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Francisco Bravo es el nuevo Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público

Con una histórica participación, casi el 90% de los fiscales asociados a la ANF, eligieron al nuevo directorio para el período 2021-2023, realizada entre los días 28 y 30 de abril.

El nuevo Directorio para el bienio 2021-2023 de la ANF se compone por el Presidente Francisco Bravo y en el cargo de Vicepresidente, Paolo Muñoz. Además, se incorporaron como directores Alejandra Godoy, Claudio Uribe, Marcelo Leiva, Érika Vargas y Marco Muñoz.

Francisco Bravo López es fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, lleva 16 años en el Ministerio Público y fue el primer Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales en su fundación el año 2007.

El fiscal Bravo agradeció el apoyo de los electores saludando «a todas y todos los colegas de Arica a Punta Arenas que participaron de este proceso eleccionario en una lección de civismo ejemplar, más del 90% de los asociados participaron en esta elección. En segundo lugar, el llamado a todos a unirnos tras importantes desafíos que se nos vienen. El Ministerio Público es un órgano fundamental no solamente en el sistema de enjuiciamiento criminal, sino que en el estado democrático de derecho que día a día necesitamos fortalecer”.

Por su parte, el presidente saliente de ANF, Claudio Uribe, se despide del cargo afirmando que “como directorio nos tocó un periodo difícil, desde 2019 a 2021, todo lo que fue el estallido social y posteriormente la pandemia. Fueron cosas que exigieron al máximo las capacidades del Ministerio Público, en un contexto en que los fiscales no disponemos de los medios necesarios para realizar nuestra labor en una forma digna y nos ha tocado como directorio de la ANF dar la lucha contra eso, todo esto cuando la ciudadanía, nos hace legítimamente mayores exigencias respecto de los resultados de nuestra labor”.

Cabe destacar que la Asociación Nacional de Fiscales agrupa al 88,6% de los fiscales que componen el Ministerio Público con 693 asociados.

Asociación Nacional de Fiscales realiza Segunda Jornada de Reflexión sobre situación del Ministerio Público frente a la Nueva Constitución

Por cerca de dos horas se desarrolló un amplio debate en torno a los posibles cambios que podría enfrentar el Ministerio Público frente a la elaboración de una nueva Constitución.

Este análisis se desarrolló el marco de la Segunda Jornada de Reflexión relacionada con el proceso constituyente organizada por el Comité de Seguimiento y Asistencia Legislativa de la Asociación Nacional de Fiscales, instancia integrada por Claudio Uribe, María Consuelo Oliva, Jorge Alfaro, Luis Barraza, Sandra Burgos y Jorge Vitar.

En la actividad gremial se analizaron diversos temas como la independencia externa e interna del Ministerio Público, trato igualitario entre jueces y fiscales, igualdad de género y de acceso a la institución, reconocimiento del derecho de asociación.

 

Convocatoria a Elecciones de Presidencia y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público para el período 2021 a 2023

En cumplimiento de los dispuesto por los artículos vigésimo séptimo y siguientes de los Estatutos de la ANF, el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, Convoca a Elecciones de Presidencia y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público para el período 2021 a 2023.

Atendido el estado de Pandemia que afecta actualmente al país, las dificultades de desplazamiento hoy existentes, la necesidad de respetar las normas sanitarias, las facultades extraordinarias que el artículo 33 letra G del Estatuto entregan a este Presidente y lo resuelto por el Consejo Nacional de la ANF en las sesiones de los días 15 y 18 de marzo de 2021, la elección se realizará con las siguientes modificaciones:

1.-La elección se realizará por medios electrónicos desde las 8 horas del 28 de abril, hasta las 15 horas del 30 de abril del año 2021. Para ello, el Directorio de la ANF contratará los servicios de una empresa especializada, que otorgue garantías de seriedad, transparencia en el manejo de la información, sencillez en la forma de votar, seguridad, respeto por la reserva del voto y diligencia.

2.- El plazo para postular a la Presidencia o el Directorio vence impostergablemente el viernes 9 de abril de 2021. Las candidaturas inscritas podrán acreditar el hecho de ser presentada por 20 asociados por cualquier medio que se estimen idóneo. El caso de duda, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) estará expresamente facultado para consultar a cualquier asociado si suscribió el apoyo que se está haciendo valer.

3.-El plazo para que las regiones informen el nombre de su Consejero, que es candidato al Directorio por derecho propio, vence también el viernes 9 de abril de 2021.

4.- Una vez conocido el resultado, el Tricel lo informará de la forma más inmediata posible por todos los medios que estime idóneo. Lo anterior, sin perjuicio de redactar y protocolizar las actas de elección respectivas.

5.- La Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2021 se realizará por vía Zoom con fecha 30 de abril de 2021 a las 15 horas. En dicha ocasión la Directiva saliente informará el Estado de Cuentas de la ANF y se realizará el cambio de mando. Lo anterior, sin perjuicio de otros temas que estime necesario tratar la directiva que asume.

6.- En todo lo demás rige el procedimiento que establecen los Estatutos, con las adecuaciones que sean necesarias dado el Estado de Pandemia.

7.- Cualquier situación no prevista relativa a las elecciones será resuelta por el Tricel.

Se deja constancia que actualmente el Tricel está integrado por los asociados PAULA BARRUETO SALGADO, ANA MARÍA ESCOBAR GONZALEZ y JOSE MORIS FERRANDO

CLAUDIO URIBE HERNANDEZ PDTE ANF

Convocatoria a elecciones

Dotación, capacitación y equidad: los desafíos planteados por la ANF en la antesala a Conversatorio sobre Igualdad de Género y No Discriminación

La directora y encargada de Género de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudia Castro, explicó en una entrevista a Radio ADN los temas pendientes para las fiscalas y el gremio en general. El jueves expondrá en conversatorio en que participará la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz.

Este jueves 11 de marzo a las 18:00 horas será transmitido a través de Zoom el conversatorio organizado por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) “Igualdad de Género y No Discriminación en el sector justicia: Análisis de los temas pendientes para 2021”.

El evento, que se realizará en conmemoriación del Día Internacional de la Mujer, será presentado por el presidente de la ANF, Claudio Uribe, y expondrá la directora y encargada de género del organismo gremial, la fiscal Claudia Castro junto a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz; la encargada de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade; el abogado coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Miguel Barboza; y la directora de la Comisión de DD.HH. y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Natasha García.

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente link: https://enestrado.com/inscripciones/

Entrevista en Radio ADN

Claudia Castro.

La directora y encargada de género de la ANF, Claudia Castro, fue entrevistada ayer en la Radio ADN, instancia en que dio a conocer la situación de las fiscalas al interior del Ministerio Público y los temas pendientes que necesitan una pronta solución como la sobrecarga de trabajo.

«Somos muy pocas mujeres Fiscales en la institución. Somos 242 dentro de un colectivo de 776 fiscales, por lo tanto, ustedes pueden encontrar ahí una brecha de género y para ello requerimos mayores recursos y aumento en la dotación (…). Estamos trabajando a nivel de Asociación en favorecer a las mujeres en los puestos de liderazgo y de toma de decisión. Si ustedes se dan cuenta, actualmente solo hay cuatro fiscalas regionales que son en Ñuble, BioBío, Valparaíso y Los Lagos, y queremos más mujeres en estos puestos de poder», indicó.

Explicó que «trabajamos como Asociación en mejorar medidas de autocuidado. Nosotras somos, en su mayoría, mujeres las que trabajamos en temas de violencia de género, delitos sexuales, y también tenemos la carga de la especialidad en Responsabilidad Penal Adolescente. Por lo tanto, necesitamos capacitación a nivel nacional e internacional para poder generar estándares internacionales en nuestras investigaciones y, sobre todo, que se reconozcan los derechos humanos como el derecho a descanso que tienen los fiscales y fiscalas del Ministerio Público».

Sobre la carga laboral, Castro planteó que «como mujeres y fiscales en general, nuestra mayor dificultad tiene que ver con la carga laboral, normalmente desde que se creó el Ministerio Público han aumentado la cantidad de delitos y no con ello se ha incrementado la dotación de fiscales propiamente tal. Y sobre todo, no se ha hecho un trabajo de análisis para mejorar las condiciones y herramientas de acuerdo a la realidad que estamos viviendo». 

Escuche acá la entrevista en Radio ADN

 

 

Claudio Uribe, presidente de la ANF, sobre los efectos de la pandemia: «Yo creo que vamos directamente hacia una saturación de causas en la Fiscalía»

Fuente: El Mercurio de Valparaíso

La pandemia de coronavirus ha generado un fuerte impacto en la tramitación de causas judiciales y, por consiguiente, en el trabajo del Ministerio Público, según confirmó Claudio Uribe, fiscal adjunto de Valparaíso y presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, quien advierte de una inminente «saturación», sobre todo si se toma en cuenta el significativo incremento de causas por delitos contra la salud.

De hecho, puntualizó que «debemos tener el doble de causas que teníamos habitualmente en esta época del año, y esto, obviamente, va a impactar cuando pretendamos retomar la normalidad».

En entrevista con este Diario, el persecutor también se refirió al polémico proyecto de ley que busca indultara imputados y condenados por delitos en el contexto del estallido social, subrayando de manera enfática que «se han respetado absolutamente todos los derechos procesales de quienes están imputados».

– ¿Cuál es su opinión frente a esta iniciativa?

– Creo que hay que ser bien cautos, porque más allá de hablar de los presos del estallido social, de lo que habla el proyecto de ley que conocemos hasta ahora es de presos por determinados delitos cometidos en el contexto del estallido. Eso -como está redactado el proyecto- puede terminar afectando a mucha delincuencia común que no tiene nada que ver con el estallido social. En segundo lugar, hay que hacer presente que el fundamento de la petición es que habría cierta situación de injusticia en contra de estas personas, y la verdad es que se han respetado absolutamente todos los derechos procesales de quienes están imputados, no son personas que estén en una situación de desventaja.

– ¿Descarta que existan violaciones a las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad por dichos delitos?

– Yo lo que puedo afirmar es que estas personas han tenido derecho a defensa, que sus causas han sido conocidas por los tribunales y que quien las ha resuelto es un juez que conoce todos sus antecedentes. Por lo tanto, se han dispuesto todas las garantías procesales que corresponden. Si ellos estiman que, por ejemplo, han sido víctimas de un montaje o alguna situación de ese tipo, obviamente tendrán que exponer sus antecedentes a disposición de los tribunales y ellos resolverán.

– La Fiscalía expresó hace un tiempo que el proyecto representaba «una mala señal para la convivencia social». ¿Usted está de acuerdo con eso?

– Sí, absolutamente. La base de la convivencia es un acuerdo en el cual quien comete un delito tiene que al menos ser juzgado por un tribunal. Si simplemente se van a cometer delitos y luego va a haber esta especie de indultos masivos -que más parece una amnistía, es decir, borrar la existencia de estos delitos- no parece ser bueno para la convivencia. Es decir, la impunidad absoluta no es una buena señal.

– ¿Cómo interpreta las críticas que apuntan al trabajo de Fiscalía frente a los casos de violaciones a los derechos humanos en este contexto?

– La Fiscalía ha hecho un tremendo esfuerzo en materia de delitos relacionados con derechos humanos. A nivel nacional, hay importantes causas que están siendo conocidas, donde se han llevado adelante investigaciones que son dificultosas, pero se han logrado clarificar situaciones bastante duras respecto ala escena de los derechos humanos, así que yo, en ese sentido, no comparto las críticas.

– Hace poco, la Corte Suprema informó que continuaban en prisión preventiva 26 civiles y 11 agentes del Estado. ¿Cómo evalúa esta cifra? ¿Ha habido demoras en estos procedimientos a raíz de la pandemia?

– Es un número extraordinariamente bajo de personas privadas de libertad. Yen ese sentido, me parece que es una cifra que da cuenta que las personas que están ahí lo están porque se les imputan delitos bastante graves, y, por lo mismo, se justifica la medida cautelas impuesta. Todas estas medidas cautelares tienen que ser revisadas cada cierto tiempo por los tribunales de justicia, y entiendo que así ha sido. De hecho, la Defensoría Penal Pública se encarga de que se revisen cada dos meses las prisiones preventivas. Respecto al impacto que pueda tener la pandemia en cada uno de estos casos, creo que habría que ver cada caso en particular.

-Y en general, ¿cuál ha sido el costo de la crisis sanitaria para el trabajo de Fiscalía?

– La pandemia ha representado una tremenda dificultad para el Ministerio Público, porque ha significado un aumento de causas -por ejemplo, las que dicen relación con delitos contra la salud- y una disminución de los recursos humanos y materiales que se disponen. Los órganos auxiliares, como el Servicio Médico Legal y otras entidades, también han tenido que restringir sus protocolos de trabajo. Todo eso se suma a que ya veníamos con una carga fuerte desde el estallido y a que los tribunales durante gran parte del año tomaron muy pocas, casi ninguna audiencia. Esto está generando una mochila importante de causas que se acumulan. Habría que ver los números, pero debemos tener el doble de causas que teníamos habitualmente en esta época del año, y esto, obviamente, va a impactar cuando pretendamos retomar la normalidad.

-¿Se podría hablar de una saturación en la Fiscalía?

– Yo creo que vamos directamente hacia una saturación de causas.

– En ese sentido, ¿cree que son necesarias más herramientas para agilizar el trabajo?

– Ya la Asociación de Magistrados, por ejemplo, está pidiendo más jueces y más funcionarios para trabajar. Yo creo que, si hay más jueces, tiene que haber más fiscales por razones obvias. Es decir, cada juez que tome una audiencia necesita un fiscal sentado en la sala. Así que sí, necesitamos más fiscales, más funcionarios y, probablemente, también algunas modificaciones legales para flexibilizada tramitación de las causas. De lo contrario, no sé cómo se va a resolver esto.

– ¿Siente que hay cierta desconfianza de la ciudadanía frente al rol del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con el estallido?

– Cuando hablamos de causas del estallido social nos referimos a dos tipos de causas: las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos más bien en el contexto de saqueos y graves alteraciones del orden público. La verdad es que yo no tengo claro si existe una sensación generalizada de la ciudadanía respecto a estas causas y en qué sentido. Lo que sí puedo decir es que nosotros, con los limitados recursos que tenemos, estamos tratando de hacer un trabajo absolutamente objetivo, mirando sencillamente la comisión de delitos, sin preocupamos del color político de las personas involucradas.

Marco Muñoz, miembro del directorio ANF y consejero de la Región de Los Lagos: “Cada fiscal tiene cerca de 30 minutos para atender cada caso en la región”

Fuente: El Llanquihue

En un 10% aumentaron las causas judiciales durante la pandemia en la Región de Los Lagos. Y es que todos los días, un promedio de 15 personas pasan detenidas por infracción al artículo 318, es decir, por no respetar la cuarentena o las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria.

Este punto sólo es la muestra de la carga laboral a la que están expuestos los fiscales de la región, dinámica que se repite a nivel nacional y que, pese a las soluciones planteadas por la Asociación Nacional de Fiscales a la Fiscalía Nacional, hasta el momento, no hay señales de algún cambio.

Según el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (Ceja) en Chile, hay 4,2 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo que está muy por debajo de la mayoría de las naciones de Sudamérica y Centroamérica. En el caso de la región, Los Lagos está por debajo de la media nacional, con un promedio de 4,0 fiscales por cada 100 mil habitantes.

CARENCIA

Para el consejero de la Región de Los Lagos y director de la Asociación Nacional de Fiscales, Marco Muñoz, «la falta de fiscales agudiza la situación que vivimos. Chile, en estos momentos, es un país con una cantidad mínima de fiscales por habitante».

Para Muñoz, lo que en estos momentos preocupa está relacionado con la calidad del servicio que se pueda entregar a los ciudadanos. «Hemos presentado muchas veces la carencia de dotación, porque se debe entregar una buena atención a las víctimas», reveló.

De acuerdo a Muñoz, producto de esta carencia los fiscales no pueden tomar descansos por los turnos trabajados, «porque no hay más dotación. Por ejemplo, en Puerto Varas son tres fiscales y tienen que hacer turnos de lunes a lunes».

– ¿Qué tipo de problemas podría acarrear la falta de descanso?

– El problema que se produce es que al no tener el descanso necesario luego de los turnos, al día siguiente tienen que seguir funcionando y luego de varios años de trabajar en esas condiciones, la persona se va desgastando y está cansada, lo que afecta su salud física y psíquica y su relación familiar, entre otros aspectos. Cuando se genera este cansancio y (el fiscal) tiene que tomar decisiones delicadas y se está más expuesto a cometer errores, lo que también tiene incidencia en la calidad de atención a las víctimas. En el plano personal y familiar, a nivel país son varios los fiscales que ya están separados o divorciados. Hay fiscales que vienen trabajando a este ritmo desde el inicio de la Reforma Procesal Penal. Además, en 2019 ocurrió un estallido social que exigió mucho al sistema penal y luego sobrevino la pandemia que hizo aterrizar el teletrabajo con las complicaciones propias de compatibilizar la labor del hogar y las funciones del trabajo.

En materia laboral, el Estado tiene que proporcionar a los trabajadores todos los medios, pero nosotros hemos tenido que invertir recursos personales como el computador, impresoras, wiffi y hasta en algunas ocasiones tener que comprar el papel.

– ¿Y qué pasa con las causas, registran un aumento?

– Las causas se han incrementado, sobre todo por infracciones relacionadas con el artículo 318 (poner en riesgo la salud de la población). Todos los días hay entre 10 a 15 personas que pasan a control de detención por esta infracción y en algunas oportunidades entre 20 y 30, lo que exige más a un sistema que ya venía sobre exigido, situación que hemos expuesto al fiscal nacional (Jorge Abbott), pero no se han tomado decisiones respecto de esta realidad que hacemos ver.

Hemos entregado cifras para explicar que algunos fiscales especializados están colapsados. A un fiscal a cargo de delitos sexuales no debiese asignársele más de 200 causas al año, mientras que uno de violencia intrafamiliar no debiese tener más de 300. Respecto de los delitos violentos, hay también una carga importante, en los que el fiscal, muchas veces, tiene que hacer de psicólogo. Y tramitar este tipo de casos, con los años, va generando un impacto emocional importante en las personas y no hay ninguna medida institucional preventiva que contenga esta carga psicológica para que el fiscal siga haciendo su trabajo de manera adecuada.

– ¿Aumentaron las causas en pandemia?

– En la región hubo 50 mil 296 casos que ingresaron en el año 2019, cifra superior al 9% respecto del año 2018. El año 2020, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, ya se registraban 55 mil casos; es decir, en los primeros nueve meses de 2020 se había superado en un 10% el ingreso de causas. Y es que en la región existe un fiscal para 24 mil 945 habitantes, ya que somos 33 fiscales, lo que quiere decir que hay 4 fiscales para cada 100 mil habitantes. Según la cifra país, estamos por debajo del promedio a nivel nacional (4,2)».

– Qué pasa con los proyectos para superar la carga laboral de los fiscales. ¿Está en trámite?

– Vemos con sana envidia cómo se potencian, con cierta frecuencia, los otros organismos del sistema, como las policías y los jueces; pero no pasa nada con el Ministerio Público. Hay un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que tiene por objeto hacer frente a esta sobrecarga del sistema de justicia penal, con ocasión de la pandemia, producto de muchas audiencias y juicios suspendidos. A la Asociación Nacional de Fiscales le correspondió participar e hicimos varias propuestas de modificaciones legales que buscaban descongestionar el sistema penal; pero cuando uno ve el proyecto no hay ninguna consideración de lo que nosotros planteamos. No obstante, que a nivel nacional el 54% de las causas no se judicializan y el otro 46% queda en la Fiscalía y no llegan a la etapa de judicialización cuando absorbemos casi 100%. Ahora, estudios del sistema judicial penal realizados en 2004 indicaron que un fiscal debería trabajar con un abogado y un gestor administrativo. Por ejemplo, en el Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) hay un gestor que trabaja con dos fiscales y no tenemos abogados que trabajen con nosotros, situación que se agudiza en algunas fiscalías locales, donde el volumen de ingreso es mayor. En algunas materias de suma complejidad, como son los delitos sexuales, no hay fiscales suficientes.

– Ustedes cuando están de turno en las noches pasan contestando llamadas, ¿Han buscado una solución a esta sobrecarga?

– El cansancio por falta de descanso después de los turnos puede llevar a cometer posibles errores. El descanso en materia laboral es un derecho humano que tienen todos los trabajadores públicos y privados y si ello no ocurre se afecta la salud física y psíquica del trabajador. Los fiscales de turno telefónico reciben, en promedio, entre 20 a 30 llamadas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana; es decir, cada 14 minutos se está recibiendo una llamada, por lo que no duermen. No hay descanso. Me parece obvio que esa persona al día siguiente no pueda seguir trabajando, pero muchas veces debe seguir, ya que tienen que comparecer a audiencias y juicios orales, entre otras actividades.

La razón por la que los fiscales no pueden tomar su descanso compensatorio legal es porque no hay los suficientes que permitan asegurar la continuidad del servicio. Cuando hay compensaciones, éstas no son legales, sino que están supeditadas a la mera voluntad de la jefatura. Pero si se trabaja 24 horas seguidas lo lógico es que se debería descasar al día siguiente, de otro modo se afecta esencialmente la toma de decisiones, con riesgo de error, situación que nos preocupa, ya que hay que considerar que al otro lado siempre hay una víctima, sin perjuicio que con los años, bajo esta rutina, la salud física y mental se deteriora.

– ¿Qué balance tiene respecto del funcionamiento de los fiscales durante 2020?

– Ha sido un año complejo como también lo ha sido para todos los ciudadanos y servicios públicos y privados del país. El año 2020 fue de aprender a trabajar bajo una modalidad para la que nadie estaba preparado, a lo que se suma un incremento sostenido de causas, agudizando problemas de funcionamiento en una institución que ya viene con carencias de dotación crónica. Los fiscales y funcionarios han debido enfrentar, con mucho sacrifico personal, este complejo año, para poder hacerse cargo de esta mayor exigencia.

– ¿Qué se ha realizado para lograr un equilibrio en la carga laboral de los fiscales, especialmente en un año de pandemia?

– Nosotros vemos que, institucionalmente, no se ha realizado lo necesario para lograr un equilibrio de la carga laboral y esto le hemos expuesto al señor fiscal nacional, en cuanto a la necesidad tener una mayor dotación y apoyo a la labor investigativa y de persecución penal, con abogados y administrativos por cada fiscal, sobre todo en delitos complejos como son los sexuales, violencia intrafamiliar y violentos. No obstante, no se han tomado las decisiones en esta la materia.

Es así como el promedio de ingreso de causas durante 2019 fue de mil 880 por fiscal a nivel nacional y en la región, con 33 fiscales, en 2019, hubo un promedio de mil 971 causas por fiscal. Es decir, cada fiscal tiene en promedio unos 30 minutos para atender cada caso en la región. El llamado que, como gremio, hacemos a la autoridad política es que se invierta en un sistema de justicia penal, robusteciendo el Ministerio Público para que desarrolle adecuadamente su rol, acorde a los tiempos y necesidades de los ciudadanos, ya que cuando el Estado invierte en justicia lo que hace es reconocer la necesidad de dar un trato digno a las personas. De otro modo, prolifera la desigualdad y corrupción. No puede esperarse un sistema penal eficaz y eficiente si no hay inversión.

– ¿Han recibido amenazas los fiscales?

– Es un tema muy delicado y no porque los afectados sean fiscales, sino porque ellos ejercen una función que es investigar y perseguir los delitos. Lo que se busca, con esas amenazas, es coaccionar a la persona que está detrás de ese fiscal para que no ejerza su función; es decir, no investigue ni persiga a los imputados, generando impunidad, lo que atenta contra el Estado de Derecho. Si bien en la región no es habitual que los fiscales reciban amenazas, los casos que han existido son muy graves y delicados. A nivel país, el caso más reciente conocido es el de las amenazas hacia la fiscal Ximena Chong, de Santiago.

El fiscal Muñoz comentó que la Asociación de Fiscales «tiene una muy buena comunicación con la fiscal regional (Carmen Gloria Wittwer), con quien hay un diálogo franco, pero vemos que la no implementación del descanso por los turnos, que afecta a los fiscales del país, en general, y a los de la región, en particular; es una situación que excede a las atribuciones de la fiscal regional. Por ello hemos expuesto esta necesidad al fiscal nacional, para que se reconozca y otorgue a los fiscales el descanso compensatorio, derecho que tiene todo ciudadano en el país, ya sea trabajador privado o funcionario público.

Fiscal Paolo Muñoz, director de la ANF: «Cuando volvamos a la normalidad vamos a tener una sobrecarga importante»

Fuente: Diario El Sur de Concepción

El representante de la Asociación de Fiscales hizo un balance de cómo funcionaron en 2020 y cómo proyectan este año que recién inicia.

Paolo Muñoz es fiscal en Concepción. Está enfocado en delitos violentos, como robos con intimidación u homicidios. Es miembro del directorio de la Asociación de Fiscales y consejero regional del Biobío de la Asociación y en esa calidad hizo un balance del año 2020, los desafíos para este 2021 y las mayores complejidades que les ha traído la pandemia.

«A los fiscales nos toma como desafío de seguir prestando un servicio a la comunidad, con los mismos grados de compromiso, con los mismos niveles de exigencia y los estándares que se nos piden, pero sin una presencialidad de los tribunales y tratando de tener una presencialidad reducida en la fiscalía», describió.

-¿Cómo fue el trabajo durante 2020?

-Es más de un año bien complicado que empezó en 2019 con el estallido social y cuando las situaciones más graves estaban bajando (eso también implicó mucho trabajo) viene la pandemia, que nos toma un poco de sorpresa.

Tuvimos que implementar el trabajo a través de sistemas tecnológicos que se usaban muy poco y que le hemos ido tomando el gustito. La fiscalía no estaba preparada, pero continuó el trabajo, los turnos, hubo disminución de audiencias pero hemos ido retomando de a poco la normalidad, tanto en la fiscalía como respecto de los juicios, que se han reiniciado. Las audiencias más importantes nunca han dejado de hacerse. Ha sido un año bien complicado porque esto se conjuga con que la mayoría de los fiscales también hemos tenido que estar atentos a lo que pasa en la casa, a las labores que nos corresponden en nuestros entornos familiares. Combinar ambas cosas ha sido un enorme desafío.

-Desde el punto de vista de la carga laboral, ¿cómo esto se traduce en las causas que tienen? Hay un montón de detenciones e investigaciones vinculadas primero al estallido social y luego a la pandemia. ¿Cómo esto afecta el trabajo que realizan?

-El estallido social implicó una gran cantidad de causas, pero asimismo una gran cantidad de trabajo, porque no sólo significaba un aumento de causas. Los turnos, los menos son de 24 horas. Eso significó una avalancha de llamados de Carabineros por procedimientos. Los fiscales estamos involucrados en los temas más contingentes y cuando viene una presión al sistema judicial nos vemos envueltos. Los proyectos de ley que se van dictando no van contemplando un aumento en la cantidad de fiscales adecuado a la nueva contingencia y, por lo tanto, es la misma cantidad de fiscales, de abogados asistentes y de funcionarios que tenemos que asumir estos nuevos desafíos. En la parte jurídica, que es la decisión de las causas, litigación en tribunales y toma de decisiones que hacemos los fiscales, se ve sumamente sobrecargada y nos vamos quedando cortos con el nivel de causas.

-¿Cómo influyó la crisis sanitaria?

-Al principio se dio que la gente no cumplía con las instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria (infracción al artículo 318 del Código Penal), hubo que introducir modificaciones a las normas legales. También, como la gente tiene que hacer cuarentena y estar más en los hogares, hay un aumento de casos de violencia familiar (VIF) que son muy delicados, porque puede que en muchos casos no se concrete una amenaza o sea una lesión que no ponga en riesgo gravemente a una mujer, pero nada de eso puede ser tolerado, por lo que los fiscales que tienen que ver casos VIF han tenido que crear sistemas idóneos para que las mujeres, los menores y los ancianos puedan acceder al sistema judicial para obtener medidas de protección, porque un caso que no tenga una debida atención o protección puede significar un nuevo femicidio.

-¿Qué ha sido lo más complejo desde el punto de vista investigativo este año?

-Se han tenido que ir prorrogando los plazos en muchas investigaciones porque, sobre todo en los periodos de cuarentenas más estrictas, ha habido poca toma de declaraciones en la fiscalía. La gente por mucho tiempo ha tenido miedo de salir. Se han mandado muchas instrucciones particulares a las policías y muchas veces cuesta que se tomen a tiempo las declaraciones. En algún momento hubo problemas de atención en el Servicio Médico Legal. Las horas se redujeron porque no podía generar una gran aglomeración de personas. Hay muchas unidades de la fiscalía que tienen metas, como tomar declaración, y como Asociación de Fiscales dijimos que esas metas en este periodo deberían haberse rebajado porque ha costado cumplir. Lo otro es el plano más humano, ya que los colegios son telemáticos, y los fiscales que son padres y madres tienen que estar ayudando a los niños, repartiéndose los computadores. Pero hemos tratado de que no se note, al menos en los delitos más relevantes.

-¿Cómo afecta todo esto las prisiones preventivas? Si se extienden las investigaciones estos tiempos también aumentan. Lo conecto con el proyecto de indulto para personas detenidas en el contexto del estallido social y que dicen que no se justifica…

-El poder legislativo, dentro de sus facultades autónomas exclusivas dice que quieren conversar y discutir si esto es viable o no están en su derecho a hacerlo. Como Asociación de Fiscales esto es algo que no nos debería preocupar. No compartimos comentarios de que hay prisiones preventivas de presos políticos. Hubo personas que estuvieron privadas de libertad por delitos comunes, tales como saqueos a supermercados o tiendas comerciales, por causar incendios en lugares determinados y por tanto se han solicitado las prisiones preventivas conforme al estándar que fija la ley según la gravedad del delito. Cuando la necesidad de cautela ha decaído han quedado en libertad. Hay causas que están vigentes del estallido, pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político.

-¿Cuáles van a ser las prioridades y énfasis para este 2021, considerando los ajustes que tuvieron que hacer en 2020?

-Se nos puede venir una avalancha de situaciones… hemos estado abocados a que se mantenga el sistema, que funcione de la manera más óptima posible, pero cuando se empiece a trabajar con totalidad normalidad las personas van a querer venir a la fiscalía, hablar con el fiscal. Estas causas de mediana y baja intensidad se van a reactivar y ahí vamos a tener una sobrecarga muy importante. En un país que tiene tantas necesidades va a ser difícil que se pueda aceptar un aumento de recursos a la Fiscalía.

En el proceso constituyente no vamos a estar ajenos porque nos interesa qué visión va a tener la Constituyente sobre la institución: cómo se va a elegir al fiscal nacional, cómo van a estar organizadas las fiscalías. Como asociación de fiscales vamos a tener que estar presentes en esta visión de futuro.

TRABAJAR EN ZONAS DE CONFLICTO

El fiscal Paolo Muñoz reconoció que es complejo trabajar en zonas rurales de la provincia de Arauco, donde se producen regularmente episodios de violencia. «Sí va a haber personas que van a tener temor de declarar porque es muy difícil dar medidas de protección que sean 100% efectivas, los sitios del suceso son de difícil acceso, también hay un tema de seguridad», planteó.

También recordó que en otras ocasiones ha habido situaciones peligrosas para los fiscales, como el ataque que sufrió Mario Elgueta en 2008 en Puerto Choque: «Para nosotros lo principal es seguir investigando, pero también es importante que el Ministerio Público a nivel nacional promueva todas las medidas de protección a los fiscales para que ni ellos ni sus familias sufran ningún tipo de daño o amenaza en la investigación de este tipo de causas».

El fiscal Muñoz anunció que estarán pendientes del proceso constituyente porque les interesa saber qué pasará con la institución.

«Hay causas que están vigentes del estallido (de octubre de 2019), pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político’.

Uno para todos: cómo es ser un fiscal unipersonal en el Ministerio Público

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Fiscales, en regiones hay 47 fiscales unipersonales que en promedio están cargo de casos en varias localidades cuyos habitantes llegan, en algunos casos, a 30 mil u 80 mil. Pero la carga de trabajo no es la única dificultad, sino que también las largas distancias, el clima, los turnos y la doble función de muchos. Ese es el caso de la fiscal de Porvenir, Primavera y Timaukel, Wendoline Acuña. Esta es su experiencia.

“Lo complejo de Porvenir es su falta de conectividad, la distancia. Por ejemplo, el trayecto que, normalmente hago en transbordador, se demora dependiendo del barco. Si es viejo, son casi cuatro horas en llegar a la isla. Si es moderno, llegas en dos horas y media. En total cinco horas. Los fines de semana había veces que tenía que tomar uno o dos controles a Porvenir por detenidos, y me iba en la mañana y perdía todo el día en ir y volver. Está la alternativa de viaje por tierra, pero es más largo el trayecto, como 5 horas y media. La otra alternativa yo la evito a toda costa es la de la avioneta porque he tenido unas experiencias del terror. El viento terrible. Una avioneta, que es del porte de un auto, en el cielo con las ráfagas de aquí. Los dos últimos viajes decidí no subirme más porque pensé que íbamos a caer al Estrecho de Magallanes, las sacudidas eran terribles… yo sufría y era un miedo terrible”.

Por Andrés López y Francisca Carvajal, Contexto Comunicaciones y Asociación Nacional de Fiscales.

El relato corresponde a la fiscal Wendoline Acuña. Ella es una funcionaria histórica dentro del Ministerio Público. Partió su carrera como abogada asistente en 2003 en Pichilemu y siguió su periplo por varias partes de Chile durante 17 años. Ahora es la fiscal unipersonal que está cargo de Porvenir, Primavera y Timaukel.

“Mi interés siempre había sido ser fiscal y liderar la investigación. Postulé a La Serena, Coquimbo, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas. Finalmente, el cambio resultó para la Región de Magallanes. El año 2008 llegué a la fiscalía de Puerto Natales, cerca de Las Torres del Paine”, cuenta sobre su camino hasta llegar a su puesto actual. Siempre ha trabajado en localidades y equipos pequeños, algo que al inicio de la Reforma Procesal Penal era normal y esperable por la transición desde el sistema penal antiguo. Sin embargo, la sociedad cambió, la tecnología también, pero la cantidad de fiscales año a año se sigue haciendo insuficiente ante la cantidad de denuncias.

“Al final, estamos todos colapsados con la cantidad (de ingresos) y cada vez ha habido una expansión del Derecho Penal porque todas las cosas las quieren penalizar, todo va para la fiscal, tiene que ser delito, no hay otras instituciones que puedan solucionar los conflictos. Eso nos ha aumentado los ingresos de denuncias y causas, pero seguimos siendo los mismos de siempre, los recursos humanos no han aumentado, pero se ha incrementado la carga laboral”, reflexiona desde una oficina en la ciudad de Punta Arenas.

Esta situación, si bien es compleja, Acuña recalca que no merma sus ganas de ser fiscal. Da cuenta que ama su trabajo, por eso dice que “tengo mucho cariño por lo que hago, mucha vocación y, pesar de todas las dificultades, para mi es gratificante saber los resultados de mi trabajo. Es un aliciente para seguir, pero me gustaría que las condiciones mejoraran”. Un deseo que se repite a lo largo del país en todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Doble función

Ella, al igual que otros 46 persecutores de regiones, está a cargo de una fiscalía unipersonal. Las distancias, la inclemencia del tiempo, los largos turnos, son una constante. Algo que, además, tiene una complejidad adicional: muchos de ellos también realizan funciones en las fiscalías locales de las ciudades, siendo fiscales itinerantes. Así ocurre con la fiscal Acuña.Relata que vive en Punta Arenas y dos veces al mes, por espacio de 4 a 5 días en cada ocasión, se traslada a Porvenir como parte del turno y se queda en la Hostal Yagán: “La Fiscalía de Porvenir es súper moderna, es bonita, es un espacio acogedor. Desde el punto de vista de la infraestructura no tengo nada que decir, es muy cómoda para trabajar. Yo me voy a un hostal como a las 8 y media o nueve. La señora es bien amorosa conmigo. La fiscalía la construyeron hace poco, la inauguramos en el 2018, porque antes estaba en una casa y los espacios eran reducidos, era incómodo y estrechos”.

Las otras dos semanas las cubre su abogado asistente. Pero esos 14 días no significa que no esté en labores, dado que en Punta Arenas tiene turno una semana al mes. Al final son tres semanas de trabajo sin parar con un fin de semana de descanso, porque no se ha logrado instaurar a pesar de varias iniciativas, por falta de personal, los días libres por fin de semana trabajado.

“Cuando iba para Porvenir, antes de la pandemia, era por los juicios orales, casos largos que duraban tres días. Los días restantes se ocupaban para revisar carpetas o algo urgente. En una época que no es de pandemia, estar de turno significa que no puedes desplazarte ni salir a ningún lugar porque si ocurre algo, tienes que estar disponible para constituirte en ese lugar. Por ejemplo, yo el fin de semana no puedo irme a Santiago o a Puerto Montt o un fin de semana de descanso a algún lugar, porque si pasa algo no me puedo devolver. Diría que puedo tener un fin de semana al mes, que no estoy de turno”, señala.

Cuenta que a veces le toca subrogar al fiscal jefe de Punta Arenas y que en la ciudad de la región además está a cargo de indagar los delitos de violencia institucional y sexuales. “El 70% de los ingresos de sexuales los veo yo y el otro 30% lo ve mi colega que es el fiscal jefe. También tengo todos los delitos de violencia institucional tras el estallido social. Las querellas contra Carabineros y la PDI, también las tengo yo. Estoy a cargo de todos los delitos violentos, el 50% lo compartimos con el fiscal jefe”, relata y agrega que en Porvenir ve todo tipo de ilícitos desde los económicos, abigeato, y homicidios, que indica no son muchos, pero que cuando ocurren suscitan gran grado de violencia.

“De los procesos que tengo vigente, entre las dos fiscalías, son 600 causas, que, me parece, es el promedio que tienen los colegas a nivel nacional. Es harto, porque cuando se implementó el proyecto de la Reforma Procesal, el número que se pretendía era que los casos que cada fiscal tuviese eran mucho menos”, plantea.

Población vs dotación

Según cifras y registros obtenidos por la Asociación Nacional de Fiscales, hay casos de fiscalía unipersonales que tiene a cargo comunas en zonas complejas. Por ejemplo, en la Región de Tarapacá el fiscal Hardy Torres tiene que cubrir Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane, comunas fronterizas separadas por largas distancias que tiene en total 30 mil habitantes, donde se registran casos de ingreso ilegal, tráfico de drogas o el contrabando de vehículos. Para este trabajo, su apoyo es un abogado asistente.

En O´Higgins, en tanto, Claudio Riobó está a cargo de San Vicente, Coltauco y Pichidegua. En su caso, la población de cobertura en esas comunas llega a 86 mil personas según el censo de 2017. Él también tiene un abogado asistente.

“Acá se ha intentado varias veces (el día libre), pero es imposible porque en Punta Arenas somos pocos fiscales y hay tres salas funcionando diario en garantía, más las dos salas en el tribunal oral. Entonces tienes cinco fiscales que deben estar sí o sí, permanentemente en audiencia y si hay alegatos en la Corte, generalmente lo toma el fiscal. A veces lo delega en algún asistente. Entonces es muy difícil que después de haber estado en turno más o menos pesado, digas ‘no voy a trabajar el lunes’… sería ideal pero no puedes porque el lunes tienes agendado un juicio oral en Punta Arenas o te toca sala de audiencias. Si uno no va a la sala de audiencias queda el descalabro porque no hay quien te remplace”, relata la fiscal Acuña.

-Cuando llegue la vacuna, es de esperar en 2021, todo volverá a ser como antes. ¿Se está viendo mucha acumulación de causas en tribunales?

Creo que cuando esto se normalice, habrá juicios mañana y tarde. No sé qué va a pasar con nosotros porque uno generalmente tiene juicios uno o dos a la semana, pero en una jornada (mañana). Al acumularse, se están fijando y reprogramando juicios para la mañana y la tarde. ¿A qué hora vas a atender la gente que pide hablar contigo? No lo sé ¿A qué hora voy a leer y revisar las carpetas que tengo que investigar? No sé. Eso me angustia un poco. Me faltan horas del día, deberían tener 50 en vez de 24 horas. Tampoco es muy saludable quedarse hasta las 10 de la noche todos los días, entramos a las 8 A.M.

-¿Se debería hacer un análisis sobre la cantidad de funcionarios necesarios a 20 años de la Reforma?

-Sí, creo que un aumento de la dotación, funcionarios y gestores administrativos es necesario. La persecución penal es importante, hay delitos muy graves, y me encantaría tener más tiempo y ver con más detalle. Siempre se quiere hacer bien las cosas y mejor. Me gustaría que hubiese más recurso humano. Así, podríamos tener esa compensación de si estuve de turno toda la semana, podría el lunes no ir a trabajar. Pero ahora no se puede.

-Cuando ve la crítica a los fiscales por su trabajo, a veces cuestionan los avances. ¿Qué opina de todo eso, qué siente?

-Me da mucha pena, impotencia, porque nosotros, todos los fiscales, tenemos mucho cariño por lo que hacemos, harta vocación. A veces me gustaría invitar a esas personas, que hablan sin conocer la realidad, pasen una semana completa con un fiscal para que viera qué sentiría trabajando de una manera tan ardua como lo hacemos acá. Yo pongo mi mayor esfuerzo para que todo salga bien y muchas veces tenemos resultados bastantes favorables en la región, pero al costo que pagamos por eso, familiar y personal, es muy alto. No hay mucho equilibrio. Es por este motivo que me da mucha pena cuando las personas dicen que no hacemos nada o estamos en la casa descansando.

-Justifican esas críticas muchas veces por el sueldo que ganan

-Yo también creo que esa crítica también es un poco cruel, porque el hecho de que tenga un sueldo que no es malo, no da el derecho a desnaturaliza o deshumanizar a un fiscal, porque nosotros no somos robots y también necesitamos un tiempo de ocio y de descanso para estar con la familia.

ANF realiza conversatorio sobre política de Género en el sector Justicia

El próximo jueves 19 de noviembre, se llevará a cabo el Conversatorio de Política de Género en el sector Justicia: “Avances y desafíos a 20 años de la Reforma Procesal Penal”.

La cita contará con las presentaciones de Claudia Castro, Secretaria y encargada de Género de la Asociación Nacional de Fiscales, Carola Rivas, Ministra de la I. Corte de Apelaciones de Concepción y presidenta de la Asociación de Magistradas Chilena, Leonor Etcheberry, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile y María Soledad Granados, Secretaria técnica de Igualdad de Género y No discriminación del Poder Judicial.

En esta instancia se abordarán el enfoque de género aplicado en las instituciones del sistema judicial y las experiencias dentro de ellas. También sobre la implementación de las iniciativas que han surgido en el sistema y la visión general de la mujer en las instituciones del sector justicia.

El encuentro se desarrollará a través de zoom el próximo 19 de noviembre a las 19 horas y será moderado por el periodista Andrés López, director de EnEstrado.cl.