En medio de los cuestionamientos por el rol que jugó el Fiscal Nacional en el Caso SQM -quien sostuvo reuniones con algunos investigados en los días previos a su ascenso al mando del Ministerio Público-, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, trata de moderar las críticas para apuntar a un problema estructural: la injerencia de la política en la Fiscalía. «Decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía», subraya.
Francisco Bravo
Las aguas no han estado tranquilas en la Fiscalía en los últimos días. Las últimas revelaciones sobre el rol que jugó Jorge Abbott en el marco del Caso SQM han vuelto a cubrir el organismo de la nube negra de la desconfianza.
El timonel del Ministerio Público recibió el respaldo de los fiscales regionales, quienes aseguraron que “jamás ha intervenido” en sus causas, menos en aquellas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, tanto la Federación de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) como la Asociación de Fiscales salieron a golpear la mesa.
En un comunicado público, esta última manifestó que las reuniones con parlamentarios, en un contexto previo a la elección del nuevo fiscal nacional y con las investigaciones en curso, “no eran convenientes ya que afectaban la transparencia”. También calificaron de “cuestionable” la decisión que se tomó sobre el senador Iván Moreira (UDI) y llamaron a Abbott a dar una explicación.
La Asociación de Fiscales es encabezada desde mayo por Francisco Bravo, actual persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. En conversación con The Clinic apunta a las profundas debilidades que afectan al organismo.
“Yo no quisiera personalizar en Jorge Abbott los males de la fiscalía. Creo que eso es injusto. Creo que particularmente en el mecanismo de elección del fiscal nacional, hay un problema más bien estructural, sistémico, que nunca ha sido abordado y sus falencias se manifestaron de forma más evidente en 2015, año que fue atravesado por las causas de delitos tributarios asociados al financiamiento en la política. Pero decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”, subraya.
– ¿A qué se refiere con “problema estructural”?
A asegurarle a la ciudadanía de que el Ministerio Público está exento de las incidencias políticas. Hay dos cuestiones aquí que son relevantes: una tiene que ver con sacar del mecanismo de elección toda injerencia política, incluso para los fiscales regionales, donde existe una extraña intervención del Poder Judicial en la confección de la terna. Eso es bien disfuncional, porque nosotros litigamos con los tribunales, entonces que los tribunales participen en nuestras designaciones es una cuestión que a nosotros nos parece bien disfuncional.
“Decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”
– Francisco Bravo
– ¿Y lo otro?
Quitar de las potestades del fiscal nacional toda la superintendencia correccional, porque ese es un mecanismo que puede ser de presión indirecta en las decisiones que tomen los fiscales. Y lo otro, que también es una definición como Asociación, es que se reivindique la independencia técnica de los fiscales operativos o adjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un fiscal regional quiere sacar a un fiscal adjunto incómodo, por ejemplo, porque está investigando “cuestiones que a lo mejor molestan”, ese fiscal regional tiene que dictar una decisión motivada. Tiene que justificar esa decisión. No puede llegar y decir: “no, es que soy fiscal regional y por la jerarquía”. No. Tiene que motivar esa decisión.
– No deja de llamarme la atención que, en su declaración pública, la Asociación diga que estas reuniones “no fueron convenientes”, y ahora me diga que acusar a Abbott es injusto…
Nos parece que hay que hacer las distinciones, hay autoridades que tienen que responder. Y con esto, nosotros no hacemos un emplazamiento al Fiscal Nacional en la figura de Jorge Abbott, digamos. Hacemos un emplazamiento a las autoridades en general, que respondan por lo que ocurrió. Por eso es que yo partí diciendo que me parece injusto y un poco cobarde exponer a Jorge Abbott, cuando en rigor hay más colegas. O sea, todos los candidatos hicieron lo mismo. Se reunieron con ministros de la Corte Suprema o hicieron el “lobby” para ser candidatos. Y luego, paralelamente, iban con los senadores para conseguir los votos necesarios en una eventual designación.
– Pero esas reuniones, según señalaba el exfiscal Carlos Gajardo, están fuera de la ley…
Son reuniones completamente impropias. Por eso te digo, todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural. Tiene que ver con que “mire aquí, esto hay que cambiarlo”. Hay que cambiar el mecanismo de designación, hay que sacar al mundo político de las elecciones.
– ¿Hay que sacar completamente al parlamento de la elección del fiscal nacional?
Esto de las intervenciones del Senado existen en otros países, lo que pasa es que la desgracia fue que el 2015 muchos de esos políticos y sus partidos, directa o indirectamente, estaban siendo investigados por financiamiento ilegal en política. Entonces claro, se ve peor que se reunieran con senadores que estaban en la mira de las investigaciones. Eso se ve horrible. Naturalmente genera un efecto tanto en la imagen institucional, pésimo desde el punto de vista de la credibilidad. En eso no hay ninguna duda. Pero donde hay que caminar es a decir: “bueno, ¿cómo resolvemos esto?”. Y no volver a repetirlo.
– ¿Cómo se debiera elegir al fiscal nacional?
Basta con que se modifique la ley orgánica del Ministerio Público, que diga que el mecanismo de elección para un fiscal nacional será de tal manera y bajo criterios técnicos como experiencia, capacidad, formación. Es decir, que llegue la mejor persona para ser fiscal nacional, sin que tenga que rendirle cuentas o pagándole favores a un senador o diputado de algún partido político. A eso apuntamos, y obviamente rechazamos todas estas reuniones que son completamente impropias e inconvenientes, que generan todas estas suspicacias y desconfianzas en un contexto histórico que está viviendo el país, donde las instituciones han perdido la credibilidad.
“Todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural”
– Francisco Bravo
“Yo no estoy haciendo una defensa”
– Esas reuniones del fiscal Abbott tuvieron efectos sobre causas que se investigaban, que eran emblemáticas del financiamiento ilegal de la política. Hay responsabilidad ahí también…
Yo no estoy haciendo una defensa en lo absoluto, lo que estoy diciendo es que hay un problema más estructural y de fondo, porque la pregunta que yo podría hacer es: Bueno, ¿y de no ser Abbott? Si hubiese sido otro fiscal nacional, ¿las cosas hubiesen sido distintas? Otros también se reunieron con parlamentarios y ministros de la Corte Suprema. Es la pregunta que yo me hago y reflexiono, tratando de mirar esto con cierto grado de “ecuanimidad”.
– Pero el fiscal Abbott fue el que lo hizo.
No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, a lo mejor me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Es personal o estructural? Me parece que es un problema estructural, y por lo tanto la decisión, resolución y abordaje de esto, tiene que ser estructural.
– ¿Entonces no va a pasar nada? ¿Habrá impunidad?
Nosotros estamos pidiendo explicaciones, y respecto a un caso en concreto, que es la situación condicional del senador Moreira. Emplazamos a las autoridades que son responsables de eso, porque yo puedo decir Abbott, sí, de acuerdo. Pero la decisión formal y concreta, corresponde al fiscal regional de esa época (Manuel Guerra). Él toma operativamente la decisión, porque formalmente y desde el punto de vista legal, a él le corresponde, no al Fiscal Nacional. Entonces, nosotros decimos que ellos son los que tienen que dar explicaciones al país sobre qué pasó con este caso de una persona que era confeso reconocido…
– El famoso “raspado de la olla”…
Así es. Nosotros hacemos un llamado a que expliquen por qué se llegó a esa decisión. La ciudadanía necesita que se les explique por qué se toman determinadas decisiones con tremendo impacto. Nosotros, como ente público, como fiscales operativos que estaremos en la Fiscalía durante los próximos años, tendremos que seguir pagando los costos de ese tipo de decisiones. También requerimos una explicación respecto a eso.
“No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado”
– Francisco Bravo
Un llamado a los constituyentes
A fines de mayo, la Asociación de Fiscales realizó un llamado para la elaboración de una propuesta para mejorar la labor del Ministerio Público. Con la colaboración de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y la participación activa de un centenar de persecutores, de dichos cabildos emanó un documento de 12 páginas titulado: “Siete propuestas al poder constituyente”.
– Una de sus propuestas es que el fiscal nacional sea elegido por un Consejo Técnico. ¿Quiénes lo conformarían?
La idea es que esté formado por un nombre académico, también por jueces y naturalmente por fiscales. Que sea un consejo permanente que de garantías, que sea pluralista, paritario, y en donde los criterios de selección sean como los estándares del sistema de servicio civil de alta dirección pública. Es decir, estándares técnicos con puntajes y en donde las personas vayan pasando filtros. Donde no haya márgenes a la desconfianza. Que no se diga: “Ah, este es el regalón de la administración del gobierno de turno o de las mayorías parlamentarias ocasionales”. Es el símil de lo que la Asociación de Magistrados plantea para su realidad de lo que ellos llaman el Consejo de Alta Magistratura.
-¿Cómo se elegirían los miembros?
Eso no está definido aún. Nosotros definimos cuestiones de carácter conceptual y de principios, y probablemente las regulaciones que tengan que hacerse en una ley, ni siquiera en una nueva Constitución. Una ley que garantice que la persona que sea fiscal nacional sea una persona con experiencia, capacidades, idoneidad técnica y moral, fuera de injerencia de la política.
– ¿Habría algún tipo de participación del Gobierno o del Congreso en este consejo?
Nosotros consideramos que si hay una intervención del Legislativo o Ejecutivo, debiese ser indirecta. Por ejemplo, que el Ejecutivo quiera nombrar a un rector de una universidad del Consejo de Rectores, y el Legislativo algo similar. O un decano de alguna facultad de derecho. Esto deberá ser limitado, en el fondo, que no sea una designación de cualquier persona. Debe tener trayectoria, incidencia o relación con la cuestión que se va a definir.
– También se propone que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria. ¿Por qué?
La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música. Al final uno queda entregado al gobierno de turno. Nosotros no estamos diciendo que no tengamos que tener control ni que no tengamos que rendir cuentas, por el contrario. Estamos de acuerdo con los controles, pero ojo, cuidado con que esos controles “incidan” en la persecución penal. Eso es una situación compleja, como te digo. Es muy fácil controlar a un organismo con el tema del dinero restringiendo sus capacidades en la dotación de recursos.
“La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música”
– Francisco Bravo
– Otro de los temas claves es la titularidad penal en todos los delitos. Imagino que esto es a propósito de las limitaciones que tuvieron con Servicio de Impuestos Internos…
Ahí hay que hacer un aprendiz, porque uno espera que el Servicio de Impuestos Internos, o incluso los delitos electorales, son delitos de previa instancia particular. Nosotros, para investigar delitos tributarios, requerimos querella del SII. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hay que fortalecer la acción penal pública y deberíamos así investigar delitos tributarios. Más que eso, cuando hay delitos tributarios que están vinculados con hechos de corrupción, el Ministerio Público debe tener acción penal pública e investigar sí o sí. Aunque sea de oficio, sin esperar una denuncia de querella de parte de SII. En ese sentido, esperamos que el país y el mundo político aprenda la lección. Estas situaciones no se pueden volver a repetir.
– ¿Cuál fue el principal problema que tuvo la Fiscalía ahí?
Que el SII restringió la investigación por parte de la Fiscalía. Limitó, abortó y cercenó la acción de la Fiscalía, porque ellos tenían el sartén por el mango al decir: sabe qué, nos vamos a querellar nominativamente. Es decir, sólo contra esta persona en específico y contra nadie más, aunque en la carpeta investigativa habían más personas con más responsabilidades. Y bueno, ahí tenemos el resultado de SQM, que en la Quinta Región se tomó la decisión de no perseverar porque no habían querellas por parte del SII. Entonces llegamos hasta un cierto punto en el que los fiscales dijeron: no podemos seguir adelante porque aquí hay un problema como servicio.
– ¿Se deben cambiar algunas facultades del SII también?
A lo mejor habrá que estudiar la autonomía de SII, no sé. No me meto en eso, pero la lección es: a nosotros no se nos puede cercenar nuestras facultades investigativas e insisto, particularmente, cuando esos delitos tributarios están asociados a hechos de corrupción.
Las aguas no han estado tranquilas en la Fiscalía en los últimos días. Las últimas revelaciones sobre el rol que jugó Jorge Abbott en el marco del Caso SQM han vuelto a cubrir el organismo de la nube negra de la desconfianza.
El timonel del Ministerio Público recibió el respaldo de los fiscales regionales, quienes aseguraron que “jamás ha intervenido” en sus causas, menos en aquellas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, tanto la Federación de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) como la Asociación de Fiscales salieron a golpear la mesa.
En un comunicado público, esta última manifestó que las reuniones con parlamentarios, en un contexto previo a la elección del nuevo fiscal nacional y con las investigaciones en curso, “no eran convenientes ya que afectaban la transparencia”. También calificaron de “cuestionable” la decisión que se tomó sobre el senador Iván Moreira (UDI) y llamaron a Abbott a dar una explicación.
La Asociación de Fiscales es encabezada desde mayo por Francisco Bravo, actual persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. En conversación con The Clinic apunta a las profundas debilidades que afectan al organismo.
“Yo no quisiera personalizar en Jorge Abbott los males de la fiscalía. Creo que eso es injusto. Creo que particularmente en el mecanismo de elección del fiscal nacional, hay un problema más bien estructural, sistémico, que nunca ha sido abordado y sus falencias se manifestaron de forma más evidente en 2015, año que fue atravesado por las causas de delitos tributarios asociados al financiamiento en la política. Pero decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”, subraya.
– ¿A qué se refiere con “problema estructural”?
A asegurarle a la ciudadanía de que el Ministerio Público está exento de las incidencias políticas. Hay dos cuestiones aquí que son relevantes: una tiene que ver con sacar del mecanismo de elección toda injerencia política, incluso para los fiscales regionales, donde existe una extraña intervención del Poder Judicial en la confección de la terna. Eso es bien disfuncional, porque nosotros litigamos con los tribunales, entonces que los tribunales participen en nuestras designaciones es una cuestión que a nosotros nos parece bien disfuncional.
“Decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”
– Francisco Bravo
– ¿Y lo otro?
Quitar de las potestades del fiscal nacional toda la superintendencia correccional, porque ese es un mecanismo que puede ser de presión indirecta en las decisiones que tomen los fiscales. Y lo otro, que también es una definición como Asociación, es que se reivindique la independencia técnica de los fiscales operativos o adjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un fiscal regional quiere sacar a un fiscal adjunto incómodo, por ejemplo, porque está investigando “cuestiones que a lo mejor molestan”, ese fiscal regional tiene que dictar una decisión motivada. Tiene que justificar esa decisión. No puede llegar y decir: “no, es que soy fiscal regional y por la jerarquía”. No. Tiene que motivar esa decisión.
– No deja de llamarme la atención que, en su declaración pública, la Asociación diga que estas reuniones “no fueron convenientes”, y ahora me diga que acusar a Abbott es injusto…
Nos parece que hay que hacer las distinciones, hay autoridades que tienen que responder. Y con esto, nosotros no hacemos un emplazamiento al Fiscal Nacional en la figura de Jorge Abbott, digamos. Hacemos un emplazamiento a las autoridades en general, que respondan por lo que ocurrió. Por eso es que yo partí diciendo que me parece injusto y un poco cobarde exponer a Jorge Abbott, cuando en rigor hay más colegas. O sea, todos los candidatos hicieron lo mismo. Se reunieron con ministros de la Corte Suprema o hicieron el “lobby” para ser candidatos. Y luego, paralelamente, iban con los senadores para conseguir los votos necesarios en una eventual designación.
– Pero esas reuniones, según señalaba el exfiscal Carlos Gajardo, están fuera de la ley…
Son reuniones completamente impropias. Por eso te digo, todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural. Tiene que ver con que “mire aquí, esto hay que cambiarlo”. Hay que cambiar el mecanismo de designación, hay que sacar al mundo político de las elecciones.
– ¿Hay que sacar completamente al parlamento de la elección del fiscal nacional?
Esto de las intervenciones del Senado existen en otros países, lo que pasa es que la desgracia fue que el 2015 muchos de esos políticos y sus partidos, directa o indirectamente, estaban siendo investigados por financiamiento ilegal en política. Entonces claro, se ve peor que se reunieran con senadores que estaban en la mira de las investigaciones. Eso se ve horrible. Naturalmente genera un efecto tanto en la imagen institucional, pésimo desde el punto de vista de la credibilidad. En eso no hay ninguna duda. Pero donde hay que caminar es a decir: “bueno, ¿cómo resolvemos esto?”. Y no volver a repetirlo.
– ¿Cómo se debiera elegir al fiscal nacional?
Basta con que se modifique la ley orgánica del Ministerio Público, que diga que el mecanismo de elección para un fiscal nacional será de tal manera y bajo criterios técnicos como experiencia, capacidad, formación. Es decir, que llegue la mejor persona para ser fiscal nacional, sin que tenga que rendirle cuentas o pagándole favores a un senador o diputado de algún partido político. A eso apuntamos, y obviamente rechazamos todas estas reuniones que son completamente impropias e inconvenientes, que generan todas estas suspicacias y desconfianzas en un contexto histórico que está viviendo el país, donde las instituciones han perdido la credibilidad.
“Todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural”
– Francisco Bravo
“Yo no estoy haciendo una defensa”
– Esas reuniones del fiscal Abbott tuvieron efectos sobre causas que se investigaban, que eran emblemáticas del financiamiento ilegal de la política. Hay responsabilidad ahí también…
Yo no estoy haciendo una defensa en lo absoluto, lo que estoy diciendo es que hay un problema más estructural y de fondo, porque la pregunta que yo podría hacer es: Bueno, ¿y de no ser Abbott? Si hubiese sido otro fiscal nacional, ¿las cosas hubiesen sido distintas? Otros también se reunieron con parlamentarios y ministros de la Corte Suprema. Es la pregunta que yo me hago y reflexiono, tratando de mirar esto con cierto grado de “ecuanimidad”.
– Pero el fiscal Abbott fue el que lo hizo.
No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, a lo mejor me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Es personal o estructural? Me parece que es un problema estructural, y por lo tanto la decisión, resolución y abordaje de esto, tiene que ser estructural.
– ¿Entonces no va a pasar nada? ¿Habrá impunidad?
Nosotros estamos pidiendo explicaciones, y respecto a un caso en concreto, que es la situación condicional del senador Moreira. Emplazamos a las autoridades que son responsables de eso, porque yo puedo decir Abbott, sí, de acuerdo. Pero la decisión formal y concreta, corresponde al fiscal regional de esa época (Manuel Guerra). Él toma operativamente la decisión, porque formalmente y desde el punto de vista legal, a él le corresponde, no al Fiscal Nacional. Entonces, nosotros decimos que ellos son los que tienen que dar explicaciones al país sobre qué pasó con este caso de una persona que era confeso reconocido…
– El famoso “raspado de la olla”…
Así es. Nosotros hacemos un llamado a que expliquen por qué se llegó a esa decisión. La ciudadanía necesita que se les explique por qué se toman determinadas decisiones con tremendo impacto. Nosotros, como ente público, como fiscales operativos que estaremos en la Fiscalía durante los próximos años, tendremos que seguir pagando los costos de ese tipo de decisiones. También requerimos una explicación respecto a eso.
“No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado”
– Francisco Bravo
Un llamado a los constituyentes
A fines de mayo, la Asociación de Fiscales realizó un llamado para la elaboración de una propuesta para mejorar la labor del Ministerio Público. Con la colaboración de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y la participación activa de un centenar de persecutores, de dichos cabildos emanó un documento de 12 páginas titulado: “Siete propuestas al poder constituyente”.
– Una de sus propuestas es que el fiscal nacional sea elegido por un Consejo Técnico. ¿Quiénes lo conformarían?
La idea es que esté formado por un nombre académico, también por jueces y naturalmente por fiscales. Que sea un consejo permanente que de garantías, que sea pluralista, paritario, y en donde los criterios de selección sean como los estándares del sistema de servicio civil de alta dirección pública. Es decir, estándares técnicos con puntajes y en donde las personas vayan pasando filtros. Donde no haya márgenes a la desconfianza. Que no se diga: “Ah, este es el regalón de la administración del gobierno de turno o de las mayorías parlamentarias ocasionales”. Es el símil de lo que la Asociación de Magistrados plantea para su realidad de lo que ellos llaman el Consejo de Alta Magistratura.
-¿Cómo se elegirían los miembros?
Eso no está definido aún. Nosotros definimos cuestiones de carácter conceptual y de principios, y probablemente las regulaciones que tengan que hacerse en una ley, ni siquiera en una nueva Constitución. Una ley que garantice que la persona que sea fiscal nacional sea una persona con experiencia, capacidades, idoneidad técnica y moral, fuera de injerencia de la política.
– ¿Habría algún tipo de participación del Gobierno o del Congreso en este consejo?
Nosotros consideramos que si hay una intervención del Legislativo o Ejecutivo, debiese ser indirecta. Por ejemplo, que el Ejecutivo quiera nombrar a un rector de una universidad del Consejo de Rectores, y el Legislativo algo similar. O un decano de alguna facultad de derecho. Esto deberá ser limitado, en el fondo, que no sea una designación de cualquier persona. Debe tener trayectoria, incidencia o relación con la cuestión que se va a definir.
– También se propone que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria. ¿Por qué?
La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música. Al final uno queda entregado al gobierno de turno. Nosotros no estamos diciendo que no tengamos que tener control ni que no tengamos que rendir cuentas, por el contrario. Estamos de acuerdo con los controles, pero ojo, cuidado con que esos controles “incidan” en la persecución penal. Eso es una situación compleja, como te digo. Es muy fácil controlar a un organismo con el tema del dinero restringiendo sus capacidades en la dotación de recursos.
“La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música”
– Francisco Bravo
– Otro de los temas claves es la titularidad penal en todos los delitos. Imagino que esto es a propósito de las limitaciones que tuvieron con Servicio de Impuestos Internos…
Ahí hay que hacer un aprendiz, porque uno espera que el Servicio de Impuestos Internos, o incluso los delitos electorales, son delitos de previa instancia particular. Nosotros, para investigar delitos tributarios, requerimos querella del SII. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hay que fortalecer la acción penal pública y deberíamos así investigar delitos tributarios. Más que eso, cuando hay delitos tributarios que están vinculados con hechos de corrupción, el Ministerio Público debe tener acción penal pública e investigar sí o sí. Aunque sea de oficio, sin esperar una denuncia de querella de parte de SII. En ese sentido, esperamos que el país y el mundo político aprenda la lección. Estas situaciones no se pueden volver a repetir.
– ¿Cuál fue el principal problema que tuvo la Fiscalía ahí?
Que el SII restringió la investigación por parte de la Fiscalía. Limitó, abortó y cercenó la acción de la Fiscalía, porque ellos tenían el sartén por el mango al decir: sabe qué, nos vamos a querellar nominativamente. Es decir, sólo contra esta persona en específico y contra nadie más, aunque en la carpeta investigativa habían más personas con más responsabilidades. Y bueno, ahí tenemos el resultado de SQM, que en la Quinta Región se tomó la decisión de no perseverar porque no habían querellas por parte del SII. Entonces llegamos hasta un cierto punto en el que los fiscales dijeron: no podemos seguir adelante porque aquí hay un problema como servicio.
– ¿Se deben cambiar algunas facultades del SII también?
A lo mejor habrá que estudiar la autonomía de SII, no sé. No me meto en eso, pero la lección es: a nosotros no se nos puede cercenar nuestras facultades investigativas e insisto, particularmente, cuando esos delitos tributarios están asociados a hechos de corrupción.
