Como una señal de preocupación y apoyo con los fiscales que han sido amenazados en la Región y la macrozona sur, en el marco de las investigaciones vinculadas con la violencia rural, la primera sesión presencial de la directiva de la Asociación Nacional de Fiscales, la cual fue electa en abril, será hoy en Temuco.

Así lo explicó el presidente del gremio del Ministerio Público que agrupa a más del 90% de los fiscales del país (701), Francisco Bravo López, quien es fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte.

En su visita a la capital regional, el dirigente se reunirá con los fiscales de la Región para escuchar sus demandas y solicitar desde La Araucanía una mejor y mayor protección para el gremio y sus familias.

-¿Cuál es la posición del gremio respecto de las amenazas que han sufrido fiscales en el marco de los atentados, llegando incluso a quemar una propiedad en el Biobío?

-Estamos preocupados por la situación de los fiscales de la macrozona sur, quienes están expuestos a amenazas y derechamente a la posibilidad de algún tipo de atentado o agresión. Por eso pedimos al fiscal nacional que se adopte un conjunto de medidas de protección concretas.

-¿Cuáles son esas medidas?

-Van desde la protección personal, pasando por los recursos y hasta el acompañamiento a las familias que también están expuestas a sufrir atentados. En este sentido hay un oficio de la Fiscalía Nacional que hemos pedido que se modernice para que, por ejemplo, los vehículos de los colegas tengan GPS. No hace mucho un colega que fue a Carahue sufrió un intento de emboscada de regreso.

-¿De qué estándar de protección estamos hablando? ¿Las 24 horas como ocurre con algunos predios?

-Hay que analizar caso a caso la batería de medidas de protección. Las más extremas son el traslado temporal o definitivo ante una amenaza inminente y luego están los chalecos antibalas, protección de los vehículos y de las propiedades. Lo importante es que se proteja la función del fiscal porque tenemos vocación de servicio público y muchas veces corremos riesgos, pero tampoco somos superhéroes ni queremos un mártir en la institución. Creemos que es una obligación de la institución y del Gobierno el proveer los medios para darle protección a los fiscales.

-¿La responsabilidad de esta situación es política?

-Por supuesto, si los encargados de la seguridad pública son el Estado y, particularmente, el Gobierno Regional y central. Ellos son los llamados a colocar los medios para prevenir este tipo de situaciones. Más allá de las amenazas a los fiscales, en La Araucanía ha fallado la política y el Estado porque hay una situación que no han sido capaces de resolver.

-Constantemente el Ministerio Público está sentado en el banquillo de los acusados desde la política y se les responsabiliza de la impunidad vinculada a los atentados. ¿Qué opina?

-Cuando el Estado de Chile entregue en serio los medios suficientes para hacer investigaciones de calidad y que la inteligencia policial opere de manera efectiva: ahí podremos empezar a rendir cuentas. Mientras no estén los medios a disposición de los organismos policiales ni de la Fiscalía es difícil que nos exijan mayores resultados. No obstante hay una parte del vaso medio lleno que se omite porque sí han habido resultados, como el caso Luchsinger y Huracán, pero pareciera que es más rentable imputar a la Fiscalía el no esclarecimiento de determinados hechos.

-¿Qué es lo que se necesita para aumentar la efectividad de las investigaciones?

-Logística, recursos y un sistema de inteligencia, ya que el que existe es precario. Basta ver lo que ocurrió con el caso Catrillanca donde, lamentablemente, miembros de la policía plantaron pruebas y contaron una versión que no era, pero que luego la Fiscalía aclaró. Es ahí donde uno dice dónde está el Estado porque la Fiscalía tiene recursos limitados en cuanto a las posibilidades y capacidades.

-¿Es necesaria la llamada Agenda de Seguridad que está en el Congreso para hacer mejores investigaciones?

-Tenemos la tentación de que los problemas se resuelven aumentando las penas, evitando rebajas, dictando normas y leyes, pero eso es una versión muy parcial. La ley puede ser técnicamente extraordinaria, pero lo que se requiere es logística, inteligencia y medios. Todas las agendas cortas de seguridad y el aumento de penas, la verdad es que han revelado ser insuficientes para dar seguridad a las personas.