Una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron este martes 24 de septiembre, las asociaciones de fiscales y magistrados, por estimar que la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.

La acción fue presentada en la sede de la Comisión por la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro Fuenzalida, y su par de los Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, acompañados del abogado chileno Ciro Colombara López, previo a un encuentro con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del tribunal, Soledad García-Muñoz.

Los gremios de jueces y de fiscales decidieron recurrir al Sistema Interamericano de DDHH luego de agotar todas las acciones y recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el año 2016, materia que, de acuerdo con la legislación chilena, se incluye en la discusión de la ley de presupuesto de la Nación en noviembre de cada año.

Para ambas asociaciones, si bien el congelamiento no fue permanente, resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes, como que estén sujetos a la contingencia política, por lo que estiman relevante una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables.