En entrevista con el programa Vía Pública de canal 24 Horas, el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a lo que se aproxima en el debate constituyente, las cargas de trabajo y las causas de Derechos Humanos tras el Estallido Social.

El Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, entregó su postura y sus proyecciones sobre el gremio en una entrevista al programa Vía Pública del canal 24 Horas de TVN.

La próxima Convención Constitucional, los delitos por violaciones a los derechos humanos y la reciente decisión de revisar los casos archivados, las cargas de trabajo y enfoques del nuevo directorio fueron los temas analizados por Bravo ayer en conversación con el periodista Matías del Río. A continuación, los detalles de sus declaraciones:

-¿Qué debiéramos esperar para los fiscales en la discusión constituyente?

-Creo que tiene que ver con que tenemos una experiencia en las labores gremiales y fui cofundador de la Asociación Nacional de Fiscales en 2007, pero, además, tiene que ver con que nosotros hemos planteado la necesidad de que el Ministerio Público y el gremio de los fiscales participe activamente en la Convención Constitucional, en lo que a nuestro trabajo respecta. Nosotros creemos que es necesario robustecer la autonomía del Ministerio Público, robustecer al Ministerio Público en sí mismo. Creo que en un Estado de Derecho es importante tener una fiscalía que le dé garantías a todos en orden a poder investigar con profundidad, con acuciosidad y con objetividad los hechos constitutivos de delito.

-¿Qué es en concreto robustecer la autonomía? ¿qué autonomías les hacen falta?

-El MP es un órgano autónomo, independiente. Para que se entienda en un lenguaje más simple, en el orden de la persecución penal. Cuando hablo de robustecer la autonomía, hablo de que hay ciertas brechas que han sido cuestionadas desde el punto de vista académico y político, que dice relación particularmente con la elección de las autoridades del MP.

Esto no tiene que ver con una persona en particular, sino que con un sistema de elección. En la elección de los fiscales regionales, por ejemplo, participa activamente el Poder Judicial, los plenos de las Cortes de Apelaciones.  Ahí hay cuestionamientos académicos en el sentido de que las Cortes de Apelaciones son parte del sistema procesal penal directamente porque ellos son los que deciden los conflictos jurisdiccionales y nosotros somos intervinientes y sujetos procesales en el mismo proceso penal.

Por otra parte, respecto a la elección del Fiscal Nacional, hay una participación que también opera en el caso de los ministros de la Corte Suprema, es decir, participa por una parte el pleno de la Corte Suprema, luego participa el Presidente de la República y luego participa el Senado. Esa composición tripartita en la elección del Fiscal Nacional ha tenido cuestionamientos desde el punto de vista ante la eventual injerencia política en las nominaciones.

-Esto no es privativo de los fiscales, esta generación de autoridades ocurre también en el Poder Judicial y otros organismos del estado…

-Eso ha tenido varios cuestionamientos en el último tiempo y de hecho no solamente nosotros, la Asociación de Magistrados ha planteado que respecto de las carreras al interior del Poder Judicial y las nominaciones en las Cortes o en los tribunales superiores de la justicia deberían ser entregados a un Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que una figura similar podría operar respecto de las nominaciones del Fiscal Nacional y también de los fiscales regionales y en eso el énfasis del gremio tiene que ver con que idealmente los fiscales regionales y el Fiscal Nacional puedan tener una experiencia operativa dentro del Ministerio Público. Que es un giro bastante particular y probablemente nos ha faltado a la institución y al gremio, poder explicar de mejor manera cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función en el sistema de persecución penal.

-Usted ha indicado que el gremio va a estar como un órgano de apoyo, ¿cómo van a dar a conocer a quienes en ese momento estén diseñando la nueva Constitución su punto de vista? ¿Cómo van a operar internamente y van a dar a conocer el punto de vista para que no parezca que están presionando?

-La idea es plantear nuestro punto de vista y en ese sentido ya está decidido un camino que vamos a seguir. Vamos a llamar a una asamblea extraordinaria a todos los asociados. Nosotros somos 755 fiscales de los cuales, cerca de 700 están asociados. Tenemos un alto nivel de asociatividad. Vamos a hacer una convocatoria amplia para que participe todo aquel que quiera participar y vamos a generar subcomisiones guiadas por un constitucionalista y un profesor de derecho procesal penal del más alto nivel que van a guiar las discusiones de las subcomisiones, luego esto va a ir a un plenario que va a aprobar estas conclusiones o reflexiones que hagan los fiscales y de ahí se va a emitir un documento redactado por estos profesores a fin de que tengamos una presentación seria y de alto nivel académico para luego entregarlo a los convencionales que sean elegidos.

-Dado que usted reasume la cabeza del gremio ¿Con qué se encuentra? Con este nuevo Ministerio Público que muchas veces lo critican, que la gente no confía porque no tienen medios, no llegan. O muchas veces uno va a la fiscalía y su caso queda archivado. Para qué si no se investigan la cantidad de delitos que están ocurriendo ¿Por qué ocurre eso? ¿le parece que es una crítica que tiene asidero?

-La crítica es atendible, pero yo lo pondría desde la siguiente perspectiva desde el punto de vista del gremio. Yo le voy a poner dos datos que me parecen relevantes poner sobre la mesa. Nosotros somos 755 fiscales y tenemos un ingreso anual de aproximadamente 1 millón 400 mil causas. Si usted saca un promedio, estamos hablando de mil 800 causas por fiscal. El estudio de la Universidad Católica de Valparaíso del año 2000, de la Escuela de Ingeniería, estableció que el ideal fuera que cada fiscal tuviera aproximadamente mil causas, es decir, prácticamente la mitad de lo que tiene hoy en día e idealmente tuviera un abogado asistente cada fiscal.

En la práctica lo que tiene cada fiscal es medio abogado asistente. Es decir, claramente hay un déficit importante desde el punto de vista desde el personal y la capacidad instalada en el Ministerio Público hoy no da abasto porque el sistema está congestionado, el sistema está viviendo una situación de estrés. Hay un dato que aportó la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que relevó la Asociación de Magistrados no hace mucho tiempo y que el sistema procesal penal para ponerse al día, con lo que ocurrió, además de la pandemia, es de aproximadamente dos años, con esfuerzos obviamente, logísticos y de personal. Un segundo dato que le puedo entregar.

El año 2000 se inició la Reforma Procesal Penal y se han dictado sucesivas leyes y voy a mencionar sólo dos. La ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. Esa ley aumentó importantemente los ingresos a la fiscalía, pero no estuvo aparejada de una mayor dotación de fiscales ni funcionarios. Un segundo ejemplo, la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente que entregó a la fiscalía, la persecución de los delitos de adolescentes rebajando la edad a los 14 años. Eso significó también un tremendo aumento y solamente hubo unos* fiscales más. Es decir, aquí se van dictando leyes y nosotros respetamos la facultad legisladora y colegisladora del poder legislativo, pero…

-Pero no se adjuntan los recursos necesarios…

-Exactamente, entonces nosotros tenemos la mejor voluntad para investigar. Hay causas de DDHH que el Fiscal Nacional ha relevado que es necesario profundizar en esas investigaciones, otras reabrirlas y ahí también, tenemos 8 mil causas.

-El Fiscal Nacional ha pedido que se reabran y ha sido parte de alegatos que desde la clase política han hecho, que después del 18 de octubre, se cerraron sin mayor resolución, muchos casos, que se archivaron. ¿Esos casos que pide reabrir el Fiscal Nacional se cerraron porque no había mérito, no había más que investigar o no tuvieron recursos para investigar?

-Yo creo que la respuesta es bastante compleja, porque esto es una serie de factores. En primer lugar, el país y el Ministerio Público no estaba preparado para recibir un aumento tan exponencial de causas, de un 400% en relación con violencia institucional. La unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tiene 10 personas que no solamente se dedican a esto, tienen también encargados los problemas de violencia de género y de delitos sexuales. La Fiscalía Nacional y el MP se encontró con una situación que era muy nueva desde el punto de vista de la investigación penal. Nueva en el sentido de que aumentaron exponencialmente este tipo de delito, básicamente los apremios ilegítimos, algunos casos menores de tortura, y otro caso de abusos contra particulares. Insisto, estamos hablando de un 400% de aumento en ese solo tipo de delito, sin perjuicio del aumento en otros ámbitos también.

Ese tipo de delito debe ser investigado, no solamente por mandato constitucional y legal, sino que también por un compromiso del Fiscal Nacional. En consecuencia, lo que hace el Fiscal Nacional es naturalmente hacerse cargo de esas obligaciones. Hay que investigar con la debida diligencia ese tipo de casos. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos personal especializado. Se aplican metodologías especiales en ese tipo de investigaciones.

-¿Usted da garantía de que el MP, solamente por recursos escasos se cerraron algunas de estas causas? ¿No hay negligencia de algunos fiscales o del MP de investigar más a fondo acusaciones a violaciones a los DD.HH?

-No, yo eso lo descarto categóricamente. Los Fiscales tenemos la mejor voluntad de investigar este tipo de causas y otro tipo de causas. Pero aquí nos encontramos con un fenómeno nuevo. Le voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Muchas de estas causas que ingresaban al MP eran caratuladas como “lesiones”.

Entonces cuando uno preguntaba cuántas causas hay en relación con violencia institucional producto del estallido social, no había mucha claridad. Porque como no estábamos preparados para recibir ni catalogar ese tipo de causas y tipificarlas adecuadamente, ingresaban con el delito común: lesiones, amenazas, etc. Entonces la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tuvo que hacer un trabajo prácticamente a mano, caso a caso, para ir viendo y levantando la información y ahí se llega a la cifra de 8 mil 500 causas.

Entonces en esa indagatoria, se fue vislumbrando que tenían relación con el estallido social y que se referían a causas de violencia institucional. Y eso se fue descubriendo que muchas causas habían sido archivadas porque el patrón o los criterios de actuación respecto de ese tipo de casos, sin la consideración de que fueran violencia institucional, se seguía el camino común y el protocolo común de actuación. En muchos casos no había imputado conocido que es el gran problema de investigar una causa. Entonces se hacían diligencias comunes y luego de un tiempo, no prosperaban esas indagaciones y se cerraban.

Después que la Unidad de DD.HH. levanta toda esta información y efectivamente vemos que estos delitos están vinculados con violencia institucional, se prenden las alarmas y se dice “mira, estos no son casos comunes, son casos que tienen que ver con casos de DD.HH.” y, por lo tanto, aquí viene la voluntad del Fiscal Nacional expresada en su cuenta pública días atrás de crear, por ejemplo, una fiscalía especializada en Derechos Humanos. Eso habrá que discutirlo y ver cuál es el mejor modelo, pero la voluntad de los fiscales, del gremio de los fiscales, de los fiscales adjuntos y también me imagino los Fiscales regionales es investigar estos casos y cumplir con nuestro mandato legal y constitucional.