delicados, porque puede que en muchos casos no se concrete una amenaza o sea una lesión que no ponga en riesgo gravemente a una mujer, pero nada de eso puede ser tolerado, por lo que los fiscales que tienen que ver casos VIF han tenido que crear sistemas idóneos para que las mujeres, los menores y los ancianos puedan acceder al sistema judicial para obtener medidas de protección, porque un caso que no tenga una debida atención o protección puede significar un nuevo femicidio.

-¿Qué ha sido lo más complejo desde el punto de vista investigativo este año?

-Se han tenido que ir prorrogando los plazos en muchas investigaciones porque, sobre todo en los periodos de cuarentenas más estrictas, ha habido poca toma de declaraciones en la fiscalía. La gente por mucho tiempo ha tenido miedo de salir. Se han mandado muchas instrucciones particulares a las policías y muchas veces cuesta que se tomen a tiempo las declaraciones. En algún momento hubo problemas de atención en el Servicio Médico Legal. Las horas se redujeron porque no podía generar una gran aglomeración de personas. Hay muchas unidades de la fiscalía que tienen metas, como tomar declaración, y como Asociación de Fiscales dijimos que esas metas en este periodo deberían haberse rebajado porque ha costado cumplir. Lo otro es el plano más humano, ya que los colegios son telemáticos, y los fiscales que son padres y madres tienen que estar ayudando a los niños, repartiéndose los computadores. Pero hemos tratado de que no se note, al menos en los delitos más relevantes.

-¿Cómo afecta todo esto las prisiones preventivas? Si se extienden las investigaciones estos tiempos también aumentan. Lo conecto con el proyecto de indulto para personas detenidas en el contexto del estallido social y que dicen que no se justifica…

-El poder legislativo, dentro de sus facultades autónomas exclusivas dice que quieren conversar y discutir si esto es viable o no están en su derecho a hacerlo. Como Asociación de Fiscales esto es algo que no nos debería preocupar. No compartimos comentarios de que hay prisiones preventivas de presos políticos. Hubo personas que estuvieron privadas de libertad por delitos comunes, tales como saqueos a supermercados o tiendas comerciales, por causar incendios en lugares determinados y por tanto se han solicitado las prisiones preventivas conforme al estándar que fija la ley según la gravedad del delito. Cuando la necesidad de cautela ha decaído han quedado en libertad. Hay causas que están vigentes del estallido, pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político.

-¿Cuáles van a ser las prioridades y énfasis para este 2021, considerando los ajustes que tuvieron que hacer en 2020?

-Se nos puede venir una avalancha de situaciones… hemos estado abocados a que se mantenga el sistema, que funcione de la manera más óptima posible, pero cuando se empiece a trabajar con totalidad normalidad las personas van a querer venir a la fiscalía, hablar con el fiscal. Estas causas de mediana y baja intensidad se van a reactivar y ahí vamos a tener una sobrecarga muy importante. En un país que tiene tantas necesidades va a ser difícil que se pueda aceptar un aumento de recursos a la Fiscalía.

En el proceso constituyente no vamos a estar ajenos porque nos interesa qué visión va a tener la Constituyente sobre la institución: cómo se va a elegir al fiscal nacional, cómo van a estar organizadas las fiscalías. Como asociación de fiscales vamos a tener que estar presentes en esta visión de futuro.

TRABAJAR EN ZONAS DE CONFLICTO

El fiscal Paolo Muñoz reconoció que es complejo trabajar en zonas rurales de la provincia de Arauco, donde se producen regularmente episodios de violencia. «Sí va a haber personas que van a tener temor de declarar porque es muy difícil dar medidas de protección que sean 100% efectivas, los sitios del suceso son de difícil acceso, también hay un tema de seguridad», planteó.

También recordó que en otras ocasiones ha habido situaciones peligrosas para los fiscales, como el ataque que sufrió Mario Elgueta en 2008 en Puerto Choque: «Para nosotros lo principal es seguir investigando, pero también es importante que el Ministerio Público a nivel nacional promueva todas las medidas de protección a los fiscales para que ni ellos ni sus familias sufran ningún tipo de daño o amenaza en la investigación de este tipo de causas».

El fiscal Muñoz anunció que estarán pendientes del proceso constituyente porque les interesa saber qué pasará con la institución.

«Hay causas que están vigentes del estallido (de octubre de 2019), pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político’.