Semanas sin descanso y muchas veces sin poder hacer uso de sus feriados legales. Estas son algunas de las problemáticas que viven los fiscales que hacen turnos de «instrucción», quienes deben entregar a las policías las primeras órdenes para ejecutar diligencia, y que deben trabajar 24 horas seguidas para atender la alta demanda de delitos que se cometen en el país. Es por este motivo que desde el gremio de los persecutores piden que el Ministerio Público busque una solución y para ello emplazan a la máxima autoridad de la fiscalía nacional, Jorge Abbott, para que haga suya esta demanda a través de la creación de la Unidad o Sistema Nacional de Flagrancia.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, explicó en parte lo que hacen estos persecutores que deben recibir los llamados de las policías cuando se ha registrado un ilícito y a través de este mismo medio se dan las primeras instrucciones que son vitales para después llevar ante la justicia a estos imputados. «De esta conversación no queda ningún registro, de lo señalado por el fiscal y menos de la llamada, por lo que se hace difícil hacer una trazabilidad del procedimiento. Esto no deja de tener relevancia en causas complejas o de impacto mediático», advirtió el representante de los investigadores.

Desde la ANF proponen la creación de una Unidad o Sistema Nacional de Flagrancia con una plataforma informática moderna que homogenice los procesos de trabajo; las instrucciones y decisiones desde Arica a Punta Arenas, aprovechando las tecnologías de información y comunicación que permita dejar registro de todas las actuaciones de las policías y los fiscales. «Esto pone en tela de juicio el legítimo derecho a que toda persona reciba el mismo trato ante similar situación. Dicho de otro modo, la igualdad ante la ley y la justicia no está garantizada, existiendo potencialmente criterios diversos entre fiscalías, atendida la ‘realidad’ de cada cual», aseguró el también fiscal de la zona Metropolitana Centro Norte.

Jornadas extenuantes

Bravo también apunta a que los llamados «turnos de instrucción», particularmente en fiscalías pequeñas, cuando muchas veces hay solo un fiscal, son extenuantes. «Hay fiscales que realizan estos turnos todos los días, sin descanso ni mucho menos compensaciones», agregó.

Una iniciativa similar se ha hecho en la Fiscalía Centro Norte, donde va quedando registro de la comunicación entre el personal policial y el Ministerio Público. Cuando hay un procedimiento por flagrancia y se llama a esta fiscalía, se genera un número de folio e inmediatamente queda un registro para hacer trazabilidad de la evolución de esa investigación.

Según Bravo, un estudio de la misma fiscalía demuestra que las propuestas para implementarla a nivel nacional necesitarían alrededor de 132 personas en total; entre fiscales, equipo administrativo y abogados asistentes. «Una de las opciones es que se tome a los mismos funcionarios que trabajan en las unidades de flagrancia de las distintas fiscalías y se realicen turnos o rotación, por lo que no significaría grandes costos económicos», señaló.

Desde el gremio pretenden que la iniciativa se ejecute a finales de año, pero todo dependerá de la Fiscalía Nacional. «Nosotros creemos que esto es un tema de voluntad política. Pero también depende de la voluntad que tengan los fiscales regionales para avanzar en la propuesta», aseguró el fiscal Francisco Bravo.

Actualmente se están realizando las últimas reuniones con los fiscales de regiones y próximamente con aquellos de la Metropolitana. Tras los encuentros, esperan tener una nueva reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para apresurar la implementación del proyecto.

Francisco Bravo
Las aguas no han estado tranquilas en la Fiscalía en los últimos días. Las últimas revelaciones sobre el rol que jugó Jorge Abbott en el marco del Caso SQM han vuelto a cubrir el organismo de la nube negra de la desconfianza.
El timonel del Ministerio Público recibió el respaldo de los fiscales regionales, quienes aseguraron que “jamás ha intervenido” en sus causas, menos en aquellas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, tanto la Federación de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) como la Asociación de Fiscales salieron a golpear la mesa.
En un comunicado público, esta última manifestó que las reuniones con parlamentarios, en un contexto previo a la elección del nuevo fiscal nacional y con las investigaciones en curso, “no eran convenientes ya que afectaban la transparencia”. También calificaron de “cuestionable” la decisión que se tomó sobre el senador Iván Moreira (UDI) y llamaron a Abbott a dar una explicación.
La Asociación de Fiscales es encabezada desde mayo por Francisco Bravo, actual persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. En conversación con The Clinic apunta a las profundas debilidades que afectan al organismo.
“Yo no quisiera personalizar en Jorge Abbott los males de la fiscalía. Creo que eso es injusto. Creo que particularmente en el mecanismo de elección del fiscal nacional, hay un problema más bien estructural, sistémico, que nunca ha sido abordado y sus falencias se manifestaron de forma más evidente en 2015, año que fue atravesado por las causas de delitos tributarios asociados al financiamiento en la política. Pero decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”, subraya.
– ¿A qué se refiere con “problema estructural”?
A asegurarle a la ciudadanía de que el Ministerio Público está exento de las incidencias políticas. Hay dos cuestiones aquí que son relevantes: una tiene que ver con sacar del mecanismo de elección toda injerencia política, incluso para los fiscales regionales, donde existe una extraña intervención del Poder Judicial en la confección de la terna. Eso es bien disfuncional, porque nosotros litigamos con los tribunales, entonces que los tribunales participen en nuestras designaciones es una cuestión que a nosotros nos parece bien disfuncional.
“Decir que Jorge Abbott representa el mal de la Fiscalía, no solo me parece una injusticia, sino que hasta una cobardía”
– Francisco Bravo
– ¿Y lo otro?
Quitar de las potestades del fiscal nacional toda la superintendencia correccional, porque ese es un mecanismo que puede ser de presión indirecta en las decisiones que tomen los fiscales. Y lo otro, que también es una definición como Asociación, es que se reivindique la independencia técnica de los fiscales operativos o adjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un fiscal regional quiere sacar a un fiscal adjunto incómodo, por ejemplo, porque está investigando “cuestiones que a lo mejor molestan”, ese fiscal regional tiene que dictar una decisión motivada. Tiene que justificar esa decisión. No puede llegar y decir: “no, es que soy fiscal regional y por la jerarquía”. No. Tiene que motivar esa decisión.
– No deja de llamarme la atención que, en su declaración pública, la Asociación diga que estas reuniones “no fueron convenientes”, y ahora me diga que acusar a Abbott es injusto…
Nos parece que hay que hacer las distinciones, hay autoridades que tienen que responder. Y con esto, nosotros no hacemos un emplazamiento al Fiscal Nacional en la figura de Jorge Abbott, digamos. Hacemos un emplazamiento a las autoridades en general, que respondan por lo que ocurrió. Por eso es que yo partí diciendo que me parece injusto y un poco cobarde exponer a Jorge Abbott, cuando en rigor hay más colegas. O sea, todos los candidatos hicieron lo mismo. Se reunieron con ministros de la Corte Suprema o hicieron el “lobby” para ser candidatos. Y luego, paralelamente, iban con los senadores para conseguir los votos necesarios en una eventual designación.
– Pero esas reuniones, según señalaba el exfiscal Carlos Gajardo, están fuera de la ley…
Son reuniones completamente impropias. Por eso te digo, todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural. Tiene que ver con que “mire aquí, esto hay que cambiarlo”. Hay que cambiar el mecanismo de designación, hay que sacar al mundo político de las elecciones.
– ¿Hay que sacar completamente al parlamento de la elección del fiscal nacional?
Esto de las intervenciones del Senado existen en otros países, lo que pasa es que la desgracia fue que el 2015 muchos de esos políticos y sus partidos, directa o indirectamente, estaban siendo investigados por financiamiento ilegal en política. Entonces claro, se ve peor que se reunieran con senadores que estaban en la mira de las investigaciones. Eso se ve horrible. Naturalmente genera un efecto tanto en la imagen institucional, pésimo desde el punto de vista de la credibilidad. En eso no hay ninguna duda. Pero donde hay que caminar es a decir: “bueno, ¿cómo resolvemos esto?”. Y no volver a repetirlo.
– ¿Cómo se debiera elegir al fiscal nacional?
Basta con que se modifique la ley orgánica del Ministerio Público, que diga que el mecanismo de elección para un fiscal nacional será de tal manera y bajo criterios técnicos como experiencia, capacidad, formación. Es decir, que llegue la mejor persona para ser fiscal nacional, sin que tenga que rendirle cuentas o pagándole favores a un senador o diputado de algún partido político. A eso apuntamos, y obviamente rechazamos todas estas reuniones que son completamente impropias e inconvenientes, que generan todas estas suspicacias y desconfianzas en un contexto histórico que está viviendo el país, donde las instituciones han perdido la credibilidad.
“Todo lo que hizo el fiscal Abbott está muy mal, pero también lo hicieron otros. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? Mi mirada es más estructural”
– Francisco Bravo
“Yo no estoy haciendo una defensa”
– Esas reuniones del fiscal Abbott tuvieron efectos sobre causas que se investigaban, que eran emblemáticas del financiamiento ilegal de la política. Hay responsabilidad ahí también…
Yo no estoy haciendo una defensa en lo absoluto, lo que estoy diciendo es que hay un problema más estructural y de fondo, porque la pregunta que yo podría hacer es: Bueno, ¿y de no ser Abbott? Si hubiese sido otro fiscal nacional, ¿las cosas hubiesen sido distintas? Otros también se reunieron con parlamentarios y ministros de la Corte Suprema. Es la pregunta que yo me hago y reflexiono, tratando de mirar esto con cierto grado de “ecuanimidad”.
– Pero el fiscal Abbott fue el que lo hizo.
No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, a lo mejor me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Es personal o estructural? Me parece que es un problema estructural, y por lo tanto la decisión, resolución y abordaje de esto, tiene que ser estructural.
– ¿Entonces no va a pasar nada? ¿Habrá impunidad?
Nosotros estamos pidiendo explicaciones, y respecto a un caso en concreto, que es la situación condicional del senador Moreira. Emplazamos a las autoridades que son responsables de eso, porque yo puedo decir Abbott, sí, de acuerdo. Pero la decisión formal y concreta, corresponde al fiscal regional de esa época (Manuel Guerra). Él toma operativamente la decisión, porque formalmente y desde el punto de vista legal, a él le corresponde, no al Fiscal Nacional. Entonces, nosotros decimos que ellos son los que tienen que dar explicaciones al país sobre qué pasó con este caso de una persona que era confeso reconocido…
– El famoso “raspado de la olla”…
Así es. Nosotros hacemos un llamado a que expliquen por qué se llegó a esa decisión. La ciudadanía necesita que se les explique por qué se toman determinadas decisiones con tremendo impacto. Nosotros, como ente público, como fiscales operativos que estaremos en la Fiscalía durante los próximos años, tendremos que seguir pagando los costos de ese tipo de decisiones. También requerimos una explicación respecto a eso.
“No estoy diciendo que Jorge Abbott no tenga nada que ver, solo digo que: ¿hubiese sido distinto si el fiscal nacional hubiese sido otro? Me da la impresión -probablemente, me equivoco- de que no, no hubiera sido otro el resultado”
– Francisco Bravo
Un llamado a los constituyentes
A fines de mayo, la Asociación de Fiscales realizó un llamado para la elaboración de una propuesta para mejorar la labor del Ministerio Público. Con la colaboración de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y la participación activa de un centenar de persecutores, de dichos cabildos emanó un documento de 12 páginas titulado: “Siete propuestas al poder constituyente”.
– Una de sus propuestas es que el fiscal nacional sea elegido por un Consejo Técnico. ¿Quiénes lo conformarían?
La idea es que esté formado por un nombre académico, también por jueces y naturalmente por fiscales. Que sea un consejo permanente que de garantías, que sea pluralista, paritario, y en donde los criterios de selección sean como los estándares del sistema de servicio civil de alta dirección pública. Es decir, estándares técnicos con puntajes y en donde las personas vayan pasando filtros. Donde no haya márgenes a la desconfianza. Que no se diga: “Ah, este es el regalón de la administración del gobierno de turno o de las mayorías parlamentarias ocasionales”. Es el símil de lo que la Asociación de Magistrados plantea para su realidad de lo que ellos llaman el Consejo de Alta Magistratura.
-¿Cómo se elegirían los miembros?
Eso no está definido aún. Nosotros definimos cuestiones de carácter conceptual y de principios, y probablemente las regulaciones que tengan que hacerse en una ley, ni siquiera en una nueva Constitución. Una ley que garantice que la persona que sea fiscal nacional sea una persona con experiencia, capacidades, idoneidad técnica y moral, fuera de injerencia de la política.
– ¿Habría algún tipo de participación del Gobierno o del Congreso en este consejo?
Nosotros consideramos que si hay una intervención del Legislativo o Ejecutivo, debiese ser indirecta. Por ejemplo, que el Ejecutivo quiera nombrar a un rector de una universidad del Consejo de Rectores, y el Legislativo algo similar. O un decano de alguna facultad de derecho. Esto deberá ser limitado, en el fondo, que no sea una designación de cualquier persona. Debe tener trayectoria, incidencia o relación con la cuestión que se va a definir.
– También se propone que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria. ¿Por qué?
La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música. Al final uno queda entregado al gobierno de turno. Nosotros no estamos diciendo que no tengamos que tener control ni que no tengamos que rendir cuentas, por el contrario. Estamos de acuerdo con los controles, pero ojo, cuidado con que esos controles “incidan” en la persecución penal. Eso es una situación compleja, como te digo. Es muy fácil controlar a un organismo con el tema del dinero restringiendo sus capacidades en la dotación de recursos.
“La autonomía financiera es una garantía para que la autonomía de la persecución penal sea efectiva. Quien pone la plata, pone la música”
– Francisco Bravo
– Otro de los temas claves es la titularidad penal en todos los delitos. Imagino que esto es a propósito de las limitaciones que tuvieron con Servicio de Impuestos Internos…
Ahí hay que hacer un aprendiz, porque uno espera que el Servicio de Impuestos Internos, o incluso los delitos electorales, son delitos de previa instancia particular. Nosotros, para investigar delitos tributarios, requerimos querella del SII. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hay que fortalecer la acción penal pública y deberíamos así investigar delitos tributarios. Más que eso, cuando hay delitos tributarios que están vinculados con hechos de corrupción, el Ministerio Público debe tener acción penal pública e investigar sí o sí. Aunque sea de oficio, sin esperar una denuncia de querella de parte de SII. En ese sentido, esperamos que el país y el mundo político aprenda la lección. Estas situaciones no se pueden volver a repetir.
– ¿Cuál fue el principal problema que tuvo la Fiscalía ahí?
Que el SII restringió la investigación por parte de la Fiscalía. Limitó, abortó y cercenó la acción de la Fiscalía, porque ellos tenían el sartén por el mango al decir: sabe qué, nos vamos a querellar nominativamente. Es decir, sólo contra esta persona en específico y contra nadie más, aunque en la carpeta investigativa habían más personas con más responsabilidades. Y bueno, ahí tenemos el resultado de SQM, que en la Quinta Región se tomó la decisión de no perseverar porque no habían querellas por parte del SII. Entonces llegamos hasta un cierto punto en el que los fiscales dijeron: no podemos seguir adelante porque aquí hay un problema como servicio.
– ¿Se deben cambiar algunas facultades del SII también?
A lo mejor habrá que estudiar la autonomía de SII, no sé. No me meto en eso, pero la lección es: a nosotros no se nos puede cercenar nuestras facultades investigativas e insisto, particularmente, cuando esos delitos tributarios están asociados a hechos de corrupción.

Como una señal de preocupación y apoyo con los fiscales que han sido amenazados en la Región y la macrozona sur, en el marco de las investigaciones vinculadas con la violencia rural, la primera sesión presencial de la directiva de la Asociación Nacional de Fiscales, la cual fue electa en abril, será hoy en Temuco.

Así lo explicó el presidente del gremio del Ministerio Público que agrupa a más del 90% de los fiscales del país (701), Francisco Bravo López, quien es fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte.

En su visita a la capital regional, el dirigente se reunirá con los fiscales de la Región para escuchar sus demandas y solicitar desde La Araucanía una mejor y mayor protección para el gremio y sus familias.

-¿Cuál es la posición del gremio respecto de las amenazas que han sufrido fiscales en el marco de los atentados, llegando incluso a quemar una propiedad en el Biobío?

-Estamos preocupados por la situación de los fiscales de la macrozona sur, quienes están expuestos a amenazas y derechamente a la posibilidad de algún tipo de atentado o agresión. Por eso pedimos al fiscal nacional que se adopte un conjunto de medidas de protección concretas.

-¿Cuáles son esas medidas?

-Van desde la protección personal, pasando por los recursos y hasta el acompañamiento a las familias que también están expuestas a sufrir atentados. En este sentido hay un oficio de la Fiscalía Nacional que hemos pedido que se modernice para que, por ejemplo, los vehículos de los colegas tengan GPS. No hace mucho un colega que fue a Carahue sufrió un intento de emboscada de regreso.

-¿De qué estándar de protección estamos hablando? ¿Las 24 horas como ocurre con algunos predios?

-Hay que analizar caso a caso la batería de medidas de protección. Las más extremas son el traslado temporal o definitivo ante una amenaza inminente y luego están los chalecos antibalas, protección de los vehículos y de las propiedades. Lo importante es que se proteja la función del fiscal porque tenemos vocación de servicio público y muchas veces corremos riesgos, pero tampoco somos superhéroes ni queremos un mártir en la institución. Creemos que es una obligación de la institución y del Gobierno el proveer los medios para darle protección a los fiscales.

-¿La responsabilidad de esta situación es política?

-Por supuesto, si los encargados de la seguridad pública son el Estado y, particularmente, el Gobierno Regional y central. Ellos son los llamados a colocar los medios para prevenir este tipo de situaciones. Más allá de las amenazas a los fiscales, en La Araucanía ha fallado la política y el Estado porque hay una situación que no han sido capaces de resolver.

-Constantemente el Ministerio Público está sentado en el banquillo de los acusados desde la política y se les responsabiliza de la impunidad vinculada a los atentados. ¿Qué opina?

-Cuando el Estado de Chile entregue en serio los medios suficientes para hacer investigaciones de calidad y que la inteligencia policial opere de manera efectiva: ahí podremos empezar a rendir cuentas. Mientras no estén los medios a disposición de los organismos policiales ni de la Fiscalía es difícil que nos exijan mayores resultados. No obstante hay una parte del vaso medio lleno que se omite porque sí han habido resultados, como el caso Luchsinger y Huracán, pero pareciera que es más rentable imputar a la Fiscalía el no esclarecimiento de determinados hechos.

-¿Qué es lo que se necesita para aumentar la efectividad de las investigaciones?

-Logística, recursos y un sistema de inteligencia, ya que el que existe es precario. Basta ver lo que ocurrió con el caso Catrillanca donde, lamentablemente, miembros de la policía plantaron pruebas y contaron una versión que no era, pero que luego la Fiscalía aclaró. Es ahí donde uno dice dónde está el Estado porque la Fiscalía tiene recursos limitados en cuanto a las posibilidades y capacidades.

-¿Es necesaria la llamada Agenda de Seguridad que está en el Congreso para hacer mejores investigaciones?

-Tenemos la tentación de que los problemas se resuelven aumentando las penas, evitando rebajas, dictando normas y leyes, pero eso es una versión muy parcial. La ley puede ser técnicamente extraordinaria, pero lo que se requiere es logística, inteligencia y medios. Todas las agendas cortas de seguridad y el aumento de penas, la verdad es que han revelado ser insuficientes para dar seguridad a las personas.