Señor Director:
En relación a la carta enviada por Pablo Sanzana, presidente de la Asociación de Defensores y Defensoras Penales Públicos, nos parece curioso que los defensores públicos se sigan oponiendo a los avances tecnológicos, pese a que los principales beneficiados han sido los propios imputados, quienes, durante todo el período en que se han realizado audiencias telemáticas, han podido comparecer a audiencias sin tener que perder tiempo y recursos en desplazarse a los tribunales. Tanto han comparecido los imputados que durante este período los tribunales han despachado solo un tercio de órdenes de detención, por falta de comparecencia, que se emitían previo a la pandemia.
Creemos que en casos particulares y específicos algunas audiencias deben ser físicamente presenciales, cuestión que deberá ser analizada y decida por el tribunal de garantía, quien es funcionalmente el encargado de resolver este tipo de cuestiones, sin que deban existir más restricciones y limitaciones que las del respeto de los derechos y garantías de todos los intervinientes.
El acceso a la justicia no es sinónimo de presencia “física” de los intervinientes en los tribunales, la que por supuesto no descartamos. La presencia “virtual” resulta no solo tan válida, eficaz y eficiente si no muchas veces la vía más expedita y menos onerosa, particularmente para millones de chilenos y chilenas como adultos mayores, personas con alguna discapacidad o que viven alejados de los tribunales de justicia, y cuyo desplazamiento además importa gastos en locomoción, entre otros.
Francisco Bravo López
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales