Este martes 3 de octubre, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, en conjunto con sus pares Magistrados, expusieron sus alegatos ante los integrantes del Tribunal Constitucional, para defender el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos tercero y octavo del artículo 1° de la Ley Número 20.975, sobre el reajuste salarial del sector público, donde se congeló para todos aquellos sueldos iguales o superiores a 4 millones cuatrocientos mil pesos, afectando a un grupo importante de persecutores y jueces a lo largo del país.

Dentro de los argumentos, el abogado Hernán Bosselin expuso que “la medida es arbitraria ya que no da, o no entrega razones para el congelamiento”. Indicó además que “para su promulgación, la mencionada Ley se trató en un día en ambas instancias del Parlamento”. A su vez, recordó que en aquella oportunidad, el diputado “Macaya hizo presente dicha arbitrariedad ante sus pares de la Cámara de Diputados. Lo mismo ocurrió en el Senado, donde los parlamentarios Navarro y Guillier coincidieron en que la medida era un retroceso y atentaba el incentivo de los profesionales fiscales o magistrados”.

La Presidenta de la organización gremial de los fiscales de Chile, Trinidad Steinert, se refirió a los alegatos señalando que “por dos períodos consecutivos parte de nuestros asociados han tenido un congelamiento de las remuneraciones. Por lo tanto, se han interpuesto los recursos pertinentes, como el que estamos alegando hoy, para indicar que fue una medida arbitraria de la autoridad y no fundada”. Agregó además que “afecta la autonomía de los fiscales, y eso es precisamente lo que queremos evitar, ya que va en retroceso con toda la normativa actual donde los persecutores puedan ingresar en forma tranquila al Ministerio Público, y que tengan una remuneración que no se vea alterada por otro órgano del Estado, como es el Congreso”.