‘Uno echa de menos que las policías especializadas, como la Brigada de Homicidios (de la PDI) y el OS9 de Carabineros, se dediquen exclusivamente a la investigación penal, porque muchas veces (…) también se dedican a asuntos de carácter operativo cuando hay contingencias, en especial, en Carabineros’, comenta el presidente del gremio, Francisco Bravo.
También, dice, buscan que sus ‘instrucciones tengan ‘una facultad de imperio’ respecto de las policías, incluso, con facultades coercitivas que hoy no existen’, porque, ejemplifica, en ocasiones los funcionarios no llegan a las audiencias de juicio y, si su testimonio es prueba relevante, puede haber riesgo de absolución.
En el texto sugieren establecer a nivel constitucional la responsabilidad disciplinaria de las policías por las instrucciones de la fiscalía que sean incumplidas.
Sobre dar rango constitucional a los derechos de las víctimas, el presidente de la ANF explica que hoy estos son reconocidos en el código; sin embargo, la idea es elevarlos y que ‘lleven aparejados mecanismos o garantías que permitan su ejercicio’.
Además, recuerda, ‘siempre está la discusión acerca de si corresponde o no al Ministerio Público protegerlas y cómo eso se compatibiliza con el principio de objetividad’. Eso se discutió mucho, ‘pero no tomamos una decisión —afirma— acerca de si hay que fortalecer las unidades de víctimas de la fiscalía o pensar en un órgano especializado’.
El gremio recomienda también que el Estado asegure la protección de quienes intervienen en el proceso penal —sean fiscales, jueces, defensores u otros— y sus familias, particularmente, en jurisdicciones complejas, como la Macrozona Sur o aquellas donde hay una fuerte presencia de narcotráfico.
Para Bravo, ‘los fiscales en general están expuestos y lo sabemos, y esto es ‘sin llorar’, dicen algunos, pero tampoco significa que los fiscales se transformen en héroes, no corresponde, el Estado de Derecho debe velar por la función del fiscal, no por el cuidado y protección de este en cuanto tal persona’.
‘No es posible que a un fiscal le quemen una casa, lo estén amenazando con un cartel y le digan que lo tienen en la mira a él y su familia, como ocurrió hace tres semanas en la Macrozona Sur, o que otro fiscal se encuentre con una emboscada después de ir a un sitio del suceso. Ahí el Estado está fallando’, advierte.
Además, el gremio busca introducir cambios en el sistema de nombramiento de fiscales nacional, regional y adjunto, con foco en la carrera funcionaria.
‘El ‘paraguas’ o elemento cardinal de los nombramientos tiene que ver con tres aspectos. Uno con la idoneidad técnica profesional tanto del fiscal nacional como de los fiscales. Segundo, con eliminar cualquier tipo de conflicto de interés y, lo tercero, tiene que ver con enfatizar con que sean funcionarios de carrera’, dice el presidente del gremio. Aspiran a que quienes postulen a estos cargos ‘tengan calle’, afirma.
Carrera funcionaria en la Constitución
Se propone que exista un consejo técnico para las designaciones y que no haya participación del Poder Judicial en el nombramiento del fiscal nacional y, especialmente, en el caso de los regionales, que los requisitos sean calificados por el organismo académico o técnico que defina en la Constitución.
Para los regionales, además, sugieren que sea elegido de una cuaterna, idealmente compuesta por dos hombres y dos mujeres —hoy existen ternas—, elaborada por el Consejo de Fiscales Regionales. Los postulantes plantean que sean de carrera (al menos 10 años como fiscales) y acortan el período en el cargo, de ocho a cuatro años. En el caso de los fiscales adjuntos, el gremio opta por la promoción interna antes que por los concursos públicos. El ánimo es incorporar la carrera funcionaria expresamente en la Constitución.
Incluye también el documento de la ANF un apartado con recomendaciones en el ámbito disciplinario. ‘Ese es un tema crucial para nosotros. Uno podrá discutir si eso debería tener rango constitucional o legal, nosotros consideramos como mínimo que todo el régimen disciplinario debe tener al menos rango legal y no reglamentario, como hoy ocurre’, sostiene Bravo.
Cambios a régimen disciplinario
A juicio del gremio, puntualiza, ‘el régimen disciplinario de los fiscales tiene serios problemas y déficit en materia de debido proceso, creemos que el actual régimen tiene claros elementos inquisitivos’ y que la fiscalía tiene ‘un problema grave de incumplimiento de tratados internacionales en esta materia’. Ahora, el detalle del nuevo proceso disciplinario, piensan, debiese ser definido por ley, ‘por ejemplo, las conductas sancionables, cosa que no existe hoy’.
