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Fiscal Paolo Muñoz, director de la ANF: «Cuando volvamos a la normalidad vamos a tener una sobrecarga importante»

Fuente: Diario El Sur de Concepción

El representante de la Asociación de Fiscales hizo un balance de cómo funcionaron en 2020 y cómo proyectan este año que recién inicia.

Paolo Muñoz es fiscal en Concepción. Está enfocado en delitos violentos, como robos con intimidación u homicidios. Es miembro del directorio de la Asociación de Fiscales y consejero regional del Biobío de la Asociación y en esa calidad hizo un balance del año 2020, los desafíos para este 2021 y las mayores complejidades que les ha traído la pandemia.

«A los fiscales nos toma como desafío de seguir prestando un servicio a la comunidad, con los mismos grados de compromiso, con los mismos niveles de exigencia y los estándares que se nos piden, pero sin una presencialidad de los tribunales y tratando de tener una presencialidad reducida en la fiscalía», describió.

-¿Cómo fue el trabajo durante 2020?

-Es más de un año bien complicado que empezó en 2019 con el estallido social y cuando las situaciones más graves estaban bajando (eso también implicó mucho trabajo) viene la pandemia, que nos toma un poco de sorpresa.

Tuvimos que implementar el trabajo a través de sistemas tecnológicos que se usaban muy poco y que le hemos ido tomando el gustito. La fiscalía no estaba preparada, pero continuó el trabajo, los turnos, hubo disminución de audiencias pero hemos ido retomando de a poco la normalidad, tanto en la fiscalía como respecto de los juicios, que se han reiniciado. Las audiencias más importantes nunca han dejado de hacerse. Ha sido un año bien complicado porque esto se conjuga con que la mayoría de los fiscales también hemos tenido que estar atentos a lo que pasa en la casa, a las labores que nos corresponden en nuestros entornos familiares. Combinar ambas cosas ha sido un enorme desafío.

-Desde el punto de vista de la carga laboral, ¿cómo esto se traduce en las causas que tienen? Hay un montón de detenciones e investigaciones vinculadas primero al estallido social y luego a la pandemia. ¿Cómo esto afecta el trabajo que realizan?

-El estallido social implicó una gran cantidad de causas, pero asimismo una gran cantidad de trabajo, porque no sólo significaba un aumento de causas. Los turnos, los menos son de 24 horas. Eso significó una avalancha de llamados de Carabineros por procedimientos. Los fiscales estamos involucrados en los temas más contingentes y cuando viene una presión al sistema judicial nos vemos envueltos. Los proyectos de ley que se van dictando no van contemplando un aumento en la cantidad de fiscales adecuado a la nueva contingencia y, por lo tanto, es la misma cantidad de fiscales, de abogados asistentes y de funcionarios que tenemos que asumir estos nuevos desafíos. En la parte jurídica, que es la decisión de las causas, litigación en tribunales y toma de decisiones que hacemos los fiscales, se ve sumamente sobrecargada y nos vamos quedando cortos con el nivel de causas.

-¿Cómo influyó la crisis sanitaria?

-Al principio se dio que la gente no cumplía con las instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria (infracción al artículo 318 del Código Penal), hubo que introducir modificaciones a las normas legales. También, como la gente tiene que hacer cuarentena y estar más en los hogares, hay un aumento de casos de violencia familiar (VIF) que son muy delicados, porque puede que en muchos casos no se concrete una amenaza o sea una lesión que no ponga en riesgo gravemente a una mujer, pero nada de eso puede ser tolerado, por lo que los fiscales que tienen que ver casos VIF han tenido que crear sistemas idóneos para que las mujeres, los menores y los ancianos puedan acceder al sistema judicial para obtener medidas de protección, porque un caso que no tenga una debida atención o protección puede significar un nuevo femicidio.

-¿Qué ha sido lo más complejo desde el punto de vista investigativo este año?

-Se han tenido que ir prorrogando los plazos en muchas investigaciones porque, sobre todo en los periodos de cuarentenas más estrictas, ha habido poca toma de declaraciones en la fiscalía. La gente por mucho tiempo ha tenido miedo de salir. Se han mandado muchas instrucciones particulares a las policías y muchas veces cuesta que se tomen a tiempo las declaraciones. En algún momento hubo problemas de atención en el Servicio Médico Legal. Las horas se redujeron porque no podía generar una gran aglomeración de personas. Hay muchas unidades de la fiscalía que tienen metas, como tomar declaración, y como Asociación de Fiscales dijimos que esas metas en este periodo deberían haberse rebajado porque ha costado cumplir. Lo otro es el plano más humano, ya que los colegios son telemáticos, y los fiscales que son padres y madres tienen que estar ayudando a los niños, repartiéndose los computadores. Pero hemos tratado de que no se note, al menos en los delitos más relevantes.

-¿Cómo afecta todo esto las prisiones preventivas? Si se extienden las investigaciones estos tiempos también aumentan. Lo conecto con el proyecto de indulto para personas detenidas en el contexto del estallido social y que dicen que no se justifica…

-El poder legislativo, dentro de sus facultades autónomas exclusivas dice que quieren conversar y discutir si esto es viable o no están en su derecho a hacerlo. Como Asociación de Fiscales esto es algo que no nos debería preocupar. No compartimos comentarios de que hay prisiones preventivas de presos políticos. Hubo personas que estuvieron privadas de libertad por delitos comunes, tales como saqueos a supermercados o tiendas comerciales, por causar incendios en lugares determinados y por tanto se han solicitado las prisiones preventivas conforme al estándar que fija la ley según la gravedad del delito. Cuando la necesidad de cautela ha decaído han quedado en libertad. Hay causas que están vigentes del estallido, pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político.

-¿Cuáles van a ser las prioridades y énfasis para este 2021, considerando los ajustes que tuvieron que hacer en 2020?

-Se nos puede venir una avalancha de situaciones… hemos estado abocados a que se mantenga el sistema, que funcione de la manera más óptima posible, pero cuando se empiece a trabajar con totalidad normalidad las personas van a querer venir a la fiscalía, hablar con el fiscal. Estas causas de mediana y baja intensidad se van a reactivar y ahí vamos a tener una sobrecarga muy importante. En un país que tiene tantas necesidades va a ser difícil que se pueda aceptar un aumento de recursos a la Fiscalía.

En el proceso constituyente no vamos a estar ajenos porque nos interesa qué visión va a tener la Constituyente sobre la institución: cómo se va a elegir al fiscal nacional, cómo van a estar organizadas las fiscalías. Como asociación de fiscales vamos a tener que estar presentes en esta visión de futuro.

TRABAJAR EN ZONAS DE CONFLICTO

El fiscal Paolo Muñoz reconoció que es complejo trabajar en zonas rurales de la provincia de Arauco, donde se producen regularmente episodios de violencia. «Sí va a haber personas que van a tener temor de declarar porque es muy difícil dar medidas de protección que sean 100% efectivas, los sitios del suceso son de difícil acceso, también hay un tema de seguridad», planteó.

También recordó que en otras ocasiones ha habido situaciones peligrosas para los fiscales, como el ataque que sufrió Mario Elgueta en 2008 en Puerto Choque: «Para nosotros lo principal es seguir investigando, pero también es importante que el Ministerio Público a nivel nacional promueva todas las medidas de protección a los fiscales para que ni ellos ni sus familias sufran ningún tipo de daño o amenaza en la investigación de este tipo de causas».

El fiscal Muñoz anunció que estarán pendientes del proceso constituyente porque les interesa saber qué pasará con la institución.

«Hay causas que están vigentes del estallido (de octubre de 2019), pero no hay personas en prisión preventiva por desórdenes, marchas o presentar ideas diferentes a un ideal político’.

Uno para todos: cómo es ser un fiscal unipersonal en el Ministerio Público

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Fiscales, en regiones hay 47 fiscales unipersonales que en promedio están cargo de casos en varias localidades cuyos habitantes llegan, en algunos casos, a 30 mil u 80 mil. Pero la carga de trabajo no es la única dificultad, sino que también las largas distancias, el clima, los turnos y la doble función de muchos. Ese es el caso de la fiscal de Porvenir, Primavera y Timaukel, Wendoline Acuña. Esta es su experiencia.

“Lo complejo de Porvenir es su falta de conectividad, la distancia. Por ejemplo, el trayecto que, normalmente hago en transbordador, se demora dependiendo del barco. Si es viejo, son casi cuatro horas en llegar a la isla. Si es moderno, llegas en dos horas y media. En total cinco horas. Los fines de semana había veces que tenía que tomar uno o dos controles a Porvenir por detenidos, y me iba en la mañana y perdía todo el día en ir y volver. Está la alternativa de viaje por tierra, pero es más largo el trayecto, como 5 horas y media. La otra alternativa yo la evito a toda costa es la de la avioneta porque he tenido unas experiencias del terror. El viento terrible. Una avioneta, que es del porte de un auto, en el cielo con las ráfagas de aquí. Los dos últimos viajes decidí no subirme más porque pensé que íbamos a caer al Estrecho de Magallanes, las sacudidas eran terribles… yo sufría y era un miedo terrible”.

Por Andrés López y Francisca Carvajal, Contexto Comunicaciones y Asociación Nacional de Fiscales.

El relato corresponde a la fiscal Wendoline Acuña. Ella es una funcionaria histórica dentro del Ministerio Público. Partió su carrera como abogada asistente en 2003 en Pichilemu y siguió su periplo por varias partes de Chile durante 17 años. Ahora es la fiscal unipersonal que está cargo de Porvenir, Primavera y Timaukel.

“Mi interés siempre había sido ser fiscal y liderar la investigación. Postulé a La Serena, Coquimbo, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas. Finalmente, el cambio resultó para la Región de Magallanes. El año 2008 llegué a la fiscalía de Puerto Natales, cerca de Las Torres del Paine”, cuenta sobre su camino hasta llegar a su puesto actual. Siempre ha trabajado en localidades y equipos pequeños, algo que al inicio de la Reforma Procesal Penal era normal y esperable por la transición desde el sistema penal antiguo. Sin embargo, la sociedad cambió, la tecnología también, pero la cantidad de fiscales año a año se sigue haciendo insuficiente ante la cantidad de denuncias.

“Al final, estamos todos colapsados con la cantidad (de ingresos) y cada vez ha habido una expansión del Derecho Penal porque todas las cosas las quieren penalizar, todo va para la fiscal, tiene que ser delito, no hay otras instituciones que puedan solucionar los conflictos. Eso nos ha aumentado los ingresos de denuncias y causas, pero seguimos siendo los mismos de siempre, los recursos humanos no han aumentado, pero se ha incrementado la carga laboral”, reflexiona desde una oficina en la ciudad de Punta Arenas.

Esta situación, si bien es compleja, Acuña recalca que no merma sus ganas de ser fiscal. Da cuenta que ama su trabajo, por eso dice que “tengo mucho cariño por lo que hago, mucha vocación y, pesar de todas las dificultades, para mi es gratificante saber los resultados de mi trabajo. Es un aliciente para seguir, pero me gustaría que las condiciones mejoraran”. Un deseo que se repite a lo largo del país en todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Doble función

Ella, al igual que otros 46 persecutores de regiones, está a cargo de una fiscalía unipersonal. Las distancias, la inclemencia del tiempo, los largos turnos, son una constante. Algo que, además, tiene una complejidad adicional: muchos de ellos también realizan funciones en las fiscalías locales de las ciudades, siendo fiscales itinerantes. Así ocurre con la fiscal Acuña.Relata que vive en Punta Arenas y dos veces al mes, por espacio de 4 a 5 días en cada ocasión, se traslada a Porvenir como parte del turno y se queda en la Hostal Yagán: “La Fiscalía de Porvenir es súper moderna, es bonita, es un espacio acogedor. Desde el punto de vista de la infraestructura no tengo nada que decir, es muy cómoda para trabajar. Yo me voy a un hostal como a las 8 y media o nueve. La señora es bien amorosa conmigo. La fiscalía la construyeron hace poco, la inauguramos en el 2018, porque antes estaba en una casa y los espacios eran reducidos, era incómodo y estrechos”.

Las otras dos semanas las cubre su abogado asistente. Pero esos 14 días no significa que no esté en labores, dado que en Punta Arenas tiene turno una semana al mes. Al final son tres semanas de trabajo sin parar con un fin de semana de descanso, porque no se ha logrado instaurar a pesar de varias iniciativas, por falta de personal, los días libres por fin de semana trabajado.

“Cuando iba para Porvenir, antes de la pandemia, era por los juicios orales, casos largos que duraban tres días. Los días restantes se ocupaban para revisar carpetas o algo urgente. En una época que no es de pandemia, estar de turno significa que no puedes desplazarte ni salir a ningún lugar porque si ocurre algo, tienes que estar disponible para constituirte en ese lugar. Por ejemplo, yo el fin de semana no puedo irme a Santiago o a Puerto Montt o un fin de semana de descanso a algún lugar, porque si pasa algo no me puedo devolver. Diría que puedo tener un fin de semana al mes, que no estoy de turno”, señala.

Cuenta que a veces le toca subrogar al fiscal jefe de Punta Arenas y que en la ciudad de la región además está a cargo de indagar los delitos de violencia institucional y sexuales. “El 70% de los ingresos de sexuales los veo yo y el otro 30% lo ve mi colega que es el fiscal jefe. También tengo todos los delitos de violencia institucional tras el estallido social. Las querellas contra Carabineros y la PDI, también las tengo yo. Estoy a cargo de todos los delitos violentos, el 50% lo compartimos con el fiscal jefe”, relata y agrega que en Porvenir ve todo tipo de ilícitos desde los económicos, abigeato, y homicidios, que indica no son muchos, pero que cuando ocurren suscitan gran grado de violencia.

“De los procesos que tengo vigente, entre las dos fiscalías, son 600 causas, que, me parece, es el promedio que tienen los colegas a nivel nacional. Es harto, porque cuando se implementó el proyecto de la Reforma Procesal, el número que se pretendía era que los casos que cada fiscal tuviese eran mucho menos”, plantea.

Población vs dotación

Según cifras y registros obtenidos por la Asociación Nacional de Fiscales, hay casos de fiscalía unipersonales que tiene a cargo comunas en zonas complejas. Por ejemplo, en la Región de Tarapacá el fiscal Hardy Torres tiene que cubrir Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane, comunas fronterizas separadas por largas distancias que tiene en total 30 mil habitantes, donde se registran casos de ingreso ilegal, tráfico de drogas o el contrabando de vehículos. Para este trabajo, su apoyo es un abogado asistente.

En O´Higgins, en tanto, Claudio Riobó está a cargo de San Vicente, Coltauco y Pichidegua. En su caso, la población de cobertura en esas comunas llega a 86 mil personas según el censo de 2017. Él también tiene un abogado asistente.

“Acá se ha intentado varias veces (el día libre), pero es imposible porque en Punta Arenas somos pocos fiscales y hay tres salas funcionando diario en garantía, más las dos salas en el tribunal oral. Entonces tienes cinco fiscales que deben estar sí o sí, permanentemente en audiencia y si hay alegatos en la Corte, generalmente lo toma el fiscal. A veces lo delega en algún asistente. Entonces es muy difícil que después de haber estado en turno más o menos pesado, digas ‘no voy a trabajar el lunes’… sería ideal pero no puedes porque el lunes tienes agendado un juicio oral en Punta Arenas o te toca sala de audiencias. Si uno no va a la sala de audiencias queda el descalabro porque no hay quien te remplace”, relata la fiscal Acuña.

-Cuando llegue la vacuna, es de esperar en 2021, todo volverá a ser como antes. ¿Se está viendo mucha acumulación de causas en tribunales?

Creo que cuando esto se normalice, habrá juicios mañana y tarde. No sé qué va a pasar con nosotros porque uno generalmente tiene juicios uno o dos a la semana, pero en una jornada (mañana). Al acumularse, se están fijando y reprogramando juicios para la mañana y la tarde. ¿A qué hora vas a atender la gente que pide hablar contigo? No lo sé ¿A qué hora voy a leer y revisar las carpetas que tengo que investigar? No sé. Eso me angustia un poco. Me faltan horas del día, deberían tener 50 en vez de 24 horas. Tampoco es muy saludable quedarse hasta las 10 de la noche todos los días, entramos a las 8 A.M.

-¿Se debería hacer un análisis sobre la cantidad de funcionarios necesarios a 20 años de la Reforma?

-Sí, creo que un aumento de la dotación, funcionarios y gestores administrativos es necesario. La persecución penal es importante, hay delitos muy graves, y me encantaría tener más tiempo y ver con más detalle. Siempre se quiere hacer bien las cosas y mejor. Me gustaría que hubiese más recurso humano. Así, podríamos tener esa compensación de si estuve de turno toda la semana, podría el lunes no ir a trabajar. Pero ahora no se puede.

-Cuando ve la crítica a los fiscales por su trabajo, a veces cuestionan los avances. ¿Qué opina de todo eso, qué siente?

-Me da mucha pena, impotencia, porque nosotros, todos los fiscales, tenemos mucho cariño por lo que hacemos, harta vocación. A veces me gustaría invitar a esas personas, que hablan sin conocer la realidad, pasen una semana completa con un fiscal para que viera qué sentiría trabajando de una manera tan ardua como lo hacemos acá. Yo pongo mi mayor esfuerzo para que todo salga bien y muchas veces tenemos resultados bastantes favorables en la región, pero al costo que pagamos por eso, familiar y personal, es muy alto. No hay mucho equilibrio. Es por este motivo que me da mucha pena cuando las personas dicen que no hacemos nada o estamos en la casa descansando.

-Justifican esas críticas muchas veces por el sueldo que ganan

-Yo también creo que esa crítica también es un poco cruel, porque el hecho de que tenga un sueldo que no es malo, no da el derecho a desnaturaliza o deshumanizar a un fiscal, porque nosotros no somos robots y también necesitamos un tiempo de ocio y de descanso para estar con la familia.

ANF realiza conversatorio sobre política de Género en el sector Justicia

El próximo jueves 19 de noviembre, se llevará a cabo el Conversatorio de Política de Género en el sector Justicia: “Avances y desafíos a 20 años de la Reforma Procesal Penal”.

La cita contará con las presentaciones de Claudia Castro, Secretaria y encargada de Género de la Asociación Nacional de Fiscales, Carola Rivas, Ministra de la I. Corte de Apelaciones de Concepción y presidenta de la Asociación de Magistradas Chilena, Leonor Etcheberry, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile y María Soledad Granados, Secretaria técnica de Igualdad de Género y No discriminación del Poder Judicial.

En esta instancia se abordarán el enfoque de género aplicado en las instituciones del sistema judicial y las experiencias dentro de ellas. También sobre la implementación de las iniciativas que han surgido en el sistema y la visión general de la mujer en las instituciones del sector justicia.

El encuentro se desarrollará a través de zoom el próximo 19 de noviembre a las 19 horas y será moderado por el periodista Andrés López, director de EnEstrado.cl.

La historia del caso que terminó con una de las condenas más altas por femicidio

A 20 años de presidio fue condenado el imputado Alberto Cañulaf Antilaf, como responsable de la muerte de Diana López, su conviviente quien fue apuñalada en varias ocasiones.

El hecho ocurrió en junio de 2018 en la comuna de Peñalolén, impactando fuertemente en la comunidad, siendo clave el rol de la fiscal Carolina Fuentes, quien destacó la incorporación de la perspectiva de género en esta investigación.

La persecutora de la fiscalía local de Peñalolén-Macul recuerda los inicios de esta causa, enmarcada en una serie de 6 femicidios continuos durante esa época, incluyendo el crimen que dio origen a lo que hoy se conoce como la Ley Gabriela.

“En esos días, junio 2018, fue una semana de 6 muertes de mujeres en manos de convivientes o parejas. De hecho, cuando se formalizó (esta causa), al mismo tiempo se formalizó al responsable de la muerte de la joven Gabriela y su madre. Ese caso conmovió a la comunidad y dio origen a un cambio legal incluyendo al femicidio a quien mate a quien haya sido su polola”.

Sin embargo, en su causa, no hubo claridad desde un inicio, relata la fiscal Fuentes. “En un principio este hecho no tuvo la claridad de ser un homicidio y se catalogó como un posible suicidio según la versión del principal testigo, su conviviente”.

Luego de casi dos años y medio de investigación y a raíz de las diligencias e informe de autopsia se pudo concluir que ella había muerto en una agresión por cuatro puñaladas propinadas por su conviviente. La investigación unió todos los elementos como evidencias del sitio del suceso y un estudio criminológico que descartó el suicidio.

“En este caso, quedamos bastante satisfechos ya que la pena del femicidio parte desde los 15 años y un día de presidio y nosotros como fiscalía pedimos 20 años dando argumentación sólida para que no se considerara la pena mínima, sino que una más elevada, y así se otorgó”, destaca la persecutora.

Tanto la fiscal Carolina Fuentes como todas las fiscales especializadas en este tipo de causas buscan dar un mensaje a la ciudadanía de que todos los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar se investigan en el Ministerio Público. Sin embargo, destaca el rol fundamental de las denunciantes.

“Requerimos de la colaboración de las víctimas. Es entendible en muchos casos, pero lamentablemente a veces vemos la retractación de ellas por distintos motivos. No solo por una reconciliación de por medio, sino que también por una dependencia económica que impide a las víctimas salir de los círculos de violencia y finalmente terminan desistiendo de las denuncias”, plantea la fiscal Fuentes.

Casos como el de la muerte de Diana López y muchas otras mujeres están siendo investigados bajo una perspectiva de género que se está insertando en el sistema y así lo reconoce Carolina Fuentes. “Creemos que estamos inmersos en una evolución positiva de la judicatura en ese sentido. Los tratados internacionales a los que está suscrito Chile nos obligan a ponernos en sintonía con esta evolución. En ese sentido creemos que los fallos de los tribunales de justicia irán incorporando esa perspectiva y es tarea de nosotros como fiscales proveer de aquellos elementos a la judicatura para que puedan resolver de mejor manera”.

Casi un centenar de Fiscales participaron del Ciclo de Charlas de ANF

Entre mayo y agosto se llevaron a cabo las primeras 5 charlas convocadas por la Asociación Nacional de Fiscales, dirigidas a todos sus miembros con el fin de abordar temáticas que ayuden a mejorar la experiencia de cada uno en el ámbito laboral y personal, incluyendo además estrategias para abordar situaciones de crisis.

Las convocatorias de Manejo de Crisis, Salud Infantil y Adolescente, Taller de Duelo y Taller de estrés y prevención fueron encabezadas por la psicóloga y coach, Estefanía Schiappacasse, donde se abordaron técnicas para enfrentar situaciones de estrés, manejo de conflictos, y problemas en todos los ámbitos.

En tanto, el Conversatorio de Violencia de Género desde la psicología Forense despertó un alto interés entre los asistentes, abordando temas como los perfiles de víctimas y agresores, el daño psíquico de una víctima de violencia, el abandono del proceso judicial y la evaluación del engaño en una declaración. Esta instancia fue dictada por el psicólogo experto en VIF y académico de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco Álvarez.

Destacamos el interés y participación de todos nuestros asociados y esperamos profundizar en estas instancias para reflexionar entorno a nuestro espacio de trabajo y vida personal.

Al respecto el presidente de ANF, Claudio Uribe, señaló “agradecemos la participación y el interés de nuestros asociados en estos espacios que, como un lugar de seguridad, permitieron profundizar en reflexiones muy importantes para nuestros espacios de trabajo”.

ANF aborda efectos de la pandemia en el ámbito jurídico a nivel internacional

A través de Zoom, los fiscales Jorge Vitar, Patricia Ibarra y Cristián Suárez participaron de los conversatorios “Delitos contra la Salud Pública en tiempos de pandemia: aspectos penales y procesales en Chile y España” y “Violencia de Género en Chile y España, efectos de la pandemia las mujeres y migrantes».

Ambas instancias abordaron los temas jurídicos que han tomado gran relevancia durante la pandemia por COVID-19 en todo el mundo y en esta oportunidad, los delitos contra la salud pública y la Violencia de Género han sido analizados por académicos en Chile y España.

Bajo la organización del “Círculo de Doctorandas y Doctorandos de la Universidad de Alcalá de Henares de España” y con el apoyo de ANF, Universidad Diego Portales, Fiscalía Privada, la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Academia Forense y ANFUD fue posible debatir en torno a los alcances de ambos temas, reflexionar sobre el marco jurídico y sus interpretaciones en las distintas comunidades jurídicas de Chile y España.

Ambos eventos, además, contaron con la participación de destacados abogados y profesionales tanto en Chile como en España, tales como María Pilar Ladrón y Ana Fernández de la Universidad de Alcalá de Henares de España, Pamela Cisternas, abogada de Fiscalía Privada y Jessica Arenas, Jueza de Familia. Las exposiciones pueden ser revisados en los siguientes links.

 “Delitos contra la Salud Pública”

 “Violencia de Género en Chile y España, efectos de la pandemia las mujeres y migrantes”

Fiscales del Ministerio Público mantienen continuidad del servicio durante la pandemia

Con adaptación de espacios y a través de teletrabajo, casi 3 mil trabajadores han adaptado esta modalidad para asegurar la persecución penal y la continuidad de las causas que siguen siendo perseguidas en medio de la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

Tanto fiscales como abogados asistentes y funcionarios han adoptado esta medida dejando el trabajo presencial con la dotación mínima para así evitar focos de contagio y a su vez proteger a los usuarios y el resto de la población evitando la concurrencia a las fiscalías.

“Los delitos deben seguir siendo denunciados y deben seguir siendo investigados y en estos casos no hay excusa posible para que los fiscales del Ministerio Público no sigamos cumplamos nuestro rol. No lo hemos dejado de cumplir, estamos cumpliendo turnos con funcionarios de Carabineros, estamos cumpliendo con las audiencias fijadas por los tribunales y seguimos investigando los delitos tal cual como antes pero utilizando medios tecnológicos” afirmó Paolo Muñoz, director de finanzas y consejero regional en el Bio Bio, de la Asociación Nacional de Fiscales.

En regiones el teletrabajo también se ha adoptado como una modalidad para garantizar el servicio en medio de la pandemia. Desde Copiapó, el fiscal Leonel Ibacache detalla que la atención a víctimas y denunciante “no se ha visto interrumpido ya que hay delitos graves en que la víctima requiere ese contacto y se sigue brindando a través de teléfono y por eso es relevante que en las denuncias se señalen correos electrónicos y teléfonos para poder contactarlos. Aquello se sigue haciendo en los casos de VIF que lamentablemente han aumentado y en casos de delitos graves”.

Medidas en tribunales del país por Covid-19

Ante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país a causa del COVID-19, el Poder Judicial en conjunto con las instituciones del sistema de justicia han tomado una serie de medidas para prevenir contagios y proteger la salud de los trabajadores y usuarios:

– Se considerará que tienen carácter de urgente e impostergable aquellas audiencias que estén relacionadas con personas privadas de libertad, que se refieran a control de detención, formalización, determinación y revisión de régimen cautelar y medidas de protección, audiencias de juicio, lectura de sentencia, audiencias relacionadas con la forma de cumplimiento y sustitución de penas privativas de libertad, conforme lo dispone la Ley 18.216.

– Algunas jurisdicciones están realizando coordinaciones con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública para realizar alegatos a través de videoconferencias, lo mismo con Gendarmería de Chile, para evitar el traslado de internos e imputados en prisión preventiva.

– Se limita el acceso de público a los edificios de tribunales permitiéndose sólo el acceso de intervinientes (imputados, victimas, fiscales, defensores, abogados, peritos citados, testigos citados).

– En el Centro de Justicia de Santiago, no se permitirá el acceso de familiares y menores de edad. Sólo en casos debidamente fundados, estrictamente indispensables, sólo para las audiencias que efectivamente se llevarán a cabo y en coordinación con la Unidad de Administración del CJS, se autorizará el ingreso de público a los tribunales y salas de audiencia.

– Los horarios de los tribunales y Cortes están siendo ajustados según cada jurisdicción, por lo que el llamado es a informarse de cada una de ellas, al igual que la reprogramación de audiencias que no sean urgentes.

Beneficio para Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales

La Asociación Nacional de Fiscales invita a sus miembros a participar del Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales dictado por la Universidad de Jaén.

El programa tendrá un precio rebajado para los asociados y consiste en una modalidad semipresencial que se desarrollará especialmente para alumnos en Chile durante un año.

Las clases serán impartidas en 19 módulos: 12 online y 7 presenciales que serán impartidos un fin de semana al mes (viernes y sábado) en las dependencias del Centro de Justicia de Santiago.

Las inscripciones son hasta este viernes 6 de marzo y la matrícula se extenderá hasta el 12 de marzo.

Para consultas y dudas respecto a la inscripción y formas de pago por favor escribir a la dirección posgrados@fucid.org.